La lucha para defender el derecho a la vivienda busca unirse en Catalunya en una estructura confederal

La dificultad para acceder a una vivienda digna es ya la principal preocupación de los catalanes, por encima de la insatisfacción política y la inseguridad ciudadana. Así lo constató el último Barómetro del CEO, con datos recogidos el mes previo a la gran manifestación que exigía una rebaja de los alquileres. La vivienda se ha convertido en un grave problema a raíz de las nuevas formas de especulación, pero, al mismo tiempo, las entidades que la defienden también se han fortalecido. Cinco años después del primer Congreso de Vivienda de Catalunya, celebrado en noviembre de 2019, el movimiento se reorganiza para llevar a cabo un segundo encuentro, previsto para este fin de semana en el centro cultural Roca Umbert de Granollers.

Según la portavoz del segundo congreso, Marta Espriu, se trata de un "espacio de encuentro" para todo el sindicalismo de la vivienda de Catalunya. "La gente del movimiento nos encontramos en desahucios, nos conocemos, y surgió la necesidad de reunirnos de nuevo para abordar cuestiones que habían quedado abiertas en el primer congreso", afirma. En otoño de 2022 se convocó la primera reunión para impulsar el segundo encuentro, que, después de mucho trabajo, se hará realidad esta semana. Sin embargo, ¿por qué ha tardado tanto en concretarse?

"Para el grupo motor era esencial no solo interpelar todo el movimiento para que participara en la reunión, sino incluirlo en el proceso previo, que también ha sido muy importante. Queríamos llegar al congreso con la propuesta de crear una organización conjunta de carácter confederal y, para ello, se realizaron toda una serie de debates territoriales, debates monográficos, abiertos a todos, desplegados por toda Catalunya", explica a Público Espriu, quien admite que ha sido un proceso "larguísimo".

¿Qué plantea este segundo congreso?

La necesidad de celebrar un segundo congreso nace de la "sensación generalizada" de que el movimiento tiene una "limitación organizativa". "Las lógicas localistas con las que habíamos trabajado ya no acaban de funcionar porque el conflicto de la vivienda es una lucha de clases que se está intensificando y que se vive cada vez de manera más cruda", lamenta. Ante esta realidad, el sindicalismo llega con una propuesta ambiciosa: crear una organización conjunta con estructura confederal.

En caso de que se aprueben las ponencias, se caminará hacia este objetivo, se crearán comisiones conjuntas y se pensará de qué manera se puede organizar el movimiento en todo el territorio. "Se trata de poner la inteligencia colectiva al servicio de la lucha. Por ejemplo, una de las cosas que está sobre la mesa es la posibilidad de trabajar conflictos por propiedades en Catalunya. No podemos agrupar 400 casos de La Caixa si no tenemos unas lógicas organizativas formadas", advierte.

"Se trata de poner la inteligencia colectiva al servicio de la lucha por la vivienda"

Espriu asegura que una treintena de colectivos está a favor de confederar el movimiento, pero admite que no todos están comprando la propuesta. El debate político está servido: ¿el movimiento por la vivienda debería ser un frente de masas o un partido? Según la portavoz, es una conversación que no se ha resuelto, pero que precisamente el congreso está para eso, para definir cómo debe ser la herramienta "para derribar el sistema capitalista" y cómo debería relacionarse con las entidades que no quieran confederarse.

En el comunicado que se publicó en junio de 2024, el grupo motor del segundo congreso ya manifestó que era necesario "construir una organización con capacidad estratégica, que pueda ser un proyecto de masas que interpela al conjunto de las clases populares, capaz de construir una fuerza real, de hacernos avanzar en la lucha de clases y de disputar las bases políticas y materiales del orden capitalista".

Además de este planteamiento que vertebrará el programa, también se abrirá una ventana para hablar de las relaciones con el sindicalismo laboral y con las estructuras populares, es decir, con las escuelas, los centros sociales, etc. En el encuentro también participarán colectivos de vivienda de todo el Estado español para compartir sus experiencias, así como un grupo de docentes que defenderán unas condiciones residenciales dignas para garantizar que los niños tengan un aprendizaje adecuado.

