El gasto del Estado en protección al desempleo ha caído prácticamente al nivel previo al estallido de la crisis. Sin embargo, ahora hay 1,6 millones de parados más. Como consecuencia de ello, la prestación media ha pasado de 978 a 798 euros mensuales.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, justo antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicó 1.407 millones a cobertura por desempleo. Había entonces 2.129.547 parados registrados, de los que un 85,7% contaban con algún tipo de protección.

Nueve años después, en diciembre de 2016, con la recuperación teóricamente en marcha, el gasto fue similar (1.541 millones de euros), a pesar de que el número de parados era sustancialmente mayor: 3.702.974. De ellos, sólo un 56,62% recibían ayudas del Estado.

Una vez desatada la crisis, el año en que más dinero se destinó al desempleo fue 2009. Sólo en diciembre, se alcanzaron los 2.772 millones de euros. Pero, como el paro registrado se había duplicado en apenas veinticuatro meses, la tasa de cobertura no pasó del 80%.

A partir de ahí, el coste de las prestaciones fue descendiendo paulatinamente, aunque el mayor hachazo se produjo en 2013, tras la oleada de recortes impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy para atender las exigencias de Bruselas en materia de déficit público.

En diciembre de ese año, las ayudas a los parados sumaron 2.295 millones de euros, un 13% menos que durante el mismo mes de 2012. El número de parados, en cambio, seguía subiendo con el impulso de la reforma laboral, hasta alcanzar los seis millones.

La combinación de menos dinero para prestaciones y más desempleo hizo que la tasa de cobertura pasara en sólo dos ejercicios del 69,9 al 61,4%. Todavía habría de descender más en 2014 (57,6%) y en 2015 (55,19%), aunque en 2016 repuntó ligeramente (56,2%).

Si se comparan los datos correspondientes a diciembre del año pasado con los existentes cuando Rajoy llegó a la Moncloa, resulta que el gasto en desempleo ha descendió un 40%, y el de parados con derecho a alguna prestación, un 32%.

Ese desplome no es atribuible en exclusiva al descenso del número de personas sin trabajo, que ha bajado sólo un 16,3%. Responde también al endurecimiento de las condiciones de acceso y disfrute de las prestaciones y a su agotamiento por culpa del paro de larga duración.

A 31 de diciembre, de las 3.703.000 personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SEPE (antiguo INEM), 1.718.000 parados no recibían ninguna ayuda del Estado.