Las siete trabas del Gobierno para castigar el autoconsumo eléctrico

MADRID.- Una vez más el Gobierno legisla contra el mundo. La oposición, decenas de empresas, grupos de consumidores y ecologistas ya se han posicionado contra el Real Decreto de autoconsumo del ministro de Industria, José Manuel Soria, que será aprobado previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros. Todos ellos consideran que esta normativa no solo es negativa para la economía, sino también para el medio ambiente. "El futuro que le auguro a este Real Decreto si se aprueba es su derogación o su transformación integral", sentencia Jorge Morales, ingeniero industrial y experto en el sector eléctrico.

El aumento de los costes fijos y de instalación o la dificultad que supone entender la regulación son solo algunas de las trabas burocráticas que Soria ha decidido imponer en este Real Decreto para lapidar la producción y autoconsumo de renovables; sobre todo tras salvar el trámite de la CNMC y del Consejo de Estado, que también ha criticado duramente el texto de Industria.

Aunque se han producido mejoras en el último borrador del Gobierno, sobre todo para aquellos que tienen contratada una potencia inferior a los 10kw, no hay que caer en esta trampa del Ejecutivo, ya que el Real Decreto es una enorme piedra en el camino para aquellos que apuestan por el autoconsumo. "Después de los inaceptables borradores que han puesto sobre la mesa, Industria sólo podía mejorar la normativa", critica Jorge Fabra Utray, economista, miembro fundador y actual presidente de Economistas Frente a la Crisis.

El Gobierno impone en este Real Decreto el conocido "impuesto al sol", es decir, un peaje por cada kilovatiohora (kWh) producido a aquellos autoconsumidores que tienen contratada una potencia de más de 10 kW; o dicho de otra manera: el Ejecutivo continúa con un elevado cargo a la energía producida y consumida dentro del mismo hogar.

El "impuesto al sol" consta de un término fijo, que está relacionado con la potencia contratada, el máximo de energía que un usuario puede consumir instantáneamente; y de los kWh reales, un término variable que representa la cantidad de energía real que un usuario produce para consumo propio a lo largo de un mes o de un año.

En el nuevo borrador se exime del término variable del "impuesto al sol" a las instalaciones de hasta 10kw de potencia contratada, a las islas canarias (independiente de la potencia), al subsistema de Ibiza y Formentera (no Mayorca y Menorca), a Ceuta y a Melilla. Todos ellos se eximen de pagar la parte variable, pero seguirán pagando por la parte fija (por la potencia de su instalación que el autoconsumo les haya permitido reducir). 

No obstante, la normativa sobre la parte variable es provisional y está en una disposición transitoria "hasta que se desarrolle la metodología correspondiente se exime a las instalaciones correspondientes". Lo que quiere decir que la gente no va a arriesgarse a poner una instalación de este tipo, sabiendo que los plazos de recuperación de estas inversiones son típicamente superiores a 10 años, si ni siquiera la normativa está fijada.

"Por una energía que no sale de la casa que la produce se quiere imponer un cargo desproporcionado"

"Por una energía que no sale de la casa que la produce se quiere imponer un cargo desproporcionado", dice Mario Sánchez-Herrero profesor economía UCM, socio fundador de Ecooo y miembro de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Idea con la que coincide también Jorge Morales, a la par que aclara: "El ministro ha confundido varias veces lo que trata de pagar el impuesto al sol. Dice que no paga las redes porque la energía no pasa por ellas. No es cierto". Que la energía autoconsumida no cotice a las redes eléctricas, no implica que el autoconsumidor no esté contribuyendo a éstas, lo hace a través de la parte fija de la factura, esa que se ha más que duplicado en esta legislatura.

Sin embargo, uno de los portavoces de la patronal de las eléctricas no se muestra contrario a este peaje. Para Pedro González, director de regulación de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), "el impuesto al sol no es una traba", sino que es necesario. Según afirma, "si los autoconsumidores dejan de pagar habrá otra personas sin este sistema que tendrán que pagar el doble".

"En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores", señala este último borrador de Gobierno. La nueva versión del Real Decreto impide explícitamente el autoconsumo compartido, es decir, la posibilidad de que varios consumidores produzcan energía renovable con la misma instalación de generación.

Esta nueva medida afectará sobre todo a comunidades de vecinos o empresas que actualmente tienen este tipo de sistemas. Los expertos en el sector eléctrico consultados por este diario advierten de que esta medida es contraproducente, ya que compartir estas instalaciones es la mejor forma de lograr la eficiencia energética y también la más adecuada para luchar contra la pobreza energética.

El Real Decreto regula que el excedente de energía generada localmente y vertida a la red no lleva aparejada contraprestación económica a los ciudadanos pero sí a las empresas. "Lo lógico sería que si uno aporta energía a la red se le tiene que recompensar por ello, al menos abaratando la energía que deba adquirir de ésta en otros momentos; pero por desgracia está muy lejos de la realidad de los autoconsumidores", cuenta Jorge Morales.