¿Por qué unificar el movimiento?

El movimiento por la vivienda se organizó de manera más formal aproximadamente hace 15 años, con el nacimiento de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), a consecuencia de las ejecuciones hipotecarias posteriores a la crisis de 2008. Estas entidades fueron referentes durante mucho tiempo, pero poco a poco fueron surgiendo otras asambleas y colectivos que trabajaban para garantizar el acceso a una vivienda digna, ya fuera a través de la propiedad o del alquiler.

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El congreso de 2019 se celebró en un momento en que un gran número de personas luchaban por el mismo objetivo, pero desde contextos muy diferentes. Allí surgió la primera chispa de encontrarse, compartir sinergias y buscar herramientas compartidas para hacer frente a la problemática creciente de manera cohesionada.

De aquel primer encuentro surgió, por un lado, una campaña unitaria llamada "Guerra Cerberus", que quería combatir todos los casos del fondo buitre Cerberus, que entonces tenía mucha presencia en Barcelona. Lamentablemente, esta propuesta no se pudo desarrollar como estaba previsto porque estalló la pandemia de la Covid-19. "La campaña no funcionó como estaba planteada, pero sí que hubo acciones en algunos lugares, como por ejemplo la ocupación de las oficinas de Cerberus en la avenida Josep Tarradelles de Barcelona, al lado de la estación de Sants", explica.

En el primer congreso nació una campaña contra el fondo buitre Cerberus, que no se desarrolló del todo a causa de la pandemia

Por otro lado, también nacieron dos comisiones que "han perdurado casi hasta ahora". Se desarrolló una comisión de formadores, encargada de pensar sobre qué se quería formar el movimiento y de preparar las formaciones; y una comisión jurídica, que ofrecía un asesoramiento y apoyo a las entidades y a los vecinos afectados.

¿Qué ha cambiado desde el primer encuentro?

Si al inicio todo el movimiento por la vivienda mostraba músculo contra las ejecuciones hipotecarias, en 2019, cuando se celebró el primer congreso, el foco ya se estaba trasladando a los alquileres. Todavía hay familias desahuciadas porque no pueden pagar la hipoteca, pero los fondos de inversión han atacado muy severamente Catalunya en los últimos años. Casa Orsola es un ejemplo paradigmático: el intento de desalojo de uno de los vecinos para alquilar su piso a precio de lujo por temporada ha despertado una movilización ciudadana masiva.

"Vemos cómo la especulación ha crecido en Barcelona o en Girona, también con la aparición de plataformas como Airbnb, que fomentan los pisos turísticos de manera completamente descontrolada. Todo esto se ha ido haciendo más grande y ha habido una falta muy fuerte de legislación reguladora para la vivienda", argumenta Espriu. De hecho, según un informe que publicó la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) en diciembre, hay un 31% de viviendas "especulativas" en la capital catalana que contribuyen a aumentar los precios de venta de todo el mercado.

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Víctor López

La portavoz destaca que, en los últimos tiempos, "se están dando formas de explotación de pisos cada vez más innovadoras", como los co-livings y el alquiler de temporada, que inflan los precios a cifras desorbitadas. Si nos fijamos en los datos de Barcelona, los alquileres han subido un 70% en la última década, cuatro veces más que los sueldos. "Al principio todo la lucha de clases se basaba en un jefe que explotaba a un trabajador en situación de precariedad, pero en algún momento los propietarios se dieron cuenta de que solo explotando los pisos ya tenían suficiente para enriquecerse", concluye.

La presión social consiguió que se aprobara la Ley catalana de la Vivienda, que fue congelada y posteriormente reemplazada por una ley estatal en 2024. Esta establecía un límite a los alquileres en zonas tensionadas, permitiendo a cada comunidad autónoma decidir si la aplicaba y cómo lo hacía. La medida logró reducir los precios de los alquileres un 5% en los tres primeros meses después de su aplicación en determinados puntos de Catalunya, pero los propietarios pronto encontraron nuevas formas de evitar el tope y triplicar sus beneficios.