Alam tiene la casa llena de cajas y maletas; algunas cerradas, otras todavía sin hacer. La familia "siempre" ha pagado "tanto el alquiler, como los suministros"; 700 euros al mes. "Llevábamos tres años con todo al día, sin ninguna deuda, por eso nos sorprendimos cuando llegó la carta. No entendíamos cuál era el problema", reconoce en una conversación con Público. La carta de la que habla apareció en su buzón hace casi dos años, en marzo de 2023. Ese día empezó la cuenta atrás para su desahucio, una cuenta que podría llegar a cero este lunes. "No lo vamos a poner fácil, tenemos que defender nuestros barrios, nuestras casas y a nuestras familias", recalca. 

Alam vive con su mujer y sus tres hijos –de tres, seis y diez años– en el 207 de la calle Bravo Murillo, en Tetuán (Madrid). Esta es una de las zonas que más se ha gentrificado de la capital. La familia firmó un contrato de alquiler con la empresa H. Bartolomé S.A, al que ha tenido acceso Público. "Lo que no sabíamos era que el piso se encontraba en una situación de ejecución hipotecaria, nadie nos había dicho que existía una deuda con el banco. La parte ejecutante era la Sareb, que realizó una subasta; la ganó una rentista que vive en Suiza y compró el piso para especular", continúa el inquilino. Este diario intentó ponerse en contacto con la agencia, pero está actualmente cerrada. 

Las alarmas saltaron cuando la familia recibió la "maldita" carta; una notificación del juzgado preguntando por los habitantes de la vivienda. Alam contactó con una abogada de oficio, que intentó negociar con la nueva propiedad, sin éxito. "La señora siempre se ha negado, no ha tenido ningún tipo de solidaridad, como pedía la ministra [de Vivienda]", denuncian desde la Organización de Vivienda de Tetuán. La plataforma trató de mediar en el asunto, también sin ningún resultado.

"Los servicios sociales no nos dan ninguna solución y la nueva propietaria no quiere saber nada de nuestro dinero. Lo único que le pedimos es mantener el contrato que firmamos hace cinco años –dos antes de que llegara la carta–", señala el afectado. Alam trabajaba en un almacén, pero tuvo que dejarlo tras recibir un golpe en una rodilla. A raíz de la lesión, le reconocieron una discapacidad con un grado del 40%. La familia sobrevive con el Ingreso Mínimo Vital, pero tanto su mujer como él esperan encontrar trabajo "pronto". 

La ONG Provivienda, que se dedica a buscar alojamiento para personas vulnerables, "tampoco les hace caso", insisten desde la Organización de Vivienda de Tetuán. "Lo que hacen es mandarnos enlaces de Idealista, una cosa que también sabemos hacer nosotros", subraya Alam. "Y la trabajadora social nos dice que tenemos que seguir buscando", continúa. La familia no tiene alternativa habitacional –"no hablamos de un albergue para pasar unos días, hablamos de una vivienda digna"– y, si la presión popular no lo impide, perderá su hogar este mismo lunes. 

Los tres menores, escolarizados en el barrio

Alam lleva toda la semana preparando maletas y "tratando de enfrentar la situación", preparándose para lo que está por venir, sobre todo junto a sus tres pequeños. "Los niños van a uno de los colegios del barrio y nos parece importante que sigan con su círculo, con sus amigos y con sus profesores de referencia", confirma a Público. Las activistas de la Organización de Vivienda de Tetuán, que lo han acompañado durante todo el proceso, aprovechan para intervenir y agradecen el papel de "otras familias", porque "cuando te preparas para un desahucio, importa mucho la red social que tejemos a nuestro alrededor; la colaboración de los bomberos, los sanitarios, las escuelas...". 

Los tres menores estudian en el colegio Jaime Vera, a tres manzanas de su casa. "Es frustrante, queremos cumplir con todo lo que la sociedad nos exige, pero no nos dejan", añade Alam, que prefiere no poner el foco en sus hijos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado en numerosas ocasiones que los desahucios vulneran "sistemáticamente" los derechos de las familias y, en particular, de los menores. Este no es un dato aislado: distintos estudios hablan del "impacto material, relacional y de salud" que tiene la "inseguridad residencial" en la vida de los niños y niñas. 

Los vecinos, llamados a la movilización

Alam y su esposa llegaron a la capital hace 17 años; desde entonces, nunca han cambiado de barrio. "Tetuán siempre ha sido nuestra casa", dice, consciente de que estas pueden ser sus últimas horas en Bravo Murillo. La Organización de Vivienda de Tetuán ha destacado el "compromiso" de la familia y ha lanzado un llamamiento para movilizarse este lunes desde primera hora de la mañana. El objetivo, tratar de impedir lo previsible. "No sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que defender su casa y señalar a los culpables: desde los que decidieron salvar a un banco con dinero público, hasta la inmobiliaria que los estafó; pasando por los servicios sociales y la actual rentista, que pone su negocio por encima de las vidas humanas", sentencian desde la plataforma.