Mariano, abocado al abismo: sin casa y acogido por una familia que tiene pendiente su propio desahucio

La primera vez lograron una prórroga de casi seis meses. La segunda, costó más, pero hubo una "pequeña" tregua. Y a la tercera, fue la vencida. Mariano Soler se ha quedado este miércoles en la calle. La fuerza vecinal no ha podido frenar su tercer intento de desahucio; el "más violento", el definitivo. 244 días separan el primer aviso, "una nota por debajo de la puerta", de la fecha en la que perdió su casa, su hogar durante más de medio siglo. Los informes de vulnerabilidad que han servido para paralizar el primer lanzamiento no han sufrido cambios; Mariano sigue sin ingresos, tiene problemas de tensión y duerme "enchufado" a una máquina de oxígeno. El sistema, sin embargo, ha preferido abandonarlo.

Mariano pasó la noche previa al desahucio en casa de una activista, tras varios días "sin pegar ojo" y tomando calmantes. La jornada se presentaba tensa; los antidisturbios llevaban días sacando fotos del portal, "vigilando el patio interior e inspeccionando los tejados", según cuentan desde la PAH de Vallekas. Los vecinos quedaron a primera hora de la mañana para tratar de bloquear los accesos, pero el despliegue policial "no auguraba nada bueno": siete lecheras, tres camiones de bomberos y un operativo del Samur Social. 

El reloj marcaba las 7.00 cuando tres activistas provivienda salían por las ventanas del número ocho de la calle Malgrat de Mar, en el barrio de Palomeras. Una cuerda los mantenía unidos a la puerta del domicilio; si los agentes entraban, ellos caían al vacío. "Ni siquiera esto nos funcionó. Los bomberos llegaron a poner, por orden de la Policía, una colchoneta en el suelo. El derecho a la propiedad privada no sólo está por encima del derecho a una vivienda digna, sino que también pesa más que el derecho a la vida", reconocen desde la PAH de Vallekas. El decreto ómnibus que han tumbado este miércoles PP y Junts incluía, precisamente, la "poca" protección que existía contra los desahucios.

Los efectivos que custodiaban la zona bajaron a los dos escaladores que estaban en la fachada exterior poco antes de las 9.00 horas. "Teníamos a otra compañera en la fachada interior. Los antidisturbios intentaron tumbar la puerta con una radial y tuvo que venir un mando de los bomberos a decirles que si lo hacían, ponían la vida de una persona en peligro", advierten las mismas fuentes. La comisión judicial llegó sobre las 9.30 y ni siquiera había pasado media hora cuando los policías accedieron al edificio. Como la puerta no era una opción, tuvieron que subir en una de las grúas y "forzar la ventana". La jornada se saldó con dos detenciones.

"El desahucio ha salido adelante gracias a los bomberos, que supuestamente están para salvar vidas, no para dejar a la gente en la calle", ha lamentado Mariano, poco después de conocer que había perdido su hogar. Carmen Elzaburu es la dueña del inmueble, una aristócrata de 94 años que tiene al menos 13 viviendas, cuatro cotos de caza y el lujoso club Puerta de Hierro, situado en una de las zonas más claras de la capital. Mariano, en cambio, creció en una familia humilde y llegó al barrio con sus padres durante la transición. Este miércoles ha perdido la que fue su casa durante 53 años. La odisea no acaba aquí: la activista que lo acoge en su casa tiene pendiente su propio proceso de desahucio.

"El sistema entero ha fallado"

Mariano está en "una situación jodida", no tiene ingresos y tampoco le han ofrecido más alternativas que "tres noches en una pensión". Mariví, también vecina del barrio, lo acogerá en su piso durante estas primeras semanas. "El problema es que ella tiene pendiente su propio desahucio; la casa está subastada y tenemos que esperar para ver si puede entrar en la moratoria hipotecaria", señalan desde la PAH de Vallekas. Mariano también había acogido en su momento a Juan, desahuciado hace tres meses. Los dos se han quedado este miércoles en la calle.

Mariví también milita en la PAH de Vallekas y tiene una amplia trayectoria en el activismo social. "La gente nos pregunta por qué no metemos a las familias desahuciadas en nuestras casas. Es un argumento para tratar de atacarnos, para intentar separar el activismo de las causas que se defienden. Lo que no saben es que lo hacemos continuamente, precisamente nosotros, los pobres", destacan las mismas fuentes. Carmen Elzaburu no sólo tiene, al menos, 13 pisos en propiedad, sino que también pertenece a la alta aristocracia madrileña y "tuvo relaciones con el franquismo".

Elzaburu ha ordenado el desahucio por unos supuestos impagos que el propio inquilino "siempre quiso resolver". Mariano cuenta que los propietarios "forzaron" esa deuda al impedirle abonar el alquiler en su cuenta bancaria. Lo mismo ha ocurrido con unos recibos de agua, según ha podido comprobar Público. "Los he pedido, pero no conseguimos que la administración nos pase ninguna factura ni nos proporcione una cuenta en la que ingresar el dinero", reconocía el afectado en una entrevista con este medio. Los movimientos sociales llevan tiempo denunciando este tipo de prácticas, que "buscan justificar procesos judiciales" y no cesan hasta que consiguen una orden de desahucio.

"El sistema al completo ha fallado, porque la legislación está pensada desde el punto de vista de los propietarios, también la normativa antidesahucios. Mariano demostró que la causa por impago la habían fabricado, pero al juez le dio igual. Luego presentamos todas las pruebas que acreditan que esta señora [la dueña] es una gran tenedora y que Mariano era una persona vulnerable; tampoco lo han tenido en cuenta. Las administraciones sirven a los intereses que sirven...", defienden desde la plataforma. Mariano agradece el apoyo de la PAH y promete seguir luchando: "La hostia ha sido grande, pero me voy a levantar".