El negocio de la muerte: fondos y aseguradoras aceleran la concentración de funerarias con tarifas e ingresos al alza

"Es un sector atractivo, vemos que se dan movimientos [de concentración] porque se trata de un sector con mucha estabilidad que resulta atractivo para invertir", explica Alejandro Quinzán, secretario general de Panasef, la patronal de los servicios funerarios, que se refiere al ramo como "un sector con capacidad y margen" al disponer de 2.525 tanatorios con capacidad para más de 7.000 velatorios simultáneos y de 487 hornos crematorios con aforo para más de 1.600 incineraciones por jornada cuando la demanda diaria se sitúa, respectivamente, en 1.235 y 554.

Esa pujanza global, que situó el año pasado el volumen de negocio del sector en 1.630 millones de euros, 200 más que cinco años antes, se está dando de manera paralela a un encarecimiento del servicio, con un aumento de los ingresos por fallecido del 3,84% en ese mismo periodo para situarse en 3.616 euros, y con unos claros procesos de concentración del negocio que lleva varios años provocando un constante goteo de pérdidas entre las empresas de menor tamaño.

Según los datos de la Radiografía del Sector Funerario de 2016 y la de 2020 que edita Panasef, que a partir esa última edición dejó de ofrecer la estratificación de las empresas del ramo en función del volumen de negocio, en esos cuatro años desaparecieron más de 300 pequeñas funerarias mientras la actividad se iba concentrando en las de mayor tamaño.

Así, las que facturan de uno a cinco millones de euros crecían casi un 15% para llegar a 170 y las que ingresan entre esa cantidad y diez millones aumentaban un 24% para situarse en 31, mientras las del tramo de diez a cincuenta alcanzaban la docena tras sumar una empresa y los grandes grupos, los que facturan más de cincuenta al año, seguían siendo cinco: Mémora, Abia, Funespaña, ASV y Servisa.

La última radiografía, publicada hace unos días, reduce el censo del sector a 1.076 empresas en 2022, lo que supone la desaparición de 359 unidades en solo cinco años: una de cada cuatro funerarias ha desaparecido en un lustro, en la mayoría de los casos absorbidas por otras de mayor tamaño que así iban ganando volumen y mercado. 

Seis provincias con cinco opciones o menos

Esa tendencia apunta a una clara reducción de las opciones de elección de los consumidores, algo que, según los datos de la propia Panasef sobre sus asociados, tendría especial incidencia en provincias como Álava, donde solo operan dos funerarias; Segovia, donde únicamente lo hacen cuatro, y Ávila, Guadalajara, Lleida y La Rioja, cuyos habitantes únicamente disponen de cinco.

Esa escasez de la oferta se da también en islas como Fuerteventura (1), Lanzarote (2), El Hierro (2) o La Gomera (3).

Esos procesos de concentración están aglutinando el grueso del negocio en un grupo de cinco funerarias de las que cuatro son filiales de grupos aseguradores, caso de Servisa con Ocaso, Albia con Santa Lucía, Funespaña con Mapfre (las dos últimas descartaron hace unos meses la fusión que estaban sondeando) y Mémora con Catalana de Occidente, mientras la quinta, ASV, propiedad de la familia alicantina Payá, mantiene acuerdos en otros países con el gigante estadounidense Memorial Gardens of The America’s.

Eso significa, negro sobre blanco, que las tendencias oligopolísticas, de concentración y de financiarización que llevan años extendiéndose por los principales sectores de la economía a escala global han llegado también a los servicios funerarios que operan en España, algo de lo que dan fe operaciones como la reciente venta de 26 tanatorios de Barcelona y su área metropolitana por 130 millones por parte de Mémora al fondo estadounidense Wp Carley, que simultáneamente pasa a convertirse en su casero al alquilárselos.

Esa misma funeraria pasó hace unos meses a manos de Catalana de Occidente tras adquirir esta compañía de seguros por 385 millones de euros la participación con la que desde 2017 la controlaba el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers Pension Plan, que a su vez se la había comprado por 450 al británico 3i.

Los supervisores de la competencia vigilan de cerca al sector

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) está siguiendo muy de cerca esas operaciones societarias de concentración en el sector funerario. "Tras la pandemia ha habido muchos movimientos de concentración", señalan fuentes del supervisor.

Este organismo ha autorizado en lo que va de año la compra de la andaluza San Vicente por Funespaña, la toma de control de la gerundense Juncals, de las canarias Pompas Fúnebres Tenerife, Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio San Miguel y de la Serveis Funeraris d’Inca por Albia y, también, la adquisición de Funcantabria por Funeraria Merino Díaz, la de Vallejo y Linares por una filial de ASV.

El año pasado avaló la compra de la guipuzcoana Rekalde, la navarra Irache y la burgalesa Jordial por Mémora, que se muestra como uno de los actores más activos del sector.

Otras operaciones, entre ellas una que finalmente resultó autorizada, como la toma de control de San Vicente por Funespaña, han dado lugar a sanciones: a la filial de Mapfre le costó una multa de 110.000 euros no haber notificado esa operación, mientras que la funeraria de Santa Lucía recibió otras dos de 250.000 y de 25.000 por no comunicar "las operaciones de adquisición del control exclusivo de las funerarias Funeraria Tanatorio La Paz y Tanatorio de Marín".

