Entrevista a Eduardo González de Molina, investigador"El voto a la extrema derecha crece donde la crisis de la vivienda es más grave"

Pisos turísticos y alquileres de temporada. Familias que trabajan para pagar una renta y familias que son víctimas de una pandemia casi invisible, la de los desahucios. Manifestaciones, llavero en mano, que han resonado por todo el país. La vivienda es el principal problema para el 35% de los españoles, por encima de la "inmigración" y la subida de los precios, según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea. Y si alguien entiende del tema, es él. Eduardo González de Molina (Las Palmas de Gran Canaria, 1990) investiga sobre vivienda en la University College of London y trabaja como consultor para la Dirección General de Vivienda de Navarra. El también profesor de la UC3M charla con Público sobre las políticas que está llevando a cabo el Gobierno, analiza el impacto del turismo de masas en el mercado y desmonta el mantra de la okupación.

La Constitución dice claramente que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y que los poderes públicos deben promover las políticas necesarias para ello. ¿España cumple el artículo 47 de la Carta Magna?

En el sentido estrictamente jurídico, este artículo no está dentro de los derechos fundamentales; forma parte de los principios de política económica y social. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el derecho a la salud. Los dos son pilares básicos del Estado de bienestar, pero sobre uno tenemos consenso [político] desde hace cuatro décadas y sobre el otro, no. Lo que sí podemos decir es que el espíritu del artículo 47, hasta hace poco, no se ha respetado, porque buena parte de lo poderes públicos han fallado, no han puesto todos los mecanismos necesarios para velar por su cumplimiento.

La vivienda es la principal preocupación para el 35% de los españoles, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea. ¿No es un porcentaje lo suficientemente elevado como para tomar cartas en el asunto? 

La verdad es que sí. Hace cinco o diez años la vivienda no estaba entre las primeras preocupaciones de la gente –eso no significa que no fuera una preocupación–; ahora, en cambio, los españoles lo tienen clarísimo. Esto tiene que servir para que los partidos políticos, que son la oferta electoral, respondan a las demandas de la población. Si la demanda es además tan evidente, no veo cuál puede ser el problema para alcanzar un acuerdo de país y que todas las administraciones se pongan manos a la obra para solucionar esta crisis lo antes posible.

La Ley de Vivienda lleva casi dos años recibiendo críticas; llegan, además, de ambos lados del tablero político. ¿Es una norma garantista? 

No es suficiente, pero ha sido un paso de gigante. Es la primera Ley de Vivienda de la democracia; han tenido que pasar 45 años para que el Estado decidiese tomar cartas en el asunto. Dicho de otra manera, esta norma es el inicio de un cambio de rumbo, donde el Estado asume un papel mucho más proactivo, que debe avanzar al mismo ritmo en el resto de administraciones. Al final, las competencias son compartidas. Tenemos todavía cinco comunidades –entre ellas, Madrid– que no han desarrollado leyes autonómicas de vivienda, sólo tienen regulaciones menores, dispersas e incompletas... No es de recibo.

Y tenemos comunidades que tampoco aplican la legislación estatal; Madrid, de nuevo, es uno de los ejemplos…

Es cierto que las comunidades no están obligadas a aplicar la ley estatal, pero tienen un paraguas para poder actuar y no sólo lo ignoran, sino que lo boicotean. Y todo esto, con los precios al alza... 

Los municipios catalanes que han empezado a regular los precios acumulan seis meses consecutivos de bajadas, ¿a qué esperan otras administraciones?

La regulación no es la medida más importante para acercarnos al resto de Europa; lo que necesitamos es impulsar un gran parque de vivienda pública y social. El control de los precios es una especie de parche temporal para evitar que los alquileres sigan subiendo de manera desbocada. Catalunya fue efectivamente pionera, ahora han seguido sus pasos Euskadi y Navarra. De momento, la regulación ha demostrado que funciona, que sirve para bajar los precios. 

