La semana pasada la patronal inmobiliaria y el brazo político del rentismo asestaron un duro golpe a las más de 58.000 familias que tienen sus procedimientos de desahucio suspendidos por encontrarse en situación de vulnerabilidad y carecer de vivienda alternativa adecuada, así como a todas aquellas personas- consumidores vulnerables- a las que, en principio, no se les podía privar de los suministros básicos como el agua, la luz o el gas.  

Así fue como el capital especulativo a través de su representación política en el Congreso de los Diputados encarnada por el triunvirato conformado por el Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de la prórroga del denominado escudo social hasta el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, la legislación que permitía a los Juzgados valorar las circunstancias en juego de cada procedimiento de desahucio y suspenderlos ha decaído y con ello miles de personas se han quedado a los pies de los caballos.

Hace pocas horas conocíamos que el Gobierno acaba de llegar a un acuerdo con Junts para la reactivación de dicha protección, por lo que- según dicen las informaciones- el Gobierno de coalición volverá a presentar la medida en un nuevo decreto ómnibus que deberá ser convalidado en los próximos treinta días en el Congreso.

Si eso no sucediese, se reactivarían miles de procedimientos de desahucio que podrían conllevar las expulsiones- sin alternativa habitacional- de miles de familias a la calle como consecuencia de un mercado del alquiler absolutamente asalvajado, donde opera la lógica del “sálvese quien tenga” y donde los precios de los alquileres se han cuadruplicado en la última década y son inasumibles para cualquier familia trabajadora, máxime si se trata de jóvenes, normalmente con menos poder adquisitivo. No en vano, el último informe del Consejo de la Juventud de España arroja un dato demoledor y es que la tasa de emancipación juvenil en España se sitúa en el 16,3%, muy alejado de la media de la Unión Europea que se sitúa en el 31,9%.

Los jóvenes no pueden independizarse y cuando lo hacen pagan de media 944€ al mes, un 94% del salario mediano de una persona joven. Un disparate.

Parece obvio que, ante la vorágine especulativa en la que nos encontramos sumidos, la avaricia rentista, la falta de aplicación y desarrollo de la Ley de Vivienda en vigor, el boicot activo por parte de los Gobiernos autonómicos del Partido Popular y VOX, el desvío fraudulento de miles de viviendas que se detraen del mercado residencial estable y se destinan a alquileres de temporada, habitación o viviendas turísticas, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a ese coctel perfecto que puede llevarse por delante los hogares y los proyectos vitales de tanta gente. Ante este panorama es clamorosa la necesidad de un Estado fuerte que intervenga, se coloque inequívocamente del lado del derecho a la vivienda y deje de mirar por los intereses económicos del rentismo y sus múltiples formas de reproducción.

Estos días hemos podido leer decenas de comentarios que apelan a la inseguridad jurídica que supuestamente producirá -para los inversores- normativa como la que acaba de decaer que veremos si finalmente se prorrogará. Sin embargo, la inseguridad que debiera preocuparnos-como sociedad- salvo que seas el CEO de una empresa de promoción y gestión inmobiliaria, es la inseguridad residencial que padece una familia a la que le acaba de llegar un burofax donde su casero le indica que o paga 300€ más o se va a la calle, o sencillamente le comunica que ya no le renueva el contrato más, porque claro es mucho más rentable alquilarlo por temporadas o por habitación.

¿Para qué sirve el Estado si no es para proteger a la población de esas lógicas especulativas que sólo hablan de rentabilidad y activos inmobiliarios, en vez de personas, casas y hogares? Si no respondemos adecuadamente a esta pregunta, luego nos preguntaremos que por qué ganan personajes como Trump, Milei o Ayuso en Madrid.

La primera “moratoria de desahucios” entró en vigor durante la pandemia, en marzo de 2020, amparándose en las razones obvias de extraordinaria y urgente necesidad para que no te echasen de tu casa. Sin embargo, esa moratoria y sus sucesivas prórrogas, lejos de ser una panacea, ha dejado fuera muchas situaciones, dado que el margen de discrecionalidad de jueces y juzgados para considerar que una familia estaba en situación de vulnerabilidad era y es demasiado amplio. Tan es así que muchos desahucios se han seguido ejecutando hasta la fecha, como el de Mariano, la semana pasada en Vallecas.

La emergencia habitacional en la que estamos inmersos, la imposibilidad real de acceder a una vivienda como consecuencia de la burbuja de precios en la que nos encontramos y la ausencia de un parque de vivienda público, son razones urgentes que justifican ya no sólo la prórroga de una medida así si no la mejora de la misma para contemplar más situaciones que ahora mismo no se ven amparadas por la legislación existente.

El Gobierno está ante la oportunidad no sólo de no retroceder si no de avanzar suspendiendo todos los desahucios sin alternativa habitacional , prorrogando de forma automática todos los contratos de alquiler en vigor – como se hizo durante la pandemia- y desarrollando mecanismos sancionadores para aquellos incumplidores de la Ley de Vivienda como acaba de suceder en Cataluña.

Ya está bien de premiar al rentismo vía exenciones fiscales o vía "seguro de impago" para el casero; para eso ya está el Partido Popular. Es hora de proteger, de verdad y sin complejos, a la ciudadanía. Que, por cierto, estamos hartas, cansadas y desafectas y volveremos a movilizarnos el próximo 9 de febrero en Madrid para recordarlo. Al fin y al cabo, son nuestras vidas las que están en juego.