"Este año se han abierto más expedientes" para investigar la posible comisión de prácticas monopolísiticas y contrarias a la unidad de mercado en el sector funerario, indican fuentes del supervisor estatal, cuya labor se ve completada por los de ámbito autonómico en los territorios en los que operan y cuando las operaciones no exceden de ese marco.

Así, la Autoridad Vasca de la Competencia sancionó hace unas semanas a dos empresas del grupo Mémora con multas que suman de 166.920 euros por "un abuso de posición de dominio" en la prestación de servicios de tanatorio y crematorio y por aplicar "precios excesivos" y "discriminatorios entre operadores".

Por su parte, el Supremo confirmaba hace unos meses otra sanción de 250.336 euros que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de Aragón impuso a Serfutosa, una filial del mismo grupo que gestiona el cementerio municipal de la capital de esa comunidad, por un episodio de "abuso de posición de dominio" en el que incurrió por "la denegación injustificada de acceso al tanatorio municipal de Torrero de Zaragoza a empresas funerarias no autorizadas en dicho municipio", lo que impedía a los familiares de los fallecidos velarles allí.

Casi veinte ciudades con titularidad pública del cementerio

Los servicios funerarios carecen en España de un marco legal específico, una tarea que gobiernos y legisladores tienen pendiente desde la aprobación de la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, cuya disposición adicional séptima daba un plazo de seis meses para promover "los cambios normativos necesarios para garantizar la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios".

Sin embargo, el proyecto de ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó en 2011 para unificar las dispersas normativa estatales y autonómicas que ahora regulan ese sector nunca llegó a ser aprobado.

Mientras tanto, según explican fuentes del organismo, la CNMC ha ido constatando cómo "la regulación de los servicios funerarios en diversos municipios resultaba contraria a la unidad de mercado en aspectos como la exigencia de autorizaciones que no se ajustaban a los principios de necesidad y proporcionalidad o la existencia de barreras de acceso a instalaciones funerarias públicas por parte de empresas no establecidas en el municipio".

Es decir, que algunas normativas locales siguen poniendo trabas a que los consumidores puedan disponer de más opciones a la hora de enterrar a sus parientes y continúan dificultando el trabajo a las funerarias de otras localidades, algo que se traduce en molestias a inconvenientes para las familias de los fallecidos, que en ocasiones se ven obligados a realizar el velatorio en una localidad y el entierro en otra.

Apenas una veintena de capitales de provincia o de comunidad mantienen la gestión pública de esos camposantos, aunque en ocasiones esta se lleva a cabo mediante acuerdos con alguna de las grandes funerarias o a través de sociedades en las que participan ambas.

Entre ellas se encuentran las cuatro de mayor tamaño, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, aunque el ayuntamiento de la primera de ellas se está planteando privatizar por completo esa gestión.

Los precios suben aunque aumenta la demanda

El negocio de la muerte en España resulta apetitoso para los inversores, algo en lo que tiene una clara influencia la envejecida estructura demográfica del país, en el que cada año fallecen más de 400.000 personas y en el que las cada vez más frecuentes olas de calor elevan la demanda de los servicios funerarios, este año con un exceso de 4.600 óbitos según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

Esa mayor frecuencia de uso no tira a la baja de los precios de los entierros, sino que, por el contrario, estos van al alza, un rasgo tan paradójico frente a las llamadas 'reglas del mercado' como frecuente en los distintos segmentos de esos mercados conforme avanza en ellos la financiarización, y más cuanto más rígida es esa demanda.

Así, los dos últimos informes sobre el precio de los funerales elaborados por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), y fechados en 2018 y en 2021, constatan un encarecimiento de la tarifa media de los 3.300 a los 3.739 euros, lo que supone un aumento de 439 (+13,3%) en tres años; con amplias diferencias, de hasta 2.000 euros, en función del lugar de celebración.

"Podría haber habido algún tipo de distorsión por la pandemia, que podría haber generado algún coste añadido", anota Enrique Garcia, portavoz de la OCU, quien, en cualquier caso, recomienda que se encargue de las gestiones con la funeraria algún familiar que no forme parte del núcleo más cercano a la persona fallecida, por atravesar normalmente una situación menos traumática que estos últimos, y, siempre, "contratar unos servicios adecuados a lo que se quiere".

Quinzán, por su parte, sostiene que "los precios no han crecido de una manera desmesurada, sino que son acordes a los servicios que se prestan, en los que participan hasta una decena de sectores" como, según el caso y entre otros, funeraria, cementerio, crematorio, floristas, marmolistas, albañiles, psicólogos, iglesia, administraciones y cátering, a los que empiezan a sumarse la informática y las telecomunicaciones con la oferta de velatorios virtuales.

"Ha habido un cambio en el servicio que piden los familiares, más inclusivo e integral", indica el secretario general de Panasef, que anota, en referencia a los procesos de concentración del sector, que "quizás las empresas pequeñas no tienen capacidad para adaptarse a esos cambios y los grandes grupos sí".