El Defensor del Pueblo pide blindar la vivienda pública y más "agilidad" en las adjudicaciones

El Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones competentes "aumentar significativamente el número de viviendas públicas destinadas al alquiler", todavía lejos de la media europea. Ángel Gabilondo ha recordado además que "los problemas de acceso" a un hogar "llevan tiempo reflejándose en las quejas que recibe" la institución, tal y como constata el Informe anual de 2024. La Comunidad de Madrid y Catalunya son los territorios con más expedientes registrados en materia de vivienda; un dato que coincide con el de las zonas más golpeadas por la emergencia habitacional.

El organismo pone el foco asimismo en la importancia de que "los procedimientos de adjudicación de vivienda pública" sean "ágiles y transparentes", por eso considera que debe existir "un baremo reglado y público" para evitar la inseguridad jurídica y la "desconfianza" de los solicitantes. Público ha recogido durante los últimos meses los testimonios de familias que llevan hasta seis años esperando por un alquiler social, enmarañadas en un largo proceso de trámites burocráticos y tratando de esquivar la sombra del desahucio. 

"Es necesario que los participantes en dichos procedimientos sean seleccionados de acuerdo con unas normas que atiendan a sus circunstancias materiales –económicas, sociales o familiares–, sin que las trabas burocráticas les priven de su participación en los procesos de adjudicación", insiste el informe publicado este martes por el Defensor del Pueblo. La institución pone como ejemplo los "problemas" y "fallos" detectados en el proceso de presentación de solicitudes del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. 

El organismo que dirige Ángel Gabilondo también ha observado "deficiencias" en la regulación y la redacción del reglamento para el registro permanente de demandantes de vivienda protegida en el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio presume en su página web de haber "incrementado su parque público de vivienda en alquiler asequible un 47%" desde la llegada a la Alcaldía de Almeida. El problema es que los pisos protegidos acaban privatizados al cabo de un tiempo –generalmente, diez o 15 años– y pueden venderse en el mercado convencional.

El Defensor del Pueblo ha destacado en este sentido la necesidad de que "las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler frente a la compra, y estén sujetas a un régimen de protección permanente". España tiene sólo un 3,3% de vivienda social, cuando la media europea ronda el 9,3%, según datos recientes de Provivienda. El hecho de permitir su liberalización explicaría en parte esta brecha en las estadísticas.

La emergencia de los desahucios

El informe también confirma un incremento de las actuaciones llevadas a cabo por el organismo en relación con los desahucios: 102 expedientes registrados en 2024, frente a los 60 del año pasado. "Las familias carecen de información sobre los recursos y servicios de su localidad a los que pueden acudir", reza el texto, que relaciona esta emergencia con la falta de alquileres sociales.

"La escasez de vivienda pública destinada a atender este tipo de situaciones, así como los tiempos excesivos en que incurren las administraciones para adjudicar una vivienda en estas circunstancias, pueden suponer que las personas afectadas deban solicitar a los ayuntamientos prórrogas para su estancia en los recursos residenciales temporales de urgencia que les han ofrecido (...) o que pasen de un recurso a otro cuando agotan los tiempos máximos", continúa el organismo. España cerró el año con 27.567 desahucios, un 3,4% más que en 2023.