El ministerio, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos no dejan de escurrir el bulto. ¿Quién tiene realmente las competencias? 

Esta es una pregunta complicada de responder, pero podemos enumerar las competencias sustanciales. Los municipios son los planeadores urbanísticos; gestionan el suelo y conceden las licencias de obra para desarrollar nuevas construcciones. Los ayuntamientos más grandes, además, también dan ayudas para el alquiler y promueven vivienda pública. Las comunidades tienen las competencias exclusivas en materia normativa; deciden cómo se define la vivienda protegida, si es pública de manera permanente o se puede privatizar y cuáles son los requisitos de acceso. La regulación de los pisos turísticos es también una cuestión local y autonómica.

El Estado, por último, tiene dos competencias fundamentales: la regulación de la normativa civil –vía Ley de Arrendamientos Urbanos– y todo lo relacionado con la planificación general de la actividad económica, donde también entra la parte fiscal. La Administración central ha sido un agente activo desde los años ochenta en el desarrollo de planes de vivienda, que han servido para financiar a las comunidades autónomas. Es en este punto donde el Estado puede empezar a condicionar el reparto de fondos a la adopción de políticas públicas en materia de vivienda. Y luego está la Unión Europea, que también tiene cierta relevancia y ganará más todavía con el nuevo comisario de Vivienda... 

¿La falta de soluciones habitacionales condiciona el pensamiento político?

Sí, tenemos estudios que lo demuestran. En Alemania, un informe reciente demuestra que el voto a la extrema derecha crece en los barrios donde la crisis de la vivienda es más grave y los inquilinos pagan más por sus casas. Allí donde las políticas de vivienda fracasan o directamente no existen, vemos una inclinación hacia la extrema derecha. Esto ocurre porque los ciudadanos sienten que la democracia les falla...

La vivienda se presenta como el gran problema de esta generación, ¿llegaremos los jóvenes a comprarnos algún día un piso? ¿Y nuestros hijos lo tendrán más fácil?

Es importante recordar que la crisis de la vivienda no sólo afecta a los jóvenes, tenemos que combatir esa mirada casi paternalista. España tiene una de las tasas de emancipación más elevadas de Europa, pero el problema afecta a otros muchos grupos, como las familias trabajadoras y la población migrante. Dicho esto, me gustaría compartir una reflexión y es que creo que hemos heredado una cultura inmobiliaria errónea, pensamos que la única manera de satisfacer la necesidad habitacional es la compra. Tiene cierto sentido, porque hemos generado un mercado del alquiler inasequible e inestable, pero los pisos en propiedad no siempre son la única solución. 

Si tú miras los países europeos, algunos, más ricos que nosotros, ves que los porcentajes de vivienda en alquiler son mucho más elevados. En Berlín, el 85% de la población es inquilina. ¿Por qué esta gente alquila y no compra? Pues porque allí es una opción asequible y más segura; porque en un contexto de globalización, los jóvenes seguramente vamos a vivir en varias ciudades o países a lo largo de nuestra carrera. La aspiración de la propiedad tendríamos que empezar a replantearla. Y en cualquier caso, la situación que hereden las futuras generaciones va a depender de lo que hagamos nosotros. Si empezamos a tomar medidas, si conseguimos un consenso de país, nuestros hijos podrán acceder a una vivienda asequible. 

El Gobierno ha lanzado ayudas en este sentido, como los bonos de alquiler. ¿Están funcionando estas medidas?

Las ayudas son fundamentales porque sirven para prevenir los casos más flagrantes de pérdida de vivienda, para sofocar la emergencia, pero no van a solucionar por sí mismas la crisis de la vivienda. 

¿Cómo valora el anuncio de una empresa pública de vivienda? ¿Cree que puede solucionar los problemas a medio y largo plazo?

