MADRID.- Las sicav, que son las sociedades utilizadas por las grandes fortunas para ahorrar impuestos, tienen dos terceras partes de sus inversiones fuera de España, según los últimos datos de que dispone la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al cierre del tercer trimestre de 2015, sobre un volumen total de 28.923 millones de euros, nada menos que 19.375 millones (es decir, el 67%) estaban colocados en activos de empresas y Estados extranjeros.

Una de las peculiaridades de las sicav es que sus beneficios tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, en vez de al tipo nominal general, fijado actualmente en el 26%. Gracias al privilegiado trato que reciben, entre 2012 y 2014 pagaron a Hacienda sólo 24 millones de euros, pese a haber ganado 5.384 millones. Si estuvieran sometidas al mismo régimen que las demás sociedades, su factura fiscal habría sido casi treinta veces mayor de lo que fue.

Las sicav, que llevan años funcionando en España, han sido objeto de fuertes críticas, sobre todo desde las formaciones políticas de izquierdas, que alegan que se trata de un mecanismo injusto de elusión de impuestos. Sus defensores argumentan, por su parte, que muchos ricos se llevarían el dinero a otros países si esa figura desapareciera, con el consiguiente perjuicio para nuestra economía y, en consecuencia, para el nivel de empleo.

La información que obra en poder de la CNMV muestra, sin embargo, que en realidad poco más de un 30% de las inversiones de las sicav (concretamente, el 33%) se quedan en España, según datos correspondientes al 30 de septiembre del ejercicio pasado. Además, el porcentaje va cada vez a menos: cuando llegó Mariano Rajoy al poder en diciembre de 2011, por ejemplo, estaba en el 55% y en el primer año de la debacle económica (2008) era del 69%.

En la legislatura recién concluida, el número de sicav aumentó de forma significativa (de 3.056 a 3.335) y otro tanto ocurrió con su patrimonio (de 22.521 a 28.923 millones de euros). En cambio, el dinero invertido por ellas en activos nacionales, ya fueran públicos o privados, cayó de 12.385 a 9.546 millones. Dicho de otra manera, los dueños de estas sociedades buscaron mayoritariamente la rentabilidad financiera fuera de España y la fiscal dentro.