Airbnb se enfrenta a un nuevo varapalo por su posible actividad fraudulenta en el mercado español. El Ministerio de Consumo le ha pedido a la filial de la firma en Europa la retirada de 65.935 anuncios "ilegales" de pisos turísticos por considerar que "contravienen" la normativa sobre publicidad de este tipo de negocios. La medida llega después de tres resoluciones que la compañía ha recurrido y cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las organizaciones sociales y los expertos consultados por Público coinciden al valorar positivamente la "contundencia" del departamento que dirige Pablo Bustinduy: "Es una buena noticia".

Consumo activó "en los últimos meses" los mecanismos para perseguir la publicidad de viviendas turísticas ilegales y había informado hasta en tres ocasiones de la existencia de ofertas que incumplían la normativa, tanto a la multinacional como a las comunidades autónomas donde se anunciaban estos negocios. Airbnb presentó un recurso y la justicia falló este lunes a favor del Ministerio, instando a la compañía a eliminar "de manera inmediata" los primeros 5.800 alojamientos, repartidos entre Madrid, Catalunya, Balears, Andalucía, València y Euskadi. El PP gobierna en cuatro de las comunidades donde se encuentran las ofertas "ilegales" de esta primera tanda. 

"El mercado de los pisos turísticos no es la causa principal de la crisis de la vivienda, pero sí un elemento central, sobre todo en las grandes ciudades y zonas turísticas. Consumo está haciendo lo que debería hacer el Ministerio de Vivienda, pese a tener menos competencias para resolver el problema", considera Javier Gil, doctor en sociología e investigador en el CSIC. Las fuentes que han hablado con Público ponen también el foco en la "inacción" de los gobiernos autonómicos. "Las comunidades no están sancionando a quienes vulneran la normativa. Esta decisión es un aviso a navegantes, una hoja de ruta para todas las administraciones que tienen competencias", añade Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción.

Bustinduy espera que la multinacional retire de su página web los anuncios en las próximas horas y advierte al resto de organismos implicados en la emergencia habitacional: "Cuando se actúa con voluntad política y determinación en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones y demuestran que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda, que ninguna empresa se coloque por encima de la ley", ha subrayado en declaraciones a los medios. El Ministerio de Vivienda valora "positivamente" la propuesta de Consumo y destaca sus acciones al respecto en una conversación con Público: "El Gobierno está comprometido con poner fin a los pisos turísticos ilegales. Estamos actuando en todos los flancos", dicen fuentes del Departamento

Estas fuentes del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez han recordado también que "una de las primeras cosas que hizo la ministra fue reunir a los ayuntamientos y las comunidades para pedirles que pusieran coto a los pisos turísticos", algo en lo que no todas han colaborado de la misma manera. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que la resolución de Consumo es la mejor vía para "estrangular la publicación y la comercialización" de viviendas turísticas "ilegales", pero intenta echar balones fuera utilizando la sentencia del TSJM: "Esto prueba lo que nosotros hemos dicho desde el primer momento, que esta era una competencia del Gobierno de España". Madrid tiene más de 16.300 pisos turísticos disponibles y 15.200 operan al margen de la ley, es decir, nueve de cada diez son ilegales. La región es una de las pocas que permite, además, colgar anuncios de pisos sin incluir su número de licencia o registro, una práctica que supone una "infracción urbanística", pero no de consumo.

Airbnb recurrirá la sentencia y las resoluciones pendientes

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado la justicia afectan a la publicidad de 5.800 viviendas completas de uso turístico –no aparecen habitaciones– localizadas en seis comunidades. Las infracciones no son siempre las mismas. La más común, según explican desde Consumo, es la ausencia del número de registro, un requisito obligatorio en el grueso de las normativas autonómicas. La falta de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y la presencia de anuncios con licencias incorrectas son las otras dos irregularidades más habituales en materia de consumo. "Es fundamental actuar con la contundencia necesaria para perseguir y sancionar las prácticas comerciales abusivas. Airbnb anuncia pisos turísticos ilegales. Esto sería impensable en cualquier otro sector, nadie se imaginaría 60.000 bares sin licencia y aún encima publicitados con toda naturalidad", compara Alejandra Jacinto, abogada en CAES y columnista de Público. 

La también activista considera que la resolución de Consumo puede "sentar un precedente" y que "manda un mensaje nítido a todos aquellos que especulan de forma ilegal con bienes de primera necesidad". Airbnb ha avanzado que piensa recurrir el auto y las dos resoluciones pendientes por lo que considera una orden contraria al reglamento europeo. "Las normas están para cumplirlas. Esto no es una imposición de ningún Ministerio, tiene detrás una resolución judicial y busca ni más ni menos que aplicar la legalidad", sostiene Enrique Navarro, profesor e investigador sobre emergencias crónicas turísticas en la Universidad de Málaga.

"Airbnb puede plantear la ilegalidad de la medida, pero tiene el no de la justicia, que se ha pronunciado a favor de Consumo. Es una batalla perdida", vaticina Rubén Sánchez, para luego añadir: "Las empresas de este tamaño suelen recurrirlo todo, aún así, no deja de ser un primer paso para más sanciones contundentes en este sector". La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido por su parte "coordinación" entre las distintas administraciones para aumentar "los medios de control y sanción" y regular el mercado turístico: "Todavía queda mucho por hacer". 

Los sindicatos piden el "cierre" de todos los pisos turísticos

Consumo ha denunciado que cada día más personas "son expulsadas" de sus casas y ven cómo sus ciudades "se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión", una máxima que comparten desde los movimientos sociales. "Airbnb es uno de los grandes actores culpables de la gentrificación en nuestros barrios. Es urgente acabar con este tipo de alojamientos cuyo uso es antisocial. No falta oferta, la oferta está secuestrada en manos de los rentistas a través de estos pisos turísticos", denuncian en un comunicado conjunto los Sindicatos de Inquilinas. El colectivo pide el "cierre" de este tipo de negocios y advierte: "No vale únicamente con eliminar su publicidad".

"La solución pasa por regular los usos de la vivienda, es decir, impedir los alquileres turísticos o de temporada por mero afán especulativo o para evadir la normativa y que los inquilinos no tengan derechos. Esto se corrige con una regulación que garantice la función social de la vivienda", plantea Javier Gil. El investigador considera que en el contexto actual, "los precios del alquiler son tan elevados" que los propietarios de las viviendas turísticas "ilegales" no tendrían ningún problema en pasarse a un mercado residencial "que también les reportaría una rentabilidad desorbitada". Alejandra Jacinto suscribe esta tesis y propone una "innovación jurídica" que contemple entre las sanciones por "el uso indebido de la vivienda" impedir su entrada al mercado residencial. 

La cifra podría superar las 66.000

Las autoridades competentes no descartan que el número total de pisos turísticos que se anuncian de manera fraudulenta en Airbnb y otras plataformas digitales sea más elevado y ponen como ejemplo el caso de Madrid. La Unidad de Análisis de Consumo detectó hace un mes 15.200 alojamientos ilegales en la capital por "no contar con la licencia habilitante" para llevar a cabo su actividad. La comunidad, sin embargo, permite en su normativa autonómica publicitar inmuebles sin el número de licencia correspondiente, "no siendo, por tanto, una infracción en materia de consumo", señalan desde la cartera. Esto quiere decir que buena parte de las viviendas identificadas quedarían fuera de los 65.935 pisos sancionados este lunes, donde sólo figuran los que incurren en alguna otra infracción de la normativa de consumo, como el hecho de no identificar correctamente la naturaleza jurídica del infractor o de mostrar un número de licencia falso.