"Puede ser la estocada final para la naranja": el campo valenciano se organiza para hacer frente al tratado con Mercosur
Después de las consecuencias negativas del tratado de libre comercio de la UE con Suráfrica, que cumple casi diez años y que acaba de eliminar este año los aranceles progresivos, el campo valenciano se enfrenta con temor a un nuevo acuerdo comunitario con los países sudamericanos.

València--Actualizado a
La naranja se ha convertido de tal manera en un sinónimo del paisaje valenciano que es imposible imaginar el país sin ella. Y, sin embargo, el sector pasa por el que es probablemente el momento más crítico de su historia por el acuerdo entre la UE y Mercosur. Daniel Carbonell, agricultor de la Ribera y miembro de la ejecutiva de la Unió Llauradora i Ramadera, sindicato agrícola valenciano, es claro al respecto: “Puede ser la estocada final”.
El motivo es el nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el organismo del mercado común de América del Sur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, al que dio luz verde el Consejo de Europa hace un par de semanas y que se firmó en Asunción, capital de Paraguay, en una cumbre entre la Unión Europea y los Estados latinoamericanos miembros del Mercosur. Poco después, sin embargo, el Parlamento Europeo votó una resolución que envía el texto del tratado para su evaluación por la Justicia europea y que paraliza su puesta en marcha efectiva.
Ahora bien, eso no significa que haya decaído el tratado, sino que se entra en un contexto inédito en el que hay varios escenarios abiertos. La resolución de la Justicia europea puede demorarse un par de años, pero la Comisión puede sancionar su entrada en vigor provisional durante dicho periodo. En todo caso, las organizaciones agrarias valencianas, como las del resto del continente, no han bajado la guardia y hace unos días se manifestaron por las calles de València.
Todo el sector primario valenciano se puede ver afectado por las consecuencias que podría tener la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, pero destaca especialmente el sector de los cítricos, puesto que el nuevo tratado se vendría a sumar a anteriores como el de Suráfrica, cuyas consecuencias Carbonell también define como “nefastas”.
De la misma manera, Carles Peris, secretario general de la Unió, ha valorado el tratado con Mercosur: “Si no se modifica, no tenemos futuro”. Asimismo, el sindicato ha calificado de “hipócrita” la postura del Gobierno español en la materia y ha criticado con dureza su voto a favor de un tratado que “deja el campo valenciano en una clara situación de vulnerabilidad”.
Desde la Unió se lamenta que “una vez más, el campo valenciano ha vuelto a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE”, ya que el acuerdo con Mercosur “pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa”. Y concluyen: “Todo ello con la complicidad del Gobierno de España, que ha perdido definitivamente la oportunidad de ponerse de lado del sector agrícola”.
“Ni podemos ni queremos competir”
Las razones por las que el sector dice que estos acuerdos de libre comercio son tan dañinos para el campo valenciano se centran en tres ámbitos: los derechos laborales, la salud agroalimentaria y la lucha contra el cambio climático. Alertan de que productos fitosanitarios prohibidos en la UE podrían entrar ahora importados de terceros países, como de hecho ya pasa con tratados anteriores, como el ya citado de Suráfrica o el de Egipto.
Nando Durà, miembro de la ejecutiva de la Unió y también de la Unión de Uniones, sindicato confederal que agrupa varias organizaciones agrarias, explica que en estas circunstancias no pueden competir, pero añade un matiz más importante aún: “Pero es que tampoco queremos: no queremos competir a base de precariedad, bajos salarios, vulneración de derechos laborales o garantías sanitarias”.
Dani Carbonell, por su parte, pone unas cifras de ejemplo: “Recientemente se pagaba a 50 céntimos el kilo de naranjas de Egipto, mientras que, para nosotros, solo el precio de coste ya se puede encontrar entre los 70 y los 90 céntimos por kilo”.
Problemas de seguridad alimentaria
Desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Suráfrica en 2019, según datos de la Unió, las importaciones de mandarinas y otros pequeños cítricos —cultivos principales en esa zona— se han incrementado un 531% en septiembre y un 4.590% en octubre. A pesar de que se trata de países del hemisferio sur, de forma que la temporada está invertida, la realidad es que alrededor de dos tercios de las importaciones de los cítricos surafricanos entran en el mercado europeo en competencia con la campaña en el hemisferio norte, es decir, con los cítricos valencianos.
Asimismo, según el mismo sindicato -que realiza periódicamente análisis de productos importados con presencia en los supermercados valencianos- no cumplen los estándares exigidos para los productores en la Unión Europea, ni ambientalmente ni por lo que hace referencia a la seguridad alimentaria.
