Alam y su familia han sido desahuciados por una rentista suiza a primera hora de este lunes. La comisión judicial y los antidisturbios "tiraron la puerta abajo" sobre las 10.30 horas, pese a la presión de los vecinos y activistas concentrados en el 207 de la calle Bravo Murillo, en Tetuán (Madrid). "La propiedad no ha querido negociar nada", denuncian desde la Organización de Vivienda del barrio. Alam había pedido una prórroga de diez días, pero la comisión judicial rechazó la propuesta. 

Los inquilinos habían firmado en 2020 un contrato de alquiler con la empresa H. Bartolomé S.A, al que ha tenido acceso Público. "Lo que no sabíamos era que el piso se encontraba en una situación de ejecución hipotecaria, nadie nos había dicho que existía una deuda con el banco. La parte ejecutante era la Sareb, que realizó una subasta; la ganó una rentista que vive en Suiza y compró el piso para especular", explicaba el afectado en una entrevista con este diario. 

Alam y su mujer llevaban "17 años" viviendo en el barrio y sus tres hijos, de tres, seis y diez años, iban a uno de los colegios de la zona. Los pequeños han dormido fuera del piso para no tener que vivir en primera persona el desalojo. Alam se ha desmayado y tuvo que ser atendido por una ambulancia. "La tuvimos que llamar nosotros, porque la Policía nos la negó", aseguran desde la Organización de Vivienda de Tetuán. La familia "siempre" ha pagado "tanto el alquiler, como los suministros"; 700 euros al mes.

La comisión judicial les ha dado un plazo de dos horas para recoger sus pertenencias y dejar la vivienda vacía. Alam "ha salido por su propio pie", según precisan desde el colectivo. La familia sobrevive con el Ingreso Mínimo Vital y no tiene alternativa habitacional –"no hablamos de un albergue para pasar unos días, hablamos de una vivienda digna"–.

La ONG Provivienda, que se dedica a buscar alojamiento para personas vulnerables, se ha limitado a "pasarles enlaces de Idealista". El Samur Social les ha ofrecido plaza en Las Caracolas, un albergue con casetas prefabricadas "de pésimas condiciones" a las afueras de la capital y lejos del colegio donde estudian los menores.

"Tenemos que señalar a los culpables: desde los que decidieron salvar a un banco con dinero público, hasta la inmobiliaria que los estafó; pasando por los servicios sociales y la actual propietaria, que pone su negocio por encima de las vidas humanas", insisten desde la Organización de Vivienda de Tetuán.