ZARAGOZA .- “Te decían que era un plazo fijo y luego resultaba que dejabas el dinero allí para toda la vida”, explica el vitoriano Asier Morán. Su familia es una de las afectadas por las preferentes vascas, un producto financiero comercializado por bancos y cajas de ahorro con el que Eroski y Fagor, de grupo Mondragón, recibieron ingresos por valor de 845 millones de euros de 40.000 personas que, tiempo después, descubrieron que, en realidad, habían contratado “aportaciones financieras subordinadas” y no podían recuperar su dinero.

Los 185 millones que 10.000 familias metieron sin saber en Fagor se esfumaron con la quiebra de la cooperativa, lo que ha hecho que comiencen a demandar a los bancos que se las endosaron. El grueso de las 30.000 familias que inyectaron otros 660 millones en Eroski han perdido el 30% de su dinero mientras, han recuperado un 15% en efectivo y han transformado el 55% restante en obligaciones subordinadas de la empresa de las que esperan ir cobrando cupones. Sin embargo, más de 10.000 familias siguen pleiteando para recuperar su dinero.

“A mis padres se lo vendieron como un plazo fijo a cinco años, pero resultó que dejaron allí los ahorros de toda la vida”, explica Asier Morán. En su caso fueron 18.000 euros que ahora les ayudarían a capear su situación: su padre, jubilado tras y enfermo de cáncer, cobra una pensión; su madre, dependienta en paro, recibe la ayuda social de 441 euros, y él gana 285 al mes con un trabajo en prácticas. No pudo hacer el máster para el que fue admitido y con el que pensaba completar su formación por falta de dinero. “De pensar que tienes un dinero ahorrado a ver que lo has perdido, cambia todo”, señala.

“Los bancos se quedaron 40 millones con comisiones del 5%”

Ana María Carballeda y su hermana, también vitorianas, son afectadas de Fagor. Los 30.000 euros que cada una de ellas sacó del traspaso de su bar “eran el único dinero que teníamos, ¿cómo íbamos a ponerlo en algo con riesgo?”, se pregunta. “En el banco nos metieron esto diciéndonos que era lo mejor, que los jubilados se pegaban por ese fondo, y nos dieron garantía de que podíamos disponer del dinero en 24 horas”, recuerda, pese a que “insistimos en que no queríamos nada arriesgado”. “A Fagor ni lo nombraron”, añade.

Eso ocurría en 2006. Descubrieron el engaño cuando su hermana intentó recuperar una parte del dinero para amueblar un piso: “Nos quedamos sin nada, y ahora tenemos que buscar el dinero que nos hace falta para pagar la demanda contra el banco”. “Entonces no lo necesitábamos, pero ahora me hace falta para poder vivir”, recuerda. Lleva varios años en paro.

Cerca de un millar de afectados se han agrupado en la asociación Kalketuak (damnificados), cuyos miembros dirigen las demandas contra los bancos que comercializaron los productos. “Hay gente que ya ha cobrado, y mayoritariamente se están ganando las demandas, pero son procesos muy largos y costosos”, explica su presidente, Ricardo González de Durana, que señala que “Eroski y Fagor se llevaron el dinero, pero los bancos se quedaron 40 millones de euros de la comisión del 5% que cobraban por cada contrato”.

“Si la cooperativa quebrase ese dinero se perdería totalmente”

No obstante, casi dos tercios de los afectados por las preferentes de Eroski (aportaciones financieras subordinadas, en lenguaje técnico) han aceptado el pacto propuesto por la empresa y bendecido por el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), que incluye una quita del 30% y reinvertir 209 millones, mientras el resto, que acumula una deuda de 280 millones, mantiene su pelea por recuperar ese dinero.

Eroski sostiene que ha “cumplido puntualmente con su compromiso de retribución anual de intereses, abonando ya un total de 332,8 millones de euros a sus inversores” desde que lanzó su primera emisión de productos financieros en 2002, mientras anuncia que este año pagará a sus inversores primas de entre el 2,7% y el 3,2% del valor de sus títulos y sostiene que estos han recuperado entre el 36,4% y el 70,25% de sus inversiones.

Sede de la Corporación Mondragón.

La diputada socialista Andrea Sarasua pintó esta semana un panorama menos idílico en la comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento vasco: “De las 30.000 personas afectadas hay unas 18.600 que han acudido al canje. De los 660 millones de las aportaciones financieras subordinadas, el valor canjeado total, no el valor nominal, son 380 millones y de esos 380 millones, 114 millones es la quita, 57 el importe en metálico que han recibido las personas y 209 millones son obligaciones subordinadas a 12 años”. Destacó un matiz de estas últimas: “Si la cooperativa quebrase ese dinero se perdería totalmente”.

“Las personas que han hecho el canje tendrían 37 euros de 100 en su bolsillo”, resumió, antes de apuntar que, por el contrario, “Eroski tiene 114 millones menos de deuda, que es lo que corresponde a la quita, y las entidades bancarias, menos demandas judiciales. Tantas como dieciocho mil y pico personas que han acudido al canje”.

Para el diputado Ígor López de Muniain, de Bildu, “esas entidades comercializadoras, es decir, los bancos, son los que se enriquecieron y los que se aprovecharon seguramente de la ignorancia, entre comillas, de la gente”.

Siete cajas y bancos colocaron los productos

El director del Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), Xabier Galarreta, le había dado argumentos poco antes. Lo hizo cuando, pese a sostener que los bancos había cumplido “con carácter general” la “obligación de evaluar la conveniencia” de las nuevas subordinadas para el cliente, explicó que sus inspectores consideraron “no convenientes” algunos de los test que las entidades aplicaron a los afectados.

González de Durana se muestra especialmente crítico con la intervención de Kontsumobide en este asunto. “Se posicionaron a al lado de Mondragón desde el principio, y no han hecho nada”, señala, antes de matizar que, “en realidad, tampoco podían hacer nada, pero al menos deberían haberlo dicho”.

Las preferentes vascas, que fueron comercializadas por Laboral Kutxa, BBVA, Caixa Bank, Kutxabank, Banco Santander, Banco Popular y Banco Sabadell en Euskadi, Madrid, Catalunya, Aragón y la Comunidad Valenciana, principalmente, son consideradas por la organización de consumidores Adicae como uno de los principales fraudes contra el ahorro popular que se han registrado en España.

Según esta organización los “injustos y selectivos” arbitrajes de las preferentes de entidades nacionalizadas como Bankia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia dejaron sin solución a 230.000 ahorradores que tienen retenidos 5.500 millones de euros.
A esa cifra de damnificados se les unen los 129.000 de los Valores Santander, los 50.000 de las cuotas de la CAM y los 35.000 y 30.000, respectivamente, de las preferentes de Ceiss y de Liberbank.