Vender refrescos en las playas de Barcelona ya no es posible. O al menos ahora va a tener un mayor control ya que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado patrullas por mar, tierra e incluso de paisanos. Las multas, además de la confiscación de los productos, rondan los 250 euros y no sólo vender supondrá delito. Alertar a los lateros de la presencia de la policía o comprarles también será delito.