“Nosotros tenemos unas restricciones a la hora de aplicar ciertas materias activas autorizadas en producciones o momentos de aplicación que al parecer no lo cumplen otros países ni supermercados que no son tan exigentes ni con la salud humana ni con el medio ambiente”, dice Carles Peris. "No podemos consentir que entren cítricos importados de países terceros con materias activas cuyo uso tenemos prohibido en la Unión Europea”, añade.
En octubre de 2023, por ejemplo, los análisis llevados a cabo por la Unió arrojaban unos resultados en los que el 60% de los lotes analizados con cítricos importados poseía “más residuos de materias activas de las recomendadas por las cadenas de distribución para los cítricos valencianos”.
En concreto, habían detectado hasta nueve de estas materias activas, casi el doble del máximo permitido en la UE, que es de cinco, y cuando, además, la media suele ser de tres. Algunas de estas materias, como la piraclostrobina o la azoxistrobina, están muy restringidas en la UE.
Otro de los elementos prohibidos en la legislación europea, pero que está permitido y se usan en los países del Mercosur, es el polémico pesticida glifosato, sospechoso de ser el causante incluso de cáncer. En general, mientras que en la UE, según explican desde la Unió, hay unas 300 o 400 materias permitidas para el tratamiento de los cultivos, en América se puede llegar fácilmente al millar.
Según el sindicato, como norma general las autoridades encargadas solo analizan a la entrada en los puertos entre el 10% y el 30% de los contenedores, y siempre suelen detectarse plagas. Por ejemplo, la temida mancha negra o Citric Black Spot, producida por el hongo Phyllosticta citricarpa.
Para evitarlo, hace un par de años los sindicatos agrarios consiguieron que se impusiera el tratamiento en frío para las clementinas (pero no para el resto de cítricos) importadas de Suráfrica, para tratar las plagas en origen.
Por lo que respecta al tratado con Mercosur, según explica Dani Carbonell, puede suponer también la llegada de plagas que existen en América, pero no aquí. En concreto, Carbonell explica que solo en el pasado octubre saltaron 31 alertas sanitarias en importaciones de países del Mercosur, tal como se desprende de los datos recogidos por los sistemas Europhyt y RASFF.
Pequeños y medianos productores
Suele venderse este tipo de acuerdos de libre comercio como una oportunidad para el desarrollo de los países con los que se subscriben. Pero es difícil valorar los impactos en positivo en este ámbito cuando en Suráfrica, por ejemplo, el sector agrícola está mayoritariamente en manos de grandes terratenientes blancos.
Ahora bien, además, este modelo neoliberal de tratados comerciales tiene incentivos perniciosos: son productores europeos (valencianos entre ellos, claro está) y fondos de inversión que deslocalizan la producción a estos países, para ahorrarse costes en todo tipo de ámbitos. Grandes productores valencianos de cítricos, por ejemplo, han invertido en dichos países para, posteriormente, importar su producción.
Es el caso también, por ejemplo, de marcas de arroz tan señaladas —y algunas tan identificadas con el arroz valenciano— como La Fallera, Sos, Cigala o Brillante, propiedad de Herba Ricemills, que a su vez es propiedad del gigante Ebro Foods. Lo denunciaba el verano pasado Nando Durà, quien también criticaba que dichas marcas “esconden el origen del arroz” y “juegan a la confusión”, de manera que el consumidor puede pensar que está comprando arroz valenciano cuando, en realidad, ha recorrido miles de kilómetros hasta llegar a nuestros puertos.
El campo valenciano, en general, es una combinación de agricultura familiar y pequeños y medianos productores agrupados en cooperativas. Este modelo se ve perjudicado frente al modelo latifundista de grandes terratenientes. De hecho, las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se concentran en unos pocos gigantes de la alimentación.
Para Dani Carbonell, el modelo agrícola valenciano es un bien a preservar, ya que es “el que nos arraiga en el territorio y nos permite mantener vivos nuestros pueblos”, puesto que, ya sea como salida profesional, pero también como complemento, “es una garantía de no abandono del campo y del territorio que nos haga ir a todos a vivir a las ciudades”.
Inundar el mercado de importaciones ilimitadas
De la misma forma que el tratado comercial con Suráfrica (que este año ya opera sin aranceles), el acuerdo con Mercosur prevé una eliminación progresiva de los aranceles. En este sentido, el sindicato teme que los peores resultados no se verán cuando entre en vigor, sino a los diez años, cuando, tal como reflexiona Carbonell, los inversores hayan aumentado la producción y se eliminen los aranceles. Sería el mismo proceso vivido con Suráfrica, con el resultado de una inundación del mercado doméstico.
