"Llevamos tres décadas en el mismo piso, renovando los contratos cada cinco años, pero siempre con la garantía de que nos íbamos a morir aquí. La propia administración nos lo decía, teníamos una relación excelente. La cosa cambió cuando [los dueños] pusieron la gestión en manos de un fondo buitre". Carmen Luque y su marido llegaron al edificio en 1992; han sobrevivido a una crisis, cinco gobiernos y un confinamiento. "Si nos llegan a decir que perderíamos la casa ahora que estamos los dos jubilados... Lo pienso y me parece una broma", reconoce.

El edificio tiene 28 viviendas y está en pleno barrio de Chamberí (Madrid). "Tenemos vecinas de más de 80 años que han nacido aquí", relata. Los propietarios han expulsado a una docena de familias en los últimos meses; la otra mitad cuenta los días para hacer las maletas y abandonar el barrio –"cuando no la ciudad"–.

Almudena fue una de las primeras afectadas. En diciembre de 2023 recibió un burofax, al que ha tenido acceso Público. "Ella pensó que era una carta para la renovación, de hecho, ni siquiera contestó", recuerdan sus vecinas. El fondo buitre Savills informaba en el documento de la rescisión del contrato y marcaba una "fecha máxima" para "abandonar el inmueble". Almudena entregó las llaves del piso el pasado mes de junio; tuvo que cambiarse de barrio, consiguió un apartamento "más pequeño" en Prosperidad. "Es una de las pocas que ha podido mantenerse en la capital, casi todos los demás han tenido que irse fuera", insisten sus vecinas.

Margo Cabeza será una de las próximas en dejar el número 8 de Modesto Lafuente; todavía no le ha llegado el burofax, pero espera recibirlo en las próximas semanas. La inquilina trabaja como restauradora y lleva en el bloque desde 1999. "Entré pagando menos de 100.000 pesetas; ahora pago el doble. En la pandemia mis amigos me decían que el alquiler era carísimo; ahora, los mismos amigos me dicen que es un chollo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La gente se ha vuelto loca", advierte. Margo tiene su propio taller en el piso, los clientes son principalmente gente del barrio. "No sé si va a ser posible empezar otra vez de cero", lamenta. 

Los dueños del edificio tienen otros cuatro bloques en propiedad, además de media docena de inmuebles repartidos por la capital. "El objetivo es expulsarnos de nuestras casas para llenarlo todo de pisos turísticos. El negocio ahora mismo les da dinero, pero quieren más y lo quieren rápido. Lo que pagamos nosotros por un mes de alquiler, puede pagarlo un turista por una semana de vacaciones. Y si cada piso lo divides en dos o tres apartamentos, imagínate. La codicia está acabando con todo", denuncian las afectadas. Almeida tiene previsto aprobar en los próximos meses una nueva normativa que sólo va a permitir los pisos turísticos en edificios completos de la zona centro. Los grandes especuladores tendrán vía libre para comprar fincas enteras, rehabilitarlas y ponerlas luego en Airbnb. 

Savills no se ha puesto en contacto con la comunidad "en ningún momento"; hizo un pequeño amago cuando los vecinos empezaron "a escuchar rumores" y decidieron movilizarse. El portero les repartió entonces un "escrito anónimo" donde el nuevo equipo de gestión facilitaba un correo electrónico y un teléfono de contacto, tal y como ha podido comprobar este diario. "La propiedad no se digna a darnos explicaciones. Lo hemos intentado por teléfono e incluso por carta", defiende Margo. Las inquilinas solicitaron un encuentro con la compañía "a la mayor brevedad posible" tras recibir los primeros correos, hace ocho meses. El fondo buitre todavía no les ha dado respuesta. 

"El barrio ha crecido gracias a nosotras"

Carmen y Margo llevan casi tres décadas viviendo una encima de la otra; compartiendo barrio, escalera y conversaciones de ascensor. Este verano posiblemente sea el último que pasen puerta con puerta. "La verdad es que nunca hemos sido un edificio con mucha vida comunitaria, pero nos ha unido la lucha contra la especulación", reconoce la primera. "Este barrio ha crecido gracias a gente como nosotras, que hemos mantenido los comercios y las tiendas, hemos salido por la zona. Lo que quieren hacer es una barbaridad, van a convertir las ciudades en guetos", presagia la segunda. 

El Gobierno de la Segunda República levantó el edificio para ofrecer "casas asequibles" a las familias trabajadoras y habitar el barrio, conseguir que la ciudad creciera. Lo hizo mediante la Ley Salmón, una de las grandes normas de la época. "Y ahora, de repente, nos expulsan; la finca dejará de cumplir su función original", critican las inquilinas. Los dueños del bloque han tomado como referencia la fecha de renovación de los contratos para proceder a los desalojos. Carmen ha sido una de las últimas en firmarlo, hace tres años. En 2027 habrán pasado los cinco años que marca la normativa estatal; para entonces, todas las plantas estarán llenas de viviendas turísticas o pisos de lujo.

"No me puedo plantear una mudanza en estos momentos. Mi marido tiene 82 años, está delicado de salud. Los precios se han triplicado y necesitamos una farmacia, un hospital y unos servicios básicos cerca. Es absolutamente imposible marchar a otro sitio, tenemos aquí todos los médicos, a menos de diez minutos caminando", matiza Carmen, para luego añadir: "Cuando escuchas hablar del problema de la vivienda piensas que no eres una persona vulnerable, pero ahora mismo, todos lo somos". La vecina tiene claro que si su situación personal no cambia, resistirá en Modesto Lafuente: "Si nos quieren echar, que nos desahucien". 

La relación entre propietarios e inquilinos se ha enfriado durante los últimos meses; tanto que los pocos que siguen en el edificio dicen sentirse humillados: "Pasamos de tener un trato familiar y cercano a ser como hormigas, como cucarachas. La familia ha cimentado su negocio con nuestro dinero; los pisos los hemos ido arreglando nosotros, con nuestros ahorros. ¿Y nos lo devuelven así?". El golpe final ha llegado este mes de enero, cuando los vecinos se dieron cuenta de que alguien había cambiado la titularidad de los suministros. "La compañía nos mandó un mensaje preguntando por qué nos habíamos dado de baja, sinceramente, pensé que era una estafa, pero después de un trabajo casi de detectives, descubrimos que había sido la propiedad. No sabemos cómo lo hicieron, han tenido que suplantar nuestra identidad", expone Carmen.

Madrid se ha convertido en una "auténtica jungla"; una ciudad prácticamente imposible para buscar piso. Carmen y Margo todavía no han encontrado nada "con un precio similar", ni en la zona centro, ni en la periferia. La primera dedica "la mitad de la pensión" a pagar el alquiler y los suministros. La segunda trabaja como autónoma, sus cuentas cambian todos los meses. El horizonte no está nada claro, pero cuando se les pregunta qué van a hacer este fin de semana, responden de manera tajante: "Este domingo nos vemos en las calles, tenemos las pancartas preparadas para participar en la manifestación y reivindicar nuestros derechos. Las ciudades son para vivir, las mantenemos con nuestro esfuerzo, no son para especular".