La Justicia británica ha aprobado, de manera provisional, poder embargar bienes a España para suplir la deuda que tiene el país con un inversor energético por el recorte de las primas de las renovables en 2013.

El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado el embargo de un inmueble propiedad del Gobierno español que se encuentra en la capital británica. Se trata del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio privado internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico. La sentencia se dictó este miércoles, aunque no se ha hecho pública hasta el viernes y aún puede ser recurrida por España.

Con el embargo, se resolvería uno de los laudos más conocidos por el recorte de las renovables, el caso Antin, un fondo francés que vendió sus derechos en este litigio y que ganó en los tribunales una indemnización de 120 millones de euros.

En este dictamen, a diferencia de otras condenas anteriores a España por este tema, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CEDI) condenó al Estado español a pagar el 60% de las costas del demandante, mientras en otros casos se repartía a partes iguales. 

Nick Cherryman, uno de los abogados que representan a los inversores, declaró, según recoge Reuters, que la medida de embargo era "necesaria porque España, deudor recalcitrante, se niega a cumplir la sentencia dictada en su contra". Además, precisó que la orden autoriza a sus clientes a vender el terreno, pero no la escuela, cuyas actividades cotidianas no se verán afectadas.

España, hasta el momento, no ha pagado la deuda de ninguno de los laudos emitidos a favor de los fondos de inversión perjudicados. De acuerdo con el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, presentado por la consultora holandesa NL Investment Consulting, el Estado acumula impagos de más de 1.160 millones de euros debido a las sentencias desfavorables emitidas por diversos tribunales de arbitraje internacionales.

España, "la segunda nación del mundo" en impago de laudos

El abogado de los inversores, Nick Cherryman, ha asegurado este viernes en un comunicado que las operaciones diarias del colegio no se verían afectadas en caso de ejecutarse la orden judicial.

"La orden de cobro provisional del tribunal inglés sobre el terreno en cuestión, una vez confirmada, daría derecho a mis clientes a vender el terreno que alberga la escuela, no la escuela en sí. Esta orden no debe repercutir en el día a día de las actividades realizadas en el inmueble", afirma.

Cherryman lamenta que la deuda de España con sus representados ha permanecido "impagada durante casi media década". "España es la segunda nación del mundo en cuanto a incumplimiento de laudos arbitrales, entre Venezuela y Rusia", apunta.

La reforma eléctrica de 2013

Todo comienza en 2007, cuando se impulsaron las energías renovables mediante las conocidas como "primas a las renovables". El Gobierno promovió, así, unas ayudas que garantizaban a los inversores en este tipo de energía el cobro de una retribución durante la vida útil de la planta. Fue todo un éxito y multitud de inversores extranjeros quisieron sumarse al boom de las renovables en España.

Sólo tres años después, en plena crisis económica, el Ejecutivo decidió aplicar recortes en las retribuciones y frenó en seco la medida para todos aquellos que quisieran unirse al plan a partir de 2012. El impulso a las renovables se iba recortando cada vez más, hasta llegar el año 2013, cuando culmina la reforma del sector eléctrico, al recortar en un 40% estas primas.

Los grupos de inversión afectados llevaron a España a arbitrajes en virtud del tratado sobre la Carta de la Energía por la retirada de estas subvenciones. El país fue denunciado por más de una treintena de inversores, que reclaman más de 7.000 millones de euros en diferentes instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios provocados.