La subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 900 euros mensuales y el aumento de los sueldos públicos están comenzando a tener efectos positivos en las arcas públicas: los ingresos de la Agencia Tributaria por retenciones del trabajo a cuenta del IRPF se han disparado en 1.540 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, según recoge el último Informe Mensual de Recaudación de ese organismo.

El documento señala que "en estos meses el crecimiento de la masa salarial está en el entorno del 6%", algo que está teniendo dos efectos que tiran al alza de la recaudación. Por un lado, la base general es mayor y, por otro, en muchos casos aumenta el tipo (el porcentaje de sueldo que se detrae) al conllevar los aumentos el pase al siguiente tramo de tributación. "La subida del tipo efectivo medio [se sitúa] por encima del 2,5%" por este último motivo, señala.

El ritmo de la recaudación por retenciones del trabajo es claramente ascendente, aunque la cuantía de cada mes depende de las elevadas tasas de temporalidad del mercado laboral español.

Dejando aparte enero, mes en el que las nóminas de numerosas empresas suben por las regularizaciones del ejercicio anterior, las diferencias con el mismo mes del año anterior ha estado cerca de duplicarse al haber pasado de 215 millones en febrero, mes tradicionalmente flojo para el empleo eventual, a los 354 de abril, que en 2019 incluyó todo el puente de semana santa mientras en 2018 solo cogió dos días.

En cualquier caso, el informe destaca "el mayor crecimiento que están teniendo" las rentas bajas "después de la subida del salario mínimo interprofesional" mientras que, en el caso de las pensiones, "están creciendo en el entorno del 7%" tanto las retribuciones como las retenciones.

La Administración asume un tercio del aumento

¿De dónde sale ese aumento de ingresos del que se está beneficiando Hacienda? Los datos de la Agencia Tributaria indican que la principal aportación procede de la gran empresa, en la que el avance supera los 600 millones de euros en cuatro meses.

Las administraciones públicas, pese a que su masa salarial es más reducida que la de las pymes, tienen una participación mayor que estas en el aumento de las retenciones (500 millones por 435) como consecuencia de las subidas salariales de los últimos meses. En el caso del sector público la comparación de los cuatro primeros meses de 2019 se realiza con otro previo a las dos subidas de salarios y pensiones de julio, que también se dejaron notar en la recaudación, y de enero, señala el informe.

En el ámbito privado, en el que la contención salarial ha sido la norma de los últimos cinco años pese a la recuperación de los beneficios empresariales, los efectos de la revisión del SMI son ligeramente más elevados en la masa salarial de las pymes que en la de las grandes empresas (5,11% por 4,96%), lo que apunta a una mayor utilización de los sueldos mínimos en estas últimas.

Hacienda destaca que "la masa salarial privada, que ya venía mostrando signos de una progresiva moderación en 2018, prolongó esta tendencia en los primeros meses del año".

Más de 470.000 nuevos asalariados de jornada completa

El anuncio de la subida del SMI provocó una catarata de estimaciones que advertían sobre los supuestos efectos negativos que iba a tener en la creación de empleo en los meses siguientes.

Así, un estudio del Banco de España sostenía que "el impacto sobre la probabilidad de perder el empleo sería claramente superior" al 6%, e incluso el 8%, de los asalariados, con una incidencia "particularmente elevada en determinados colectivos, como los de mujeres, jóvenes, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal".

BBVA, por su parte, pronosticaba que "la creación de empleo se ralentizará en 2019 y 2020, influida, en parte, por el aumento del salario mínimo profesional", una medida que "puede condicionar la evolución de la economía y del empleo, tanto a corto como a largo plazo, si no se sientan las bases para un crecimiento importante de la productividad".

Y la agencia de ráting Moddy’s anticipaba la creación de entre 40.000 y 150.000 empleos menos que el año anterior, aunque con la "incertidumbre" de si es mayor entrada de dinero en el sistema se traduciría en un aumento de la facturación para las empresas que compensarían por esa vía el aumento de los costes laborales.

Sin embargo, los datos del Ministerio de Empleo, por su parte, reflejan un aumento de 565.500 asalariados en los tres primeros meses del año, cuatro de cada cinco a jornada completa (477.000) y más del 75% de estos (364.100) con contrato indefinido, con avances de casi cuatro puntos sobre el mismo periodo del año anterior.

Los registros de la Agencia Tributaria, por último, ponen en entredicho los mensajes catastrofistas sobre los efectos que iban a tener en las cuentas públicas las medidas tomadas vía decreto en los últimos meses por el Gobierno, conocidas como los "viernes sociales". La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cifró su coste en 920 millones de euros, 600 menos de lo que han reportado a las arcas públicas las subidas del SMI, los sueldos públicos y las pensiones.