La UE pone fin a la era de las gangas digitales de Shein o Temu: ¿pero quién pagará la factura?
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado que los paquetes de menos de 150 euros enviados desde fuera de la UE estarán sujetos a un arancel de tres euros por cada producto distinto.
Greenpeace y Facua consideran que la medida debería repercutir más en las empresas que en los consumidores.

Madrid-
Comprar en plataformas como Shein o Temu ya no saldrá tan barato. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado de forma definitiva este miércoles una reforma que cambia las reglas del comercio electrónico tal y como lo conocemos. A partir de ahora, los paquetes pequeños procedentes de fuera de la UE contarán con un arancel de tres euros.
El nuevo arancel de tres euros se aplicará a los artículos incluidos en paquetes con un valor inferior a 150 euros -que hasta ahora estaban exentos de estas tasas- enviados directamente a consumidores de la UE a partir del 1 de julio de 2026. Se trata de una medida temporal que se mantendrá hasta el 1 de julio de 2028, cuando se espera que entre en funcionamiento el nuevo Centro Aduanero de Datos de la UE, y a partir de ahí el derecho pasará de ser provisional a una tasa aduanera normal.
La clave, y también el elemento más controvertido, está en cómo se aplicará el nuevo derecho. No se cobrará por paquete, sino por producto distinto, ya que no importa cuántas unidades se compren de un mismo artículo, sino cuántos artículos diferentes incluya el pedido. Por ejemplo, si compramos dos fundas iguales para el móvil la tasa será de tres euros adicionales. Mientras que si pedimos diez productos distintos de un euro cada uno supondrán 30 euros en derechos de aduana -tres euros de tasa por cada uno-, lo que elevaría el coste final del pedido hasta los 40.
Bruselas justifica la medida como una respuesta a la avalancha de pequeños paquetes que llegan a diario, el 91% de ellos procedente de China. Según datos de la Comisión Europea, los envíos de menos de 150 euros se han más que triplicado en solo dos años, pasando de 1.200 millones de euros en 2022 a 4.600 millones en 2024. El objetivo oficial es frenar prácticas fraudulentas como la fragmentación artificial de pedidos para esquivar controles y garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos.
Reuters recoge que los minoristas europeos llevan tiempo denunciando que la ausencia de aranceles favorecía a estos gigantes digitales, por lo que han dado la bienvenida a esta nueva tasa al considerar que es un paso hacia una competencia más justa.
Desde las organizaciones de consumidores, la lectura es menos optimista. Para Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, el impacto para el consumidor es evidente por la subida de precios. A su juicio, la Comisión Europea presenta la medida como una mejora del control del mercado, pero existe el riesgo de que se convierta "en un simple peaje" que no vaya acompañado de una mayor vigilancia. Sánchez reclama que lo recaudado se traduzca en una "inversión real en inspección de productos", un ámbito que considera claramente infrafinanciado pese al alto índice de irregularidades y productos peligrosos que entran en la UE.
Por su parte, Greenpeace España celebra el nuevo arancel como un primer paso para poner límites al modelo de consumo de la moda fast fashion, sin embargo coincide en que la medida "debería repercutir más en las empresas que en los consumidores". "Está bien poner medidas para que las personas consumidoras sean conscientes del impacto del consumo de fast fashion, pero no toda la responsabilidad puede caer sobre ellas ya que son las marcas las que nos han llevado a que la moda ultrarrápida genere el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y consuma el 20% del agua dulce", apunta Celia Ojeda Martínez, directora del área de Biodiversidad de la organización, a Público.
Los ecologistas critican además que la medida afecte únicamente a los envíos procedentes de fuera de la UE y no ponga límites similares a las marcas de moda rápida que operan dentro del mercado europeo. Aunque reconocen que el nuevo arancel puede actuar como elemento disuasorio frente a prácticas como las compras compulsivas o los llamados hauls, la organización insiste en que no basta. "Para Greenpeace la propuesta se podría mejorar poniendo limites también a las empresas que deben transformar su modelo de negocio, con medidas que fomenten una reducción de la producción de hasta el 50%, una mejora en la calidad de sus productos y una producción más cercana y localizada", reclaman.
Además, aseguran que se deben implementar más normativas para que el sector textil se oriente hacia una verdadera economía circular, hacia la slow fashion, la reparabilidad y la segunda mano.
Si bien, desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) consideran que estos aranceles pueden beneficiar a los consumidores, ya que facilita a las autoridades la detención de productos peligrosos en la frontera. "Hoy en día, muchos productos ilegales y baratos pasan inadvertidos entre los más de 13 millones de paquetes diarios que llegan a los controles aduaneros debido a esta exención, lo que pone en riesgo la seguridad de los consumidores", explican.
En cuanto a los precios, aseguran que la UE ya restableció el IVA para los productos importados con un valor inferior a 22 euros en 2021, y no se ha observado ningún aumento significativo de precios. "Las plataformas y vendedores tienen en último término la libertad de reflejar estos costes en sus precios finales, pero esa es una decisión exclusivamente comercial. No se trata tanto de encarecer el consumo como de reflejar mejor sus costes reales y avanzar hacia modelos de comercio electrónico más sostenibles y responsables", apuntan.
Público se ha puesto en contacto con Shein y Temu para conocer su valoración a esta medida. Al momento de publicarse este artículo aún no había recibido respuesta.
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