Así, Carbonell considera que las limitaciones de importaciones que prevé el acuerdo, así como las cláusulas de salvaguarda, no solucionan el problema. Respecto a las cláusulas, porque -según señala-, por un lado, cuando se detectan los problemas el daño ya se ha producido y muchas explotaciones ya han tenido que cerrar. Y, por otro, el proceso para poder activarla es largo y complejo. En el caso del arroz, por ejemplo, para las exportaciones provenientes de Vietnam, se activó —es decir, se volvieron a introducir aranceles y un cupo de limitación de importaciones— en 2020 durante tres años, pero para el campo valenciano, solo fue un alivio pasajero, según explican desde la Unió.
Si atendemos a las limitaciones de importaciones, Carbonell razona que, de facto, suponen todo lo contrario: una vía libre. Esto es literal en el caso de los cítricos, que no tiene un límite fijado. En el caso del arroz, si actualmente los países del Mercosur exportan 20.000 toneladas a la Unión Europea, el tratado establece un límite de 60.000; es decir, el triple del volumen actual. En la miel, el límite es de 45.000, bastante más que las 30.000 actuales.
Naranjas de la otra punta del mundo
El caso de Brasil y la producción de zumo es sintomático para explicar las consecuencias graves que puede tener el tratado de Mercosur en el sector cítrico valenciano. El gigante suramericano es el mayor productor de naranja y de zumo de naranja del mundo. Teóricamente, no competiría con la naranja fresca y de mesa del campo valenciano en el mercado doméstico. Ahora bien, la media de las explotaciones valencianas es que un 20% de la producción se dedica a lo que llaman la industria, es decir, se vende a un precio mucho menor para productores de zumo embotellado. Es la parte de la cosecha que, por varias circunstancias, no se puede vender como naranja de mesa.
Si tomamos, por ejemplo, la explotación de Daniel Carbonell, que es bien representativa de un agricultor profesional de su comarca, La Ribera, con sus 10 hectáreas produce entre 200.000 y 250.000 kilos cada año, de los cuales dicha media del 20% se dedica a la industria del zumo. Con el tratado con Mercosur, esta parte de la cosecha, que es la marginal pero que ayuda a cuadrar unas cuentas siempre complicadas, podría pasar a no tener valor, lo que supondría un problema crítico para Carbonell y para tantas explotaciones como la suya.
Por otro lado, Nando Durà también hace incidencia en el contexto de emergencia climática en que nos encontramos, y plantea la paradoja de que “mientras en el campo nos estamos esforzando por ser más sostenibles y ecológicos, y ser coherentes con la lucha contra el cambio climático, nos encontramos con que nos traerán naranjas desde la otra punta del mundo, con todo el impacto climático que ello supone”.
“No hay que tirar la toalla”
Dani Carbonell subraya con insistencia que “no hay que tirar la toalla”. Considera que el hecho de que el Parlamento Europeo haya enviado el acuerdo a la Justicia europea es fruto de las presiones que las movilizaciones del sector han ejercido para concienciar a la población sobre la problemática.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta paralización por parte del Parlamento Europeo no implica, ni mucho menos, la caída del tratado. Para que el tratado entre en vigor en su totalidad se necesita la aprobación de los Estados miembros, de ambas organizaciones supraestatales, así como la del Parlamento Europeo. Ahora bien, para que entre en vigor solo su parte relativa al acuerdo comercial (ITA, por sus siglas en inglés), que es el meollo del asunto, no necesita la aprobación del Parlamento, donde ahora mismo, en vista de la votación de hace unos días, podría no tener la mayoría necesaria, sino la de la Comisión, donde sí que está garantizada.
Se prevé que Argentina sea el primer Estado del Mercosur en aprobar el tratado. Está previsto que la decisión se tome el 27 de febrero y, teniendo en cuenta el posicionamiento neoliberal del presidente Javier Milei, no parece que tenga obstáculos insalvables por delante.
Es por ello que, desde la Unió, hacen un llamamiento a no caer en la desmovilización, pensando que, con el voto del Parlamento Europeo para enviar el tratado a la Justicia está todo hecho, antes al contrario: piden mantener la tensión de la protesta y, de hecho, así está siendo, con movilizaciones como la tractorada que tomó recientemente las calles de València. Así, desde la Unió se citan el próximo 11 de febrero para una gran protesta en Madrid para denunciar y reclamar la paralización definitiva de un acuerdo de libre comercio que, como se ha visto, puede resultar letal para el campo valenciano.






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