Ayuso prepara un nuevo 'ladrillazo' en plena era de la especulación: "Son las viejas recetas de la burbuja"

Más suelo, más construcción, más inversores. Más. Es la receta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para enfrentar la grave crisis habitacional que asfixia la capital. La capital, la región y toda España. Así lo ha defendido en una comparecencia celebrada la mañana de este miércoles en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. "Nos estamos atreviendo a hacer justo lo contrario de lo que se promovía desde el Gobierno central: garantizar más libertad, menos intervención, brindar seguridad jurídica a propietarios e inversores y ofrecer más vivienda en lugar de limitaciones", presumía durante su intervención la política popular. "Y ha funcionado", añadía sacando pecho. Por eso, piensa seguir haciéndolo.

Con esta idea en mente, la presidenta madrileña ha anunciado un nuevo plan de choque en materia de vivienda para 2026/2027, que sigue al puesto en marcha en la región en febrero de 2024. Con quince nuevas medidas. "Medidas que vamos renovando cada día, cada mes, cada año, en contacto con los responsables del sector", ha asegurado la dirigente popular. Habrá que someterlo a examen. ¿Son nuevas de verdad o más de lo mismo? ¿Ofrecen soluciones a la crisis o la profundizan?

"Este plan es una apuesta más por la liberalización de suelo, por la construcción y, en definitiva, por propuestas encaminadas a seguir hinchando los precios", responde Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Están optando por aplicar las viejas recetas de la burbuja, que son las que nos han traído hasta aquí", continúa la letrada. Sin muchos visos, por tanto, de conseguir mejorar las cosas. Ni los precios, ni el acaparamiento de vivienda, ni las dinámicas especulativas en torno al sector. "Pero qué se puede esperar de una presidenta que da la vivienda a los fondos buitres, mientras se niega a aprobar una ley autonómica de vivienda", denuncia la cofundadora del CAES.

La letra pequeña

Punto por punto. Una parte considerable del plan apunta a la liberalización de suelo. La piedra angular de la política de vivienda del equipo de gobierno de la presidenta madrileña. En este sentido, el plan anuncia un incremento del 20% en la densidad y de un 10% en la edificabilidad de parcelas destinadas a "vivienda protegida". Promoviendo el cambio de uso de suelos. "Para hacerlos urbanizables, para que amplíen nuestras posibilidades de construcción", ha explicado la presidenta. Y aprovechando, al mismo tiempo, para agilizar las licencias y reducir los plazos de tramitación. "Gracias a estas medidas, en los próximos 15 años, habrá otros 15.000 nuevos hogares que se van a sumar a las 140.000 que ya están previstas en los nuevos desarrollos", ha declarado la presidenta madrileña.

Los expertos coinciden: ninguna novedad. "Es la política del ladrillo de toda la vida, que solo busca introducir más suelo en el mercado para construir más vivienda y favorecer a las promotoras", valora Javier Gil, investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU). Tanto es así que hasta cuatro puntos del documento se limitan a anunciar el refuerzo de líneas de trabajo ya existentes, como el controvertido Plan Vive, el Plan Alquila o el programa Mi Primera Vivienda. "Planes fracasados, que lo único que hacen es fomentar el endeudamiento y la transferencia de recursos públicos a los bancos", juzga Jacinto.

Algún plan nuevo sí que aparece en la lista de propuestas. Tres, en concreto. Una Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER, por sus siglas) que, entre otras funciones, garantice la seguridad jurídica de inversores y promotores. Un "renovado" Plan Territorial de Vivienda, que gira, otra vez, en torno a la movilización de suelo. Y la joya de la corona: el Plan Comparte Intergeneracional. "Este último, sin que lo hayan desarrollado, me parece ya una auténtica barbaridad. Proponen a personas mayores que viven solas meterles a jóvenes que no pueden pagarse una vivienda allí a vivir", valora Gil. "Lo que habría que hacer es solucionar el problema habitacional de esos jóvenes, no favorecer que se emancipen de casa de sus padres para ir a parar a la de una persona mayor. En una modalidad de convivencia no deseada, fruto de la precariedad", critica el investigador. No es una solución, dice, sino un parche más.

Otro titular: más vivienda social. ¿Cómo? Con la incorporación de 500 nuevos hogares para familias en situación de vulnerabilidad a la Agencia de Vivienda Social (AVS). "Elevando hasta los 2.100 el número de pisos disponibles", recoge el plan. Suena muy bonito, pero la realidad es otra. Para el que no lo sepa, la Agencia de Vivienda Social -antiguo IVIMA- es la oficina en materia de registro y adjudicaciones de vivienda social en la Comunidad de Madrid. Un organismo que gestiona un patrimonio de más de 24.918 viviendas repartidas por toda la región. Pero es otra la cifra que más llama la atención: 884. Es el número de inmuebles de la AVS que permanecen -a veces durante años- vacíos, tapiados y sin inquilino, a la espera de adjudicación. Mientras existe una lista de espera que no para de subir, con más de 3.200 solicitantes a finales del año pasado.

Cuatro puntos más. Primero, la creación de un Consorcio Urbanístico Público-Privado. Se llamará Puerta de Madrid, estará ubicado en Leganés y posibilitará, según los cálculos del gobierno autonómico, la construcción de 4.300 viviendas adicionales. Segundo, la puesta en marcha de una Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda. Tercero, una aceleradora urbanística. Su propio nombre lo evidencia: para movilizar suelo y agilizar licencias. Cuarto y último, la apertura del Instituto de FP Antonio Palacios. Alguien tendrá que enseñar a los futuros urbanistas a replicar el modelo.

La oposición se muestra tajante: la Comunidad de Madrid no ha sacado un nuevo plan de vivienda. "La señora Ayuso ha presentado un documento con las medidas que ha ido anunciando durante el año y que es, al final, un plan continuista, que no aporta ideas nuevas. La vida de los madrileños sigue igual", critica Javier Guardiola, portavoz de Vivienda del PSOE en la Asamblea de Madrid. "El problema es que no quiere hacer lo que sería necesario para cambiar la realidad de la vivienda: intervenir un mercado roto, que se lleva la mayoría del salario de la gente", prosigue el político socialista. Y, así, es imposible atacar al principal dilema de la ciudadanía: los precios.

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Medidas hay, falta voluntad política. "Si de verdad se quisiera encontrar soluciones, lo que se tendría que hacer, mañana mismo, es empezar a aplicar la Ley de Vivienda", apunta Guardiola. Con todos los mecanismos que contempla. Como la declaración de zonas tensionadas y su consecuente tope de los precios. Una medida de la que -asegura el portavoz del PSOE- podrían beneficiarse hasta un millón de madrileños. "Porque sin una regulación efectiva de los precios, la vivienda seguirá siendo un negocio y no un derecho", refuerza Jacinto.

Pero no va solo va de precios. "Se podrían poner en marcha mecanismos como el tanteo y retracto para que la Comunidad de Madrid adquiriera de forma rápida y barata vivienda para incrementar su parque", propone la abogada. "También habría que poner trabas a la inversión especulativa", señala, por su parte, Gil. Gravando la vivienda vacía, sancionando la acumulación de inmuebles y restringiendo la compra no residencial. "Que solo se pueda comprar para vivir, no para facturar", concluye el investigador.