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Una solución para mejorar la financiación de las pymes catalanas: una banca pública

El anuario de la patronal Pimec, con datos de 2021, constata que un 25% de las empresas debe el 80% de su pasivo, mientras que entidades como el ODG piden que la concesión de los créditos no esté en manos de una entidad financiera privada.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. Lorena Sopêna / Europa Press

Una rebaja del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos años, lo que supone una muestra de debilitamiento de la economía, iniciada durante el verano. Además, esta irá acompañada de una reducción de la facturación de las compañías, un incremento de la inflación y la continuación de una política monetaria dura, que impactará en los créditos a las empresas y las cuotas hipotecarias de las familias.

Este panorama sombrío dibujado hace pocos días por el Banco de España en su último informe sobre la actividad empresarial se superpone en la publicación del Anuario de la Pyme, elaborado por la Pimec, la patronal de las pymes catalanas, que advierte de un incremento del endeudamiento de las firmas y la pérdida de peso de estas en el tejido productivo, especialmente a la industria y la construcción.

Las estadísticas, que hacen referencia en 2021, sólo recogen de manera tímida el contexto de inflación y la subida de los tipos de interés. Ante este cóctel, algunas entidades económicas, como el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), instan a revertir la actual dinámica de la deuda, que hace que haya un número elevado de empresas que no puedan volver sus préstamos.

Los datos del Anuario de la Pyme constatan que, en la estructura del pasivo, en 2021 se redujo el peso de los recursos propios para situarse en el 53% y, como consecuencia, ha aumentado el peso del endeudamiento en el 47%. En esta línea, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, avisa que "queremos hacer una alerta temprana, puesto que el 25% de las empresas catalanas tienen un endeudamiento de casi el 80% de su pasivo. Esto quiere decir muchas firmas y puestos de trabajo en riesgo, sobre todo ante la actual coyuntura marcada por la subida de tipo de interés y la inflación".

Cañete destaca que el estudio demuestra el impacto de la reducción de los plazos de pago en la economía y la situación empresarial. Durante el 2021, el periodo mediano de cobro se reduce de 75 a 68 días, "todavía muy por encima del plazo legal". En este sentido, el presidente de Pimec apunta que "si el plazo máximo fuera de 30 días, tal como acaba de proponer la Comisión Europea a través del nuevo reglamento, el resultado medio de las pymes hubiera mejorado un 15,8%".

Pérdida de peso y endeudamiento

Desde el punto de vista técnico, el anuario certifica una realidad ya conocida: el protagonismo evidente de las pymes en la economía catalana. En cambio, la esfera sectorial muestra una pérdida de peso de la pyme en la industria y en la construcción. En los servicios, la pyme gana peso en términos de Valor Añadido Sucio (VAB) y lo pierde en términos de ocupación. En la estructura del pasivo, en 2021 se redujo un 1,1% el peso de los recursos propios, para situarse en el 53%. Como consecuencia, aumentó moderadamente el peso del endeudamiento.

Este contexto de endeudamiento generalizado de las pymes, que se arrastra desde hace 15 años, ha provocado que "la deuda se dispare por encima de las recomendaciones del Pacto de Estabilidad" y que "las empresas, pese a las ayudas a través del ICO [Instituto de Crédito Oficial] y las refinanciaciones de los préstamos, no se hayan recuperado de la pandemia por la inflación y la crisis energética". Así se expresa la investigadora y especialista en deuda del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) Nicola Schrerer.

Ante esta dinámica, fruto de la situación de colapso económico sufrida hace tres años por la Covid-19, han aparecido las compañías zombis. Schrerer las define como las que no pueden retornar sus deudas. "Existe un peligro real que este pasivo pase de manos privadas a públicas, por lo cual, las dificultades de las pymes tienen una solución financiera bastante difícil".

Hace más de un año, los datos del Ministerio de Industria situaban en 20.000 las pymes zombis en Catalunya, provocando una situación de parálisis y una espiral de estancamiento, en la que no se pueden acoger a un concurso de acreedores, renegociar los créditos o hacer crecer su actividad.

El acceso a la financiación

Schrerer pone el foco en los inconvenientes que tienen las pymes catalanas para acceder a la financiación. "Disponen de pocas herramientas, puesto que solo pueden ir a la banca privada o recibir un crédito ICO [del Instituto de Crédito Oficial]". Este acceso desigual respecto a las grandes corporaciones de la Ibex-35, que la investigadora describe como "injusticia financiera", es lo que perpetúa su fragilidad.

"Sus oportunidades no tendrían que depender de la evaluación de una entidad financiera privada". Para poder dar un paso adelante, el ODG defiende la creación de una banca pública o si no puede ser, la transformación del ICO con el objetivo de facilitar la financiación de las pymes. "Las administraciones deberían tener más conciencia de la riqueza que genera el tejido de las pymes", añade Schrerer.

Las organizaciones de la economía social recomiendan nuevos impuestos, como una tasa teconológica

Como ejemplo de los deberes pendientes, la investigadora recuerda que las pymes no se están beneficiando de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (Pertes), sobre los cuales pivotan los fondos europeos Next Generation (NG), porque las condiciones y los requisitos que se proponen sólo están al alcance de las grandes empresas. En este sentido, reivindica la necesidad de impulsar proyectos pequeños, que prevean el desarrollo de infraestructuras locales y que las pymes sean actores de la transición digital y sostenible.

Más allá de esta realidad, las organizaciones de la economía social y solidaria recomiendan una reforma fiscal que contemple nuevos impuestos, como una tasa a las transacciones financieras o a las grandes tecnológicas para limitar las bonificaciones. En el caso de la deuda pública, donde a menudo se acumulan también los procesos de impago del privado, la petición es realizar una auditoría para no tener que abonar intereses innecesarios.

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