La Sareb pisa el acelerador para expulsar a inquilinos vulnerables: "Es negociar con la pistola del desahucio en la cabeza"

"¿Que cómo estoy? Pues creo que bien. Llevo mucho tiempo en la misma situación, casi cinco años, desde que entré en esta casa. No sé cuántos intentos de desahucio hemos superado; he perdido la cuenta, porque cada cuatro meses, me notifican uno nuevo". Ángel Iniesta vive sumido en un bucle que arrancó con la pandemia; tiene la sensación de que la historia se repite una y otra vez, consciente de que alguna puede ser la definitiva. La Sareb quiere expulsarlo de su piso en Puente de Vallecas (Madrid), alegando que no ha colaborado con las mediadoras [de la agencia]. "Es una excusa y, además, una excusa falsa", insiste.

La "excusa" le ha servido al banco malo para cerrar su expediente "de manera completamente arbitraria", justo cuando acababa de conseguir un alquiler social. "En un primer momento se lo negaron diciendo que no entraba en sus criterios de vulnerabilidad, unos criterios que nadie conoce. Y ahora que lo consigue, tienen que buscar otro argumento y dicen que no colabora...", denuncian desde el movimiento Plan Sareb. Este no es un caso aislado: la entidad semipública ha programado otros ocho lanzamientos en el barrio para las próximas cuatro semanas; "en total, nueve desahucios de familias que se hallan en pleno proceso de regularización". La compañía ha referido a Público una "situación de conflictividad" con el inquilino y "revisará" la documentación tras pedir finalmente la suspensión del lanzamiento.

Ángel trabaja como artesano y siempre ha vivido en el mismo barrio. "La pandemia ha sido dura. No podía vender lo que hacía y me quedé sin ingresos. Tuve la suerte de que me dieron las llaves para entrar en este piso", reconoce. La primera notificación sobre su propio desahucio le llegó "al poco tiempo" de mudarse. La última, este mismo año. 

"Lo que quieren es vender la casa conmigo dentro. Las dos personas [de una empresa de reformas] que se presentaron aquí, supuestamente para ver qué había que arreglar, intentaron sacar fotos de toda la vivienda, no sólo de los desperfectos. La estrategia resulta evidente...", advierte el inquilino. El desalojo también afectaría a su hijo, todavía menor de edad. 

"Las vecinas nos tratan y nos cuidan como si lleváramos aquí toda la vida, puedo dejar la puerta [del piso] abierta y salir, que me quedo tranquilo. Lo único que pido es que me dejen pagar un alquiler. No tengo alternativa y la que pueda tener, vendrá de la asamblea. Si no fuera por la asamblea...", desliza, visiblemente emocionado. La PAH de Vallekas lleva negociando este caso desde que tuvo conocimiento y pide paralizar el desahucio para retomar las conversaciones, "garantizando la colaboración de ambas partes". Los lanzamientos programados para este mes llegan en un contexto "cuando menos, sospechoso". El Gobierno anunció hace un par de semanas el traspaso inmediato de 13.000 activos del banco malo a la nueva Empresa Pública de Vivienda, "sin comunicárselo previamente a los cientos de personas que viven en estos inmuebles".

La "criminalización" de los vecinos del Yesero

En abril del año pasado, 30 activistas detenían el desalojo de 20 familias en el número diez de la calle El Yesero; una urbanización con piscina y portero en Villa de Vallecas. Los inquilinos tenían contratos de alquiler con las antiguas promotoras antes de su quiebra. Los pisos acabaron finalmente en manos de la Sareb. "Este verano hemos iniciado las negociaciones y algunos han firmado sus contratos, pero tenemos siete que siguen sin respuesta, quieren desahuciarlos a principios de marzo", señalan desde Plan Sareb. Los afectados prefieren mantenerse en el anonimato porque "tienen a dos o tres vecinos que los criminalizan, llaman a las empresas de desokupación y les hacen la vida imposible". 

La Sareb "aprovecha" las situaciones conflictivas para rechazar las solicitudes de alquiler de los potenciales inquilinos, un dato "significativo" para comprender lo que ocurre en El Yesero. "Los vecinos saben que esto funciona así y lo utilizan para entorpecer los avances; algunos propietarios han llegado a presentar una propuesta [en una junta] para impedir los alquileres sociales en el edificio. Es increíble, dicen que sus viviendas se desvalorizan..." añaden fuentes de la plataforma. Las familias afectadas han presentado toda la documentación y esperan seguir en el bloque, conscientes, no obstante, del modus operandi de la compañía: "La Sareb negocia con la pistola del desahucio en la cabeza".

Un bloque de Villalba, también en guerra

Los números 13 y 15 de la calle Real de Collado Villalba llevan casi dos años de litigios con el banco malo. El conflicto arranca en plena pandemia, cuando varias familias deciden ocupar los edificios –abandonados desde 2013– ante la falta de recursos económicos. La situación se agravó con el "incendio intencionado" de uno de los bloques, un incidente que la Sareb aprovechó para tapiar los accesos. "Muchos estábamos en vías de regularización, teníamos todos los papeles enviados a la gestora, pero después del incendio, no supimos nada más", relata una de las afectadas. Los inquilinos que siguen en el edificio tienen procedimientos judiciales abiertos; algunos están "empezando a firmar los primeros contratos", otros, tratan de esquivar la amenaza del desahucio. 

"Este martes uno de los vecinos tenía programado su propio lanzamiento, habíamos enviado toda la documentación, su vulnerabilidad estaba más que acreditada. La Sareb respondió cuatro días antes para decir que había recibido la información, pero no confirmó hasta este lunes la paralización del desahucio", recalcan desde el movimiento. Los inquilinos consideran que esta estrategia de presión sirve para hacerles "firmar los contratos más abusivos", con unas condiciones alejadas de los índices de referencia. Plan Sareb, además, denuncia las fallas del sistema: "No tiene sentido que una vez enviada la documentación y con las negociaciones avanzadas, lleguen órdenes de desahucio. Es una forma de humillarnos". 

El papel de la Empresa Pública de Vivienda

El Gobierno ha arrancado el año con un "importante" anuncio en materia de vivienda; una docena de medidas con las que busca enfrentar "uno de los principales retos de la sociedad española", la crisis habitacional. En este contexto, la Sareb incorporará "de manera inmediata" 13.000 inmuebles a la nueva Empresa Pública de Vivienda. Los activistas denuncian que "en muchos de estos pisos" viven ahora mismo familias con contratos sociales e inquilinos que luchan para regularizar su situación.

"Nos hemos enterado por la prensa de que ahora vamos a ser inquilinos de la Empresa Pública de Vivienda. La desconfianza es lógica, hace dos años también prometieron 50.000 pisos [del banco malo] para alquiler social y seguimos esperando; muchos, además, están destrozados, no valen para entrar a vivir. Lo mínimo sería tener una reunión", exigen desde Plan Sareb. La compañía sumará más tarde 15.000 viviendas y antes de 2027, otras 10.000. Los vecinos afectados piden explorar "fórmulas alternativas" para movilizar de manera "más justa y efectiva" el parque del banco malo.