Es una magnífica noticia, va a servir para aumentar la rapidez y las capacidades de promoción y construcción de las comunidades autónomas y los municipios, que son, de momento, los únicos promotores públicos de vivienda. Ahora mismo, sólo están saliendo alrededor de 2.000 viviendas públicas de alquiler al año; nos queda mucho para llegar hasta el millón y medio que necesitamos y es importante que venga un actor estatal para sumar esfuerzos y aportar recursos a esta gran misión. 

Y no sólo va a elevar la capacidad, sino que también va a servir de palanca para que las comunidades y los ayuntamientos tomen medidas en esta misma dirección. No está de más recordar que el 92% de la población está a favor de construir vivienda pública y social. Esta empresa no va a tener impacto en el cortísimo plazo, pero sí nos dará la estructura que necesitamos en el medio y largo plazo.

El número de grandes tenedores se ha disparado en un año en ciudades como Madrid. Lo mismo ocurre, curiosamente, con los alquileres turísticos y de temporada. ¿Cómo afecta la gentrificación al mercado? ¿Es posible ponerle coto?

Tenemos que distinguir entre dos tipos de demanda; por un lado, la de la población normal que quiere comprar o alquilar una casa para vivir de manera prudente y, por el otro, la de los inversores que buscan maximizar beneficios especulando con la vivienda, comprando edificios enteros para convertirlos en alojamientos turísticos. Estos inversores son actores clave para la gentrificación; en lugar de solucionar el problema, lo están empeorando –muchas veces, con el respaldo de algunas administraciones–. La nueva regulación que está promoviendo Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, permite este tipo de actuaciones. 

Los edificios de pisos turísticos son los hoteles del siglo XXI, pero con una gran diferencia: expulsan de los barrios a las familias trabajadoras. Cada licencia para un piso turístico, es una familia menos en la ciudad. Es fundamental ponerles coto, delimitando los fines y usos de las inversiones. Si un gran tenedor o un fondo de inversión quiere comprar una vivienda para ponerla en alquiler de larga duración, estupendo. Si lo hace con una tarifa asequible, mejor todavía. Y si la compra para hacer negocio y ponerla en alquiler de temporada, turístico o habitacional, no se le permite. 

Las televisiones, mientras tanto, hablan de okupación; ahora con una nueva variante, los inquiokupas. ¿De dónde sale este término?

Esto parte de una serie de actores económicos con intereses directos en generar alarma social para vender productos, alarmas concretamente. ¿Cómo lo hacen? Difunden la narrativa falsa de que la okupación es un gran problema para los españoles. La realidad es bien distinta: sólo el 0,06% del stock de vivienda está okupado y, dentro de ese porcentaje, nueve de cada diez casos se dan en viviendas vacías de grandes tenedores. Esto no quiere decir que ningún pequeño propietario haya sufrido este problema, pero son casos minoritarios para la magnitud y el tiempo que se le dedica en los medios. La okupación, de todos modos, se soluciona con más vivienda pública y social. Si esas familias, generalmente vulnerables, tuvieran otra alternativa, no serían okupas. Y por volver a la inquiokupación... Esta palabra se la han inventado para hablar de de un tipo de okupación específica, la de los inquilinos que tienen un contrato vigente y, de repente, dejan de pagarlo y se quedan dentro. Los desahucios por impago de alquiler se siguen ejecutando, así que, como mucho, tenemos un problema de lentitud en la Justicia...

Pedro Sánchez dijo en su momento que esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Quedan, si nada lo impide, tres años de Gobierno. ¿Lo ve factible?

La Ley de Vivienda, la empresa pública, el futuro plan estatal... No es que vaya a ser la legislatura de la vivienda, es que lo está siendo ya. Estamos ante un cambio de rumbo que puede acercarnos por fin al resto de Europa y sólo espero que, en lugar de convertirse en otro espacio para la polarización, sirva para caminar hacia un consenso de país, un gran pacto para desarrollar el quinto pilar del Estado de Bienestar, que es la vivienda. El consenso social lo tenemos, ahora toca esperar a que llegue el político, y me gusta ser optimista.