Ilegalizar empresas como Desokupa es posible, pero "los jueces no tienen voluntad"

El Congreso de los Diputados rechazó esta semana instar al Gobierno a ilegalizar las empresas de desalojos extrajudiciales. La Comisión de Vivienda así lo decidió el pasado martes tras tumbar una iniciativa de Podemos en ese sentido con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE. Los socialistas dicen que "ya trabajan para acabar con estas organizaciones", pero consideran que el texto que presentó la formación morada es "mejorable" y "sólo buscaba titulares". Los de Belarra, mientras tanto, acusan al PSOE de "ponerse de perfil" ante la existencia de "grupos paramilitares que se lucran coaccionando y extorsionando a personas en situación de vulnerabilidad". 

¿Cómo ha defendido su postura cada uno de ellos? ¿En qué punto se encuentra una eventual ilegalización de grupos como Desokupa? Si, como dice el PSOE, el Gobierno ya está trabajando en ello, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cuáles son los detalles de ese plan para llevar a cabo la ilegalización? ¿Por qué, en cualquier caso, no apoyó el PSOE la PNL de Podemos?

Son muchas preguntas. Antes de nada, es importante partir de la base de que lo que se votó el pasado martes fue una proposición no de ley (PNL), es decir, una iniciativa no legislativa ni vinculante. En el Congreso se suelen utilizar como una medida de presión al Ejecutivo. Esta semana no se ha torpedeado una futura ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales, por mucho que uno de sus líderes, Daniel Esteve, se expresara en estos términos a través de las redes sociales y con un tono despectivo hacia Ione Belarra y Podemos: "Estaréis todos llorando. (...) Mi empresa va a durar bastante más que tu partido".

Si la iniciativa hubiera prosperado, eso es cierto, habría representado un antes y un después, cuando menos, en lo referente a la determinación con la que la política española se opone a las prácticas de las empresas de desalojos extrajudiciales. Habría lanzado un mensaje de contundencia. 

En cualquier caso, el PSOE y los partidos a su izquierda coinciden en la necesidad de ilegalizar este tipo de grupos —tal y como aseguran fuentes socialistas a Público—, pero existen divergencias en la estrategia. Es importante, no obstante, conocer qué dicen las leyes españolas.

¿Qué dice el Código Penal?

El Gobierno de Zapatero reformó el Código Penal en 2010, introduciendo dos faltas relacionadas con el mobbing inmobiliario. El delito de coacciones agravadas sobre la vivienda habitual, recogido en el artículo 172.1, castiga el uso de la violencia para impedir el legítimo disfrute de un inmueble. Los responsables pueden ser sancionados con penas de hasta un año y medio de prisión. Las empresas de desalojos extrajudiciales han llegado a cambiar cerraduras, decretar cortes de luz y acosar desde el otro lado de la puerta a familias e inquilinos.

El artículo 173.1 tipifica el delito contra la integridad moral con agravante sobre la vivienda habitual. Las empresas de desalojos extrajudiciales no sólo incumplen estos dos apartados, también incurren a menudo en delitos de agresiones y hasta allanamientos de morada. Fuentes jurídicas han confirmado a este medio tener constancia de casos en los que estos grupos organizados entran en pisos sin ninguna orden que lo permita y "hasta se hacen pasar por policías". 

Las empresas de desalojos extrajudiciales actúan sobre todo contra inquilinos que no abandonan la vivienda pese a haber expirado el plazo –esto sería incumplimiento de contrato civil, no okupación– y contra familias con moratorias hipotecarias, que están muchas veces pendientes de desahucio. Los jueces se agarran a estos resquicios para no aplicar el delito de coacciones sobre la vivienda habitual.

Las referencias legales no terminan aquí. El artículo 570 del Código Penal define las organizaciones criminales como grupos de más de tres personas que se unen y cometen delitos para cumplir sus objetivos. Esto es lo que harían a grandes rasgos las empresas de desalojos extrajudiciales. La legislación actual permitiría caminar hacia su ilegalización, pero "la judicatura no tiene voluntad", según denuncian las abogadas consultadas por Público.

