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Trabajadores de la mayor empresa de VTC aseguran que les sancionan y les 'invitan' a darse de baja por escasa productividad

La empresa les sanciona con la suspensión de empleo y sueldo durante una temporada para "intentar" que firmen su renuncia en la misma, según cuentan los trabajadores.

La AN avala que Uber y Cabify emitan "hoja de ruta" por cada servicio
La Audiencia Nacional ha avalado la obligación que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a Uber y Cabify, tienen de emitir una 'hoja de ruta' por cada uno de los servicios de transporte que realizan.

Varios trabajadores de la empresa Ares Capital, dependiente de Moove Car y que trabajan con Uber, aseguran que están siendo "amenazados" por su empresa. Dicen que se les sanciona de forma masiva con una falta muy grave por escasa productividad al no llegar a la facturación necesaria por la poca actividad que están teniendo los transportes privados debido a la emergencia del coronavirus.

Según cuentan a Público, la empresa les sanciona con la suspensión de empleo y sueldo durante una temporada para "intentar" que firmen su renuncia al trabajo. Según explican a este medio, la baja se haría acogiéndose al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

En dicho artículo se especifica que, en los supuestos de modificaciones sustanciales en la jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y cuantía salarial o el sistema de trabajo y rendimiento, "si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses".

Moove Cars es la empresa más grande de VTC en España. El gigante de este polémico modelo es el que más licencias VTC controla en el país y mantiene fuertes alianzas con Uber, además de contar con grandes accionistas como el fondo de inversión estadounidense King Street Capital Management.

Polémicas negociaciones para la facturación

Durante el mes de junio, la empresa desató una fuerte polémica entre su personal al querer subir el mínimo de facturación que los conductores debían conseguir para acceder a incentivos. Hasta la fecha, los conductores de Moove, el socio principal de Uber, debían facturar 3.400 euros mensuales para poder acceder a incentivos, un límite que con las nuevas normas subiría a 4.000 y, los que quedasen por debajo no cobrarían ningún incentivo.

Tan sólo un mes después, se anunció un acuerdo por el que los trabajadores debían alcanzar los 4.000 euros para recibir incentivos, pero se especificó que esta medida se limitaría a los 6 próximos meses desde el momento del cierre del acuerdo —de julio a diciembre—.

Los trabajadores lo tienen en manos de sus abogados

Los trabajadores de este gigante estuvieron en ERTE debido a la pandemia y ya se han ido reincorporando poco a poco a sus puestos de trabajo, aunque todavía no están todos de vuelta.

"Lo que está haciendo la empresa, como tienen el compromiso de la salvaguarda del empleo tras un ERTE, es sancionar a los trabajadores por no llegar al objetivo de facturación. Algo que nosotros no podemos controlar porque es la empresa la que nos asigna los clientes. Nosotros no somos como los taxis, no nos pueden parar por la calle", cuenta a Público el miembro del comité de empresa Santiago Robledo.

"La empresa llama a los trabajadores para comunicar a los mismos que estarán suspendidos de empleo y sueldo durante una temporada. En esa misma conversación suelen decirles que dicha situación se alargará y les ofrecen que se den de baja de la empresa y puedan cobrar el paro", explica Robledo.

Los trabajadores afectados han acudido a diferentes abogados y despachos para demandar lo ocurrido. Uno de ellos es el abogado Víctor Llanos que lleva a varios de los afectados.

"El problema de esta situación es que la empresa está encubriendo un ERTE. Ares Capital rescató a sus trabajadores del ERTE pensando, seguramente, que facturarían durante los meses de verano por el turismo y el ocio nocturno, algo que parece ser, no les ha salido como esperaban. La cuestión es que como tienen el compromiso de salvaguarda del empleo por haberse acogido a un ERTE están llevando a cabo esta maniobra", explica Llanos.

"Con esta forma de actuar están intentando llevar a cabo un ERTE fraudulento o incluso un ERE fraudulento porque muchos trabajadores se dan de baja para cobrar el paro antes que quedarse sin sueldo durante meses. Aquí hay dos cuestiones fundamentales más, por una parte la empresa es la que ofrece clientes a los trabajadores a través de la app y no lo están haciendo, por eso no llegan al objetivo. Por otra parte, la empresa hace una media de la facturación de los trabajadores sin tener en cuenta las horas trabajadas. A más horas, más facturación así que están despidiendo a los que hacen cuarenta horas porque no llegan al objetivo, dando el mensaje de que deben trabajar muchas más horas para no ser sancionados", asegura.

