"Lo estamos pasando fatal, tenemos problemas para dormir y las niñas han cambiado sus conductas. El acoso de las vecinas nos afecta también a nivel familiar, no podemos estar en las áreas comunes, nos tocan a la puerta, nos insultan. La situación es realmente desagradable, pero los precios de la vivienda están imposibles y si nos expulsan, no tenemos dónde vivir". Daniela lleva cuatro años en el número diez de la calle El Yesero; los tres últimos, peleándose con algunas vecinas y con la burocracia para conseguir un alquiler asequible. Este martes se enfrentaba a su tercer intento de desahucio; "el definitivo". La comisión judicial y los antidisturbios llegaron a primera hora de la mañana para expulsarla del que, hasta ahora, era su hogar.

El bloque forma parte de una urbanización con piscina y portero entre Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, uno de los distritos que más ha crecido en la periferia de Madrid. Los inquilinos tenían contratos de alquiler con las antiguas promotoras antes de su quiebra, pero ahora, quien gestiona las viviendas es la Sareb. El banco malo recuerda en una conversación con Público que "esta es la tercera fecha de lanzamiento" y explica los motivos de su decisión: "Los dos [desahucios] anteriores se han paralizado para estudiar de manera pormenorizada cada uno de los casos; algunos vecinos han firmado sus contratos de alquiler social y los que no han recibido su contrato, incumplen alguno de los requisitos".

El 10 de abril de 2024, "hace casi un año", tuvo lugar el primer intento de desahucio, con una veintena de familias afectadas. La comisión judicial terminó suspendiéndolo y regresó tres meses después, justo el 10 de julio. La Sareb volvió a solicitar por segunda vez el aplazamiento al estar "negociando una solución extrajudicial con los ocupantes de las fincas". Las conversaciones se saldaron, tal y como confirman ambas partes, con ocho nuevos contratos y siete órdenes de lanzamiento; por el medio, han caído varias familias que han decidido abandonar el bloque por la presión y el "hostigamiento" de "varias vecinas", según detallan desde la plataforma provivienda Plan Sareb. 

El banco malo considera varios requisitos antes de aceptar o rechazar las solicitudes de alquiler de sus potenciales inquilinos. La falta de colaboración es uno de ellos, pero los activistas consideran que ninguna de las familias comete aquí infracciones: "Llevamos todo el año actualizando la documentación requerida, las empresas mediadoras han visitado los domicilios y han tenido entrevistas con los candidatos". El otro condicionante es la existencia de situaciones conflictivas, un dato "significativo" para comprender lo que ocurre en El Yesero.

"Las vecinas utilizan este argumento para entorpecer las negociaciones; tenemos propietarias que han contactado con empresas de desokupación y han llegado a proponer una votación para prohibir los pisos sociales en el edificio. Es cierto que son una minoría, pero hacen mucho ruido y consiguen la atención de la prensa sensacionalista", insisten fuentes del colectivo, para luego añadir: "No podemos permitir que una vecina clasista y racista frustre el acceso de varias familias con menores a un alquiler social". Las propietarias en cuestión han presentado varias querellas contra los inquilinos que siguen pendientes de regularizar su situación, "todas ellas sobreseídas", precisan desde Plan Sareb. 

Las personas que dicen sufrir estas situaciones de "acoso" también han presentado sus respectivas denuncias, tal y como ha podido comprobar Público. "Desde que tuvieron conocimiento de la suspensión del desalojo y del inicio de una vía negociadora con la propiedad (...) un grupo de vecinos ha intensificado hasta límites insoportables una campaña de hostigamiento, coacciones e injurias, acompañada de amenazas en la puerta de nuestro domicilio, que nos ha provocado numerosos trastornos psicológicos y personales, especialmente a nuestras hijas menores de edad", relata una de las familias en una demanda a la que ha tenido acceso este diario.

Las mismas vecinas trataron de "impedir el acceso" de las familias a sus propios domicilios "mediante el tapiado" de sus puertas; sucedió la misma noche en la que el banco malo decidió aplazar los lanzamientos, según consta en otras dos querellas. "Los agentes cogieron in fraganti a las personas que estaban tapiando las puertas", continúa el escrito. Los afectados también notifican "insultos" y una cascada de "bulos" en los medios de comunicación, "intentando justificar así el intento de desalojo ilegal" que, según cuentan, orquestaron dos de las propietarias. Estas denuncias no han sido archivadas y siguen su curso en los juzgados.

"Es angustioso, queremos un acuerdo"

Fuentes de la Sareb han confirmado a este medio que "en tres de los pisos no se ha encontrado ningún enser, figuran como vacíos" y los otros cuatro "no cumplen los requisitos exigidos". Los activistas y las familias afectadas, sin embargo, han reivindicado hasta el último momento su derecho a permanecer en las viviendas. "Los ocho que han firmado sus contratos tienen condiciones similares, no entendemos por qué unos sí y otros no. Si el motivo son los argumentos clasistas y racistas de una minoría activa de propietarios, estaríamos hablando de un mal precedente, unas prácticas de guerra entre pobres", advierten desde Plan Sareb. 

Los activistas denuncian también que "algunos pisos están saliendo a la venta", cuando deberían mantenerse como activos de la empresa pública de vivienda. La Sareb desmiente esta información y asegura a Público: "Los dedicaremos a alquiler social o asequible". La compañía, además, remarca que "la conflictividad está acreditada" más allá de las alegaciones de "dos o tres propietarias"; las voces consultadas por este medio, sin embargo, comparten sus dudas: "No parece casualidad". Daniela y otros siete vecinos se han quedado en la calle poco antes de las 11.30: "Es una barbaridad. La Sareb ha desahuciado a familias con menores, que no tienen ingresos, están en una situación de vulnerabilidad absoluta, no tienen a dónde ir".