Los jueces suelen archivar las causas o "transformarlas en delitos leves de amenazas", porque entienden que las actuaciones no incurren en ningún otro delito al hacerse en el supuesto marco de una "negociación", según detallan las mismas voces. Los letrados reconocen que es un asunto "complejo" y que en otro contexto no sería necesaria una modificación del Código Penal, pero dada la "inoperancia" de algunos magistrados, habría que "incluir un delito específico contra estas empresas" para que no haya margen de interpretación a la hora de declararlas ilegales.

Choque entre PSOE y Podemos

Considerando todo ello, en Podemos creen, tal y como aseveró Belarra en la comisión de Vivienda en la que se votó la PNL, que a pesar de que ya existen herramientas para ilegalizar empresas como Desokupa, el PSOE no está por la labor de acelerar el fortalecimiento de la legislación necesario, en la línea de lo que comentan las fuentes jurídicas consultadas. Por eso los morados presionan por varias vías, entre ellas, la parlamentaria.

"Resulta incomprensible", subrayó la secretaria general de Podemos, "que los socialistas se pongan de perfil ante la existencia de grupos paramilitares que se lucran coaccionando y extorsionando a personas en situación de vulnerabilidad, en lo que constituye una anomalía democrática, una amenaza a la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía y un ataque contra el derecho constitucional a la vivienda".

Desde el PSOE explican a Público que la principal razón por la que se abstuvieron en la PNL de Podemos tiene que ver con que el Gobierno "ya está recorriendo el camino necesario" para la ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales. 

Además, un diputado del Grupo Socialista con peso en lo referente a las cuestiones de vivienda remarca que la "ilegalización de Desokupa está cada vez más cerca gracias al trabajo estrictamente legal entre el Gobierno y Podemos". Pero, ¿en qué consiste ese "trabajo"?

El PSOE cree que una PNL como la que se votó el martes puede entorpecer el camino que verdaderamente consideran correcto para ilegalizar empresas como Desokupa: una proposición de ley de reforma del Código Penal que está promoviendo en el Congreso también Podemos. Según la citada fuente socialista, se están llevando a cabo intensos trabajos jurídicos para lograr, a través de esa reforma, el objetivo común —así lo reivindica el PSOE— de ilegalizar este tipo de grupos.

En concreto, explica que el cambio que se está perfilando es "incluir, dentro del capítulo relativo a las coacciones, un nuevo tipo delictivo que sancione a quien, actuando con ánimo de lucro, hostigue, acose, discrimine o intimide a personas en situación de vulnerabilidad para que abandonen el inmueble que constituye su morada" y que se le castigue "con la pena de prisión de uno a cuatro años". 

Es una modificación que contempla la propuesta en trámite de reforma del Código Penal. En cualquier caso, desde el PSOE dejan claro que su postura es avanzar dentro de la negociación de esta reforma legislativa y no introducir elementos que "precipiten cambios que puedan generar más conflicto".

Pero ¿qué daño podría haber hecho al PSOE dar cobertura a la PNL que registró Podemos? Las fuentes socialistas consultadas insisten en que "abstenerse en una iniciativa que insta al Gobierno a acabar con lo que está haciendo no es no querer acabar con Desokupa". Es, rematan, "trabajar para acabar con este tipo de organizaciones y sus conductas con rigor".

Sumar, por su parte, votó a favor de la PNL de Podemos. El partido reconoce que la normativa vigente "tiene herramientas" para actuar en este sentido, pero no se están aplicando. "La solución pasa por singularizar las empresas de desokupación dentro del artículo que hace referencia a las bandas criminales, porque son un híbrido entre los grupos paramilitares y las mafias de mobbing inmobiliario", señalan fuentes parlamentarias. ERC y EH Bildu también respaldaron la iniciativa.

Está por ver, con todo, si el compromiso del PSOE de avanzar en la reforma del Código Penal para alumbrar una legislación que imposibilite la existencia de este tipo de grupos se materializa o si cobra sentido la desconfianza que expresan desde Podemos.