Pescanova, de la mar al banquillo

Llegó a ser la mayor empresa pesquera de Europa, pero la desfachatez de su cúpula directiva acabó arrastrándola a la ruina. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de cerrar la instrucción del caso de Pescanova, la compañía viguesa de alimentación que en marzo del 2013 se declaró en quiebra y provocó uno de los más sonados procesos concursales de la crisis económica en España.

El principal encausado es su ex presidente, Manuel Fernández de Sousa, quien se sentará en el banquillo junto a otras dieciocho personas, entre consejeros, ejecutivos y asesores. El juez los acusa de haber engañado a trabajadores, bancos, acreedores, administraciones y accionistas, y les imputa varios delitos de falsedad, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por los que pide 164 años de cárcel y fianzas que suman 951 millones de euros.

En sus mejores tiempos, Pescanova llegó a contar con más de 10.000 trabajadores, aunque indirectamente daba a empleo a varias decenas de miles más. La fundaron en los años sesenta el industrial José Fernández López y sus hermanos en colaboración con el intelectual, abogado, jurista y político galeguista Valentín Paz Andrade, quien también era experto en pesquerías y colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Tardaron poco en convertirla en una de las compañías alimentarias más importantes de España y del mundo.

Pescanova fue la primera empresa pesquera que empezó a utilizar buques-factoría, que permitían procesar las capturas a bordo en alta mar mientras seguían de faena y sin necesidad de volver a puerto. Ahorraban así costes millonarios y garantizaban a la vez que el pescado llegaba a tierra casi a punto para su venta al público y en mejores condiciones que el de la competencia. Fue su gran ventaja comparativa, la que la convirtió en la referencia de la industria alimentaria de Galicia y en torno a la que construyó su imagen de marca, una de las más conocidas en la España de los ochenta y los noventa gracias a un ambiciosa expansión apoyada en exitosas campañas de publicidad.

Los buques-factoría también hicieron de Pescanova el motor de otro sector industrial fundamental en la Galicia del último tercio del siglo pasado: los astilleros, a los que proporcionó carga de trabajo durante decenios encargándoles la fabricación de barcos-factorías y de otros buques auxiliares. Muchos de ellos acabaron especializados en ese tipo de naves.

Manuel Fernández de Sousa, uno de los hijos del fundador, también llegó a ser uno de los empresarios más poderosos de Galicia. Tomó el mando de Pescanova en 1977, cuando la empresa ya era un emporio con una de las mayores flotas pesqueras del mundo. Pero bajo su dirección experimentó una enorme expansión internacional apoyada por su salida a bolsa en 1985.

Desde mediados de los años noventa, y ante las restricciones para el acceso a los caladeros de muchos países que empezaban a advertir que la pesca podía ser un jugoso canal de ingreso de divisas, Fernández de Sousa volvió a dar con una idea tan brillante como la de los barcos congeladores: apostar por la cría de peces en cautividad.

La acuicultura reforzó la posición internacional de Pescanova, que construyó las piscifactorías más grandes de Europa. Y también la influencia política y social de su presidente, un directivo inflexible que no aceptaba compartir el poder con nadie. Ni siquiera con su hermano José María, presidente de la farmacéutica Zeltia (hoy Pharmamar). Catedrático de Bioquímica y de fondo y formas mucho más reflexivas que su hermano, José María abandonó Pescanova en 1995 tras varias disputas con él. Apenas han vuelto a hablarse desde entonces.

Fernández de Sousa era el ejemplo perfecto de empresario influyente capaz de atraer para sí los favores del poder político. De Fraga logró ayudas multimillonarias cuando Pescanova las necesitaba. E incluso se enfrentó públicamente a su sucesor, el socialista Emilio Pérez Touriño, llevándose a Portugal una planta acuícola proyectada para la Costa da Morte en los tiempos de Fraga, y a la que la Xunta del PSOE y el BNG quería imponer severas restricciones por el enorme impacto ecológico que podría tener el proyecto original en una zona protegida.

Los medios de comunicación, a los que Pescanova cuidaba con mimo mediante inserciones publicitarias, apoyaron sin dudarlo su campaña contra Touriño, alertando de que, por su culpa, una empresa gallega se llevaba a otro país la posibilidad de crear riqueza y puestos de trabajo en una zona depauperada y con escaso desarrollo industrial.

Fernández de Sousa se permitía acumular poder porque sus cuentas de resultados parecían imbatibles. Incluso durante la crisis económica declaraba beneficios. Sus últimos balances, del año 2012, presentaban plusvalías de 36,6 millones de euros. Pero todo era una colosal mentira. Los balances ocultaban enormes pasivos y pérdidas tanto de la matriz como de sus filiales.

Los bancos lo advirtieron, se negaron a renegociar créditos y Pescanova tuvo que acudir al concurso de acreedores. En plena época de recortes, las ayudas públicas se habían agotado. Cuando los administradores concursales bucearon en sus números se dieron cuenta de que la firma llevaba años desangrándose: sólo entre el 2011 y el 2012 había perdido más de mil millones de euros.

Rebautizada como Nueva Pescanova tras una ampliación de capital y un breve paso por las manos de Damm, la firma es hoy propiedad de un consorcio de acreedores entre los que destacan CaixaBank y el Sabadell, que suman casi el 30% de las acciones. La vieja Pescanova apenas cuenta con un 1,65% del capital, aunque ha recurrido ante los tribunales la ampliación del año 2017 que permitió terminar de sortear la quiebra y que diluyó su participación en la nueva empresa.

El juicio por esa ampliación finalizó esta semana en un juzgado de Pontevedra. Y las acciones de la vieja Pescanova se dispararon en bolsa ante la posibilidad de que el juez anule el proceso y le devuelva su participación original, de en torno al 20%. Aunque podría ser un espejismo.

La vieja Pescanova ha enviado una comunicación de hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que asegura que el pago de las fianzas de 951 millones que pide De la Mata – 348 millones a la sociedad y 603 millones a sus ex consejeros y directivos, de los que aquélla debe responder subsidiariamente- ponen de nuevo en peligro su solvencia y los intereses de los 9.000 accionistas que aún posee.

El juez De la Mata cerró su instrucción hace poco más de una semana. Han pasado ya cinco años desde que Pescanova se declaró en preconcurso de acreedores. Pero los recursos tanto de la acusación particular como de las defensas podrían retrasar el juicio varios meses. La vista oral podría no celebrarse hasta el año que viene.