La historia de una familia vulnerable a punto de perder su hogar: "Cuando te toca a ti, piensas que sobrevivir será imposible"

Ana Edith tiene 64 años y vive desde hace diez en Alalpardo (Madrid). La casa tiene tres habitaciones y dos plantas. "Llegué a hacer obras porque pensaba que la casa iba a ser mía para siempre", cuenta, mientras prepara una infusión para su hijo pequeño. El joven está a punto de terminar un ciclo de FP; lo compagina con sus prácticas en una farmacia de Alcobendas. "Le han dicho que en cuanto termine, lo pueden contratar", celebra su madre. El problema es que, para entonces, corren el riesgo de haber perdido su hogar.

La familia se mudó a la localidad madrileña en 2013. "El 29 de noviembre [de ese año] firmamos las escrituras, pagamos 40.000 euros y pedimos la subrogación de la hipoteca", recuerda. El escenario cambió cuando llegó la pandemia: Ana perdió el trabajo y su marido la abandonó. Los dos hijos mayores se habían independizado, pero los dos más pequeños –de 19 y 38 años– todavía seguían en casa. Los tres se enfrentaban este viernes a su segundo intento de desahucio. El lanzamiento se ha suspendido "cautelarmente" tras la publicación de este artículo y el banco ha dado "un margen para que los Servicios Sociales encuentren una solución", aunque "puede volver a ordenar el desahucio cuando considere que ha pasado el tiempo necesario". 

Ana "jamás" imaginó llegar a la jubilación en una situación "tan desesperada". La familia había presentado un recurso en el que "quedaba probada su situación de vulnerabilidad" y denunciaba la falta de una solución habitacional. El juzgado ha respondido favorablemente este jueves. "No tienen ingresos, pero tampoco pueden acogerse a la moratoria existente, porque tendrían que cumplir todos los requisitos, y no sucede. En el primer intento de desahucio, uno de los niños todavía era menor de edad. Luego pudieron acogerse a la moratoria covid, pero ahora la continuación está en el aire", reivindica Rafael García, portavoz de la PAH AlcoSanse. Alalpardo no tiene parque de vivienda pública y tampoco pisos en alquiler. 

La plataforma ha asesorado a la familia, que ha pedido hace cuatro años una vivienda por especial necesidad a la Comunidad de Madrid. "Hace dos meses, cuando recibimos la segunda orden de desahucio, actualizamos la documentación y volvimos a tramitar la solicitud", advierte Ana. El Gobierno de Ayuso todavía no ha emitido ninguna respuesta, pero las expectativas son más bien bajas. "La última vez que miramos las listas, estábamos en el puesto número 400", lamenta. 

"Los Servicios Sociales nos dijeron que estamos en el mes álgido de la campaña del frío para personas sin hogar y los albergues están saturados, así que no pueden garantizar nada adecuado para nosotros", insiste Ana. La PAH sospecha que el banco quiere desahuciarlos para "vender la casa a un fondo buitre" y asegura haberle propuesto un alquiler subvencionado. Si la familia terminase en la calle, no tendría dónde ir: "El piso de mi hija mayor es pequeño; nos sirve para pasar una noche, pero no para vivir", precisa Ana.

"Siento una indefensión judicial tremenda"

Ana es diabética y desde que recibió la notificación del desahucio tiene los niveles de azúcar disparados. Su hijo mayor convive con "graves" problemas de salud mental. El pequeño lleva varias semanas con brotes de psoriasis y "sin pegar ojo" por las noches. "Me da pena porque tiene todo el futuro por delante, saca buenas notas y sus compañeros lo quieren mucho. Le quedan dos cuatrimestres para acabar el ciclo y me dice que en cuanto termine, me dará una casa. Él no quiere nada, sólo un hogar para los dos", se consuela la mujer, al otro lado del teléfono.

"La hipoteca la pagábamos todos los meses en función de mis ingresos, porque no teníamos una cuota fija; unos meses pagábamos 1.000 euros y otros 3.000. El problema llegó poco antes de la pandemia; le pasaba el dinero a mi exmarido, pero él no lo ingresaba", relata Ana. El banco los avisó del primer intento de desahucio "sin ninguna comunicación" previa. "No pude hablar con ellos y, de repente, pido la nota simple de la vivienda y me encuentro con que son ellos los propietarios. Nadie me llamó, nadie me ofreció rebajar la cuota o cambiar los plazos; siento una indefensión judicial tremenda", denuncia.

Ana trabaja limpiando casas "dos o tres veces a la semana" para sacarse "un dinerillo"; sobre 400 euros al mes. "Me llega para ir al supermercado, pagar las facturas y poco más", subraya. La familia ha pedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero según explica la mujer, tampoco se lo han concedido. Ana y sus dos hijos no están preparados para perder la que fue su casa desde que se asentaron en España: "Están siendo los peores días de mi vida. Te puedo asegurar que tengo mucha fe, pero por momentos la pierdo, porque una cosa es verlo, que duele, pero cuando te toca a ti... piensas que sobrevivir va a ser imposible", precisa. 

La PAH AlcoSanse denuncia que el Banco Santander, dueño del inmueble, tiene viviendas del Fondo Social sin adjudicar en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. "Las entidades bancarias han ganado miles de millones de euros con la subida del euríbor desde la pandemia, pero siguen ejecutando desahucios en toda la comarca del Medio Jarama. La Ley de Vivienda del Gobierno hace aguas", critican desde el colectivo. "El banco finalmente ha dado un margen de tiempo para encontrar soluciones, pero no se puede considerar una victoria completa. Es complicado solucionar los problemas cuando no se tienen recursos, pero vamos a aprovechar para negociar tanto con el banco como con las administraciones", sentencian.