Si produces sólo lo que consumes no hay ningún problema, pero si tienes excedentes de energía tienes dos opciones: la vendo o la almaceno en una batería (como la famosa de Tesla o de otros fabricantes). Si eres persona física no recibes remuneración a cambio de tu energía sobrante, pero si eres persona jurídica sí. Es decir, que si una persona quiere que le paguen por revertir energía a la red, aunque solo sean 100 euros al año, tiene que convertirse en empresario, con todos los cargos de tramitación que ello supone.

Jorge Fabra Utray considera que si a un productor de energía se le obliga a regalar continuamente su producto, se le impide que "recupere la inversión inicial de instalación" de, por ejemplo, un panel solar. La solución que plantea el economista es pagarles al mismo precio que tenía la tecnología solar o eólica en el momento en el que el usuario se dio dado de alta como autoconsumidor, pero no con el precio de mercado. "Están atrapados. Si la vierten a la red, pierden dinero; si la almacenan también les cuesta dinero", remarca.

Desaparece la prohibición de utilizar las baterías y se corrige uno de los puntos del borrador de junio que tenía una especie de "impuesto al sol" específico para baterías, tras críticas recibidas —incluso la CNMC llamó la atención al Gobierno porque lo consideró discriminatorio y recaudatorio—. Sin embargo, lo que propone el Real Decreto, en lugar de favorecer (como se está haciendo en Alemania) la instalación de baterías, es extender el cargo específico a otras situaciones.

Si el productor de energías limpias pretende rebajar la potencia que tienen contratada -ya que usa una batería o cualquier otro tipo de dispositivo- no puede. No se puede disminuir la parte fija del recibo cuando el usuario se compra una batería.

Así, Mario Sánchez-Herrero señala: "Si usted reduce la potencia contratada, porque pone una batería de Tesla que ya le abastece, los ingresos de la red caen. Para que las eléctricas no disminuyan sus beneficios el Gobierno propone pagar un peaje por el término fijo que representa la potencia de la instalación de paneles fotovoltaicos".

"Es absurdo proponer un sistema más caro e ineficiente que quiere que haya individuos aislados con baterías individuales, en lugar de proponer que personas compartan batería y se distribuyan la energía", puntualiza Jorge Morales.

En el Real Decreto no desaparece el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), pero se permite a los que tengan ese contrato de suministro ser autoproductores sin renunciar a esa tarifa, cuestión que antes no se les permitía.

El PVPC es la tarifa regulada, antes conocida como TUR (Tarifa de Último Recurso), para aquellos cuya potencia contratada no exceda los 10 kilovatios (kW). El 1 de abril de 2014 entró en vigor esta tarifa compuesta por: el precio del mercado eléctrico, los denominados "servicios de ajuste" y un importe fijado por el Ministerio de Industria (peajes) para retribuir el resto de las actividades necesarias para llevar el suministro eléctrico hasta los hogares.

Según cuenta Mario Sánchez Herrero, España es un claro ejemplo de monopolio natural. "Hay que pagar entre todos lo que cuesta la inversión tremenda del sistema de redes independientemente de la energía que se consuma", apunta. El coste en la factura de la luz se reparte: coste fijo (básicamente redes de distribución) y parte variable (que es lo que realmente cuesta generar la energía).

Se elimina la obligación de que las instalaciones menores de 10 kW que acrediten que nunca van a inyectar energía en la red abonen estudios de acceso y conexión a la red. Sin embargo, toda instalación nueva, independientemente de si es menor o mayor a 10 kW, tiene que seguir pidiendo permiso a las eléctricas para poner un instrumento de autoconsumo.

"¿Por qué no tengo que pedir permiso para poner aire acondicionado en mi casa y sí para poner un panel solar, si ésta última tiene una potencia diez veces menor? Lo venden como una gran ventaja cuando no lo es", dice Jorge Morales.

A esta denuncia se une Mario Sánchez-Herrero: "Si son ellas las que tienen que darte permiso para el punto de conexión, van a hacer lo posible para que no haya otras empresas como Ecooo que les hagan la competencia". Lo cierto es que si esas compañías son las únicas que controlan las líneas de distribución, podría dar lugar a competencia desleal.

Aproximadamente con 4.700 euros, IVA incluido, de gasto en parte técnica en autoconsumo, una familia media podría producir en cómputo anual la misma energía que consume en su casa. Si a ello le sumamos las trabas administrativas y los altos costes en instalación y tramitación que propone el Gobierno en este Real Decreto, se alcanza una cifra que se sitúa entre los 6.000 7.000 euros. A esa enorme cifra habría que sumar los costes fijos, unos 300 euros por el "impuesto al sol", y otros 300 euros si se compra una batería.

Las eléctricas, tal y como cuenta el director de regulación de Unesa, consideran que el autoconsumo solo es una "solución para aquellos que poseen rentas altas" y no para aquellos que posean rentas bajas. "¿Quién se puede gasta 5.000 euros en una instalación?", señala.

Pero por otro lado están las cifras de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por las que conocemos que una familia paga -de media- unos 800 euros al año a las eléctricas por un consumo anual de 3.500 kWh. Con estos datos, expertos como Morales, Sánchez-Herrero o Fabra explican por qué el Gobierno pone trabas al autoconsumo: "Su coste que es 5 veces inferior a la factura anual de una familia media, es una gran competencia".