El Banco Santander quiere evitar que salga a la luz la documentación que en su día facilitó el Banco Central Europeo (BCE) sobre el Banco Popular y que fue remitida al Banco de España, informa el diario económico Cinco Días. 

Según esta información, el Santander ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa penal contra la excúpula del Banco Popular que levanta el secreto de sumario, lo que según Cinco Días no ha gustado nada a la entidad que dirige Patricia Botín, que ha pedido  que se expurguen una serie de documentos de ese levantamiento del secreto sumarial. Según cuenta el diario económico, el Santander "mantiene que no se deben divulgar a las partes documentación anterior a 2016, pese a que los peritos crean que es relevante".

El Santander argumenta en su apelación "la improcedencia de la incorporación a las actuaciones de la documentación confidencial". No es la primera vez que el banco maniobra para mantener lejos de los focos los documentos del BCE relativos al caso del Banco Popular.

En concreto, la entidad no quiere ver publicados "los informes de inspección, incluyendo la carta remitida a la entidad o, en caso de ausencia de esta, las conclusiones preliminares del equipo de inspección, y su seguimiento, desde el 1 de enero de 2012" y "escritos remitidos a Popular, incluyendo requerimientos y/o recomendaciones sobre la adecuada clasificación en balance y registro de deterioros de la inversión crediticia y los adjudicados", también desde 2012. 

Sin embargo, al Santander el tiro le puede salir por la culata, a tenor de lo que cuenta el otro gran diario económico, Expansión. Según esta última información, "un juez del distrito sur de Nueva York va a decidir de aquí al viernes si obliga a Banco Santander a desvelar toda la información relativa a la adquisición del Banco Popular en junio de 2017".

Según Expansión, fuentes cercanas a los bonistas y accionistas que llevaron el caso ante la justicia estadounidense, "las gestoras de fondos PIMCO y Anchorage y el grupo de accionistas liderado por el empresario mexicano Antonio del Valle solicitaron el pasado 2 de octubre una reunión de urgencia con el juez, debido a la proximidad de la fecha límite para presentar alegaciones en uno de los casos que tienen abiertos en el Tribunal de Justicia de la UE".