Miedo e incertidumbre de los trabajadores

Robledo explica a Público que esta situación está generando incertidumbre e inseguridad a los trabajadores de Ares Capital que tienen que elegir entre perder el trabajo o mantenerlo con una suspensión incierta de empleo y sueldo.

"Está el país con el agua al cuello y si a los trabajadores les sancionan de empleo y sueldo ¿qué va a comer la familia de esa persona durante el tiempo de la suspensión? La gente tiene muchísimo miedo. Estar allí y ver salir a la gente es una cosa terrible, muy terrible", explica Robledo.

Óscar es uno de los trabajadores que se encuentra en esta situación y está en trámite de demanda. "Yo, antes de la pandemia, trabajaba de 6 de la mañana hasta las 18 de lunes a viernes con dos días de descanso. Después de la pandemia, cuando me rescataron del ERTE, mis condiciones cambiaron. Por ese motivo decidí hacer las 40 horas de jornada a la semana y fue cuando me llamaron para sancionarme por baja productividad", explica a Público.

"Le expliqué a mi encargada que yo había cogido el 100% de los viajes asignados y que tenía una valoración muy alta por lo que no me podían sancionar por baja productividad. Tras una charla con ella me instó a firmar la baja por el artículo 41, que es un acuerdo entre empresa y trabajador, pero yo me negué. Ahora estoy en trámite de denuncia, pero muchos compañeros a los que les está pasando esto no tienen dinero para denunciar y están dándose de baja para poder cobrar el paro", añade.

"Se juega con el miedo y con la necesidad de las personas porque saben que si nos sancionan sin empleo y sueldo no tenemos nada que llevar a casa, por eso mucha gente firma", finaliza.

Los sindicatos también están negociando

Ante esta y otras situaciones, Comisiones Obreras está pidiendo la pronta intervención de la Inspección de Trabajo. "Con una jornada legal en España es imposible llegar a esa facturación y es por eso por lo que las personas alargan sus jornadas para llegar a esa cifra", explica a Público el secretario general de carretera de CCOO, Luis Mercado.

"Han cogido a unos trescientos trabajadores y les han sancionado por baja productividad. De esta forma aligeran personal y avisan a los demás de que tienen que trabajar las horas que hagan falta para llegar a su objetivo de facturación", explica.

Mercado asegura a Público que han puesto varias denuncias en la Inspección de Trabajo, pero que no han recibido respuesta. "No cabe otra opción que hacer demandas de manera individual. Hace año y medio que venimos denunciando las irregularidades del grupo Moove, pero la gente no suele denunciar porque duran tan poco tiempo que no les compensa hacerlo", finaliza.

Pérdidas económicas y peor facturación

El gigante de los VTC se encuentra en dificultades económicas para desarrollar su actividad, según se aprecia en sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Los datos desvelan que la compañía triplicó pérdidas en ese ejercicio, hasta registrar números rojos por 4,7 millones euros, frente a los 1,6 millones perdidos el año anterior.

Además, la facturación de la compañía fue tres veces inferior al generar ventas por 3,1 millones de euros en comparación con los 9,9 millones registrados en 2017, lo que ha llevado al auditor de Moove Cars a dudar de su viabilidad como empresa en funcionamiento.

La empresa aplica su "potestad disciplinaria"

Público ha intentado sin éxito recabar la versión de la empresa a través del teléfono que aparece en su página web, pero aparece una locución que explica que tienen restringidas las llamadas. También se ha intentado a través del teléfono que aparece en Google, pero tampoco ha sido posible.

De la misma forma, se ha intentado por una tercera vía a través de correo electrónico. La explicación por escrito que ofrece la empresa es que lo que denuncian los trabajadores es "incierto".

"Lo que la empresa hace es controlar el rendimiento de sus conductores, ejerciendo la potestad disciplinaria que legalmente le corresponde en el caso de que existan conductas negligentes que supongan una importante desviación respecto del rendimiento normal de un conductor, medido en las circunstancias de mercado actuales. Dichos bajos rendimientos, si no son debidamente explicados, deben ser atajados, mediante la legalidad vigente, para procurar no malograr el buen trabajo del resto de los trabajadores y poder garantizar sus puestos de trabajo. En este sentido, menos del 10% de la plantilla ha sido amonestada o sancionada, siendo por tanto falso también que haya ocurrido con 300 trabajadores", han argumentado en su escrito

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