El Constitucional tumba parte de la ley catalana que permitió rebajar los alquileres

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado parcialmente la Ley catalana de regulación de los alquileres después de estimar parcialmente el recurso presentado por el PP cuando se aprobó, en septiembre de 2020, bajo el argumento de que invade competencias estatales. En una decisión tomada por unanimidad, el TC ha aceptado el recurso, que fundamentalmente se centraba en siete artículos que regulan lo que la ley establece como mercados de áreas tensionadas en las que se aplica un tope al precio del alquiler. Este límite de precio lo fijaba la Generalitat, previa declaración de cada municipio afectado como zona tensionada.

La resolución todavía no se ha publicado oficialmente, pero la ha confirmado el Sindicat de Llogateres, la entidad que más se movilizó para que la regulación del precio de los arrendamientos se convirtiera en una realidad. Cuando se haga pública será cuando se anule parte de la normativa, que afectará, sin duda, a algunos de sus aspectos más trascendentes.

En un comunicado, el Sindicat de Llogateres ha condenado que el TC "tumbe las decisiones del Parlament de Catalunya y recorte el derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobby inmobiliario". Y añade que la regulación de alquileres "es una herramienta efectiva para bajar el precio de los alquileres y ha beneficiado a más de 160.000 familias de inquilinos en el último año, bajando los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana".

Posteriormente, la entidad ha comparecido en el Parlament acompañado de los cuatro partidos que aprobaron la ley -ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem-. Enric Aragonès, uno de sus portavoces, ha insistido en que "la aplicación de la Ley 11/2020 ha sido un éxito: ha bajado los precios de los alquileres cada trimestre y ha subido el número de contratos firmados hasta cifras históricas". Y ha añadido que incluso ayuntamientos gobernados por partidos que se opusieron a ella -como el PSC o PP, que tenía la alcaldía de Badalona cuando se empezó a aplicar la normativa-, se declararon zona tensionada, de forma que pudiera beneficiar "a sus vecinos".

Movilización el sábado

Carme Arcarazo, también portavoz del Sindicat de Llogateres, ha anunciado la convocatoria de una concentración para este sábado a las 18:00 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona para mostrar el rechazo a la sentencia del TC y defender la necesidad de una regulación de los alquileres. Para Arcarazo, el Constitucional "ha hecho el trabajo sucio a la patronal inmobiliaria y lo ha hecho una vez más recortando el derecho a la vivienda".

"Ahora tocará defender la regulación donde haga falta", ha proclamado Arcarazo, quien ha añadido que "nadie dude que lo volveremos a hacer, volveremos a regular los alquileres", además de pedir a las personas afectadas por futuros incrementos que se pongan en contacto con la organización antes de optar por dejar la vivienda.

Un tribunal "al servicio de los fondos buitres"

Como era de prever, los cuatro partidos que votaron a favor de la ley han mostrado su desacuerdo con la decisión del Constitucional y se han comprometido a buscar formas de superarla y volver a regular el precio de los arrendamientos, aunque con matices distintos.

Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el "TC ha frenado una vez más una propuesta surgida desde el Parlament que servía para avanzar", mientras que la diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha hablado de la "genuflexión constante del PP, el PSOE y el TC ante los grandes mercados internacionales y fondos buitres que ven la vivienda como un gran mercado del que sacar réditos económicos". En la misma línea, la diputada de En Comú Podem Susanna Segovia ha manifestado que "una vez más el TC ha sido la herramienta del PP para ponerse al servicio de los especuladores, los fondos buitres, las socimis y todos aquellos que se enriquecen con el derecho a la vivienda".

Voluntad de tirar adelante una LAU catalana

Vilalta ha recordado que la ley surgió de un "amplio consenso" político y ciudadano -tenía el aval de 4.000 entidades- y "ha servido para evitar la especulación", además de impedir la expulsión de inquilinos, que ya no se veían afectados por encarecimientos de la renta. A partir de ahí, ha reclamado que tener la "soberanía de nuestro país", es decir, la independencia, es clave para poder "garantizar los derechos de nuestra ciudadanía".

Además, también se ha mostrado partidaria de tirar adelante una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) catalana, de modo que no dependa, como ocurre, de una normativa estatal. Vinyets (CUP) ha defendido también una LAU propia que permita una regulación de precios más ambiciosa que la normativa tumbada y "parta de la idea de que toda Catalunya está en estos momentos en una situación tensa de vivienda". Y ha dado por seguro que, de salir adelante, supondrá una "una nueva confrontación con el Estado".

Aprobada con los votos de ERC, Junts, CUP y En Comú Podem

La regulación fue aprobada con los votos de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem en septiembre de 2020 en el Parlament, después de recibir el aval de 4.000 entidades sociales -entre las que se encuentran Òmnium Cultural, la PAH o el Observatori DESC, aparte del Sindicat de Llogateres-, mientras que se opusieron las patronales Foment del Treball y Pimec, los actores tradicionales del sector inmobiliario y el PSC, Cs y el PP. Desde que ha estado vigente, la regulación ha provocado una caída del precio allí donde se aplica, pero no se ha reducido la oferta, desmontando lo que pronosticaban sus detractores.

A grandes rasgos, la normativa implicaba congelar el precio de los arrendamientos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con el mercado más tensionado e incluso rebajarlo en aquellos inmuebles que tengan un precio superior a la media de su entorno. La ley también incorpora un régimen sancionador por los incumplimientos, de entre 3.000 y 9.000 euros para las infracciones leves y de entre 9.000 y 90.000 euros para las graves.