“¡Exprópiense!”: La venta de 25.000 viviendas de fondos buitre rescata un fetiche de la izquierda avalado por la ley

Blackstone, Cerberus, Ares y Azora. Cuatro gigantes de la inversión inmobiliaria en España. Todos unidos bajo una misma causa: seguir exprimiendo el negocio de la vivienda. ¿Su último proyecto? La venta de más de 25.000 pisos. Un movimiento que saltaba a la esfera informativa el pasado 13 de octubre. Dos días más tarde, llegaba la letra pequeña de la cartera en venta desde Fidere, socimi de Blackstone. Cerca de 5.300 unidades repartidas en 47 edificios residenciales de la zona metropolitana de Madrid. Además de un edificio en Guadalajara, con otros 50 inmuebles. 

Pero lo más interesante no es el número. Ni siquiera su distribución. En la operación se incluirían 1.860 pisos que la socimi adquirió a precio de saldo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Ocurrió en el año 2013, con Ana Botella a la cabeza del Ayuntamiento madrileño. Viviendas, por tanto, que se construyeron bajo titularidad pública, dentro del régimen de protección oficial.

Enseguida, la noticia estallaba en redes, generando una ola de indignación. Bajo un eslogan: ¡Exprópiense! Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, era de los primeros políticos en lanzarlo: "¿Saben lo que decimos desde Izquierda Unida? Exprópiense. Porque lo podemos hacer, porque hay normativa para ello. Y porque es evidente que quienes tienen las competencias en vivienda en los gobiernos del PP de Moreno Bonilla, de Ayuso o de Mañueco lo que están es como serviles a los fondos de inversión", espetaba en un vídeo publicado en su cuenta de X. "Que la vivienda no solo sea un derecho humano, sino que se materialice a través de precios asequibles. Se puede hacer", insistía el político.

"Lo de las expropiaciones no es un fetiche de la izquierda", apunta Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "De hecho, es un procedimiento relativamente habitual, que usan con normalidad muchas administraciones", continúa el letrado. Aparece incluso en la Constitución. En su Artículo 33, la carta magna supedita el derecho a la propiedad privada a una "causa justificada de utilidad pública o interés social".

Una posibilidad que cuenta incluso con su propia norma: la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. Sí, una ley franquista. La hipótesis de la expropiación comunista se desmorona. "Es un mecanismo constitucional, regulado y con sus límites de aplicación", condensa Palomo. "Lo más novedoso sería empezar a aplicarlo al ámbito de la vivienda, reconociendo, por fin, su función social y poniendo límites al acaparamiento de inmuebles en manos de todos estos fondos".

¿Quién puede expropiar?

Las administraciones públicas. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada una dentro del ámbito de sus competencias. "Lo que evidentemente deja más margen de actuación a los ejecutivos regionales", puntualiza Palomo. ¿En qué supuestos? Siempre que haya una utilidad pública o interés social que lo ampare. Una casilla de salida que no es tan simple como parece. "La administración en cuestión tiene que aportar una argumentación razonada de esa utilidad, que debe incluir desde la situación en la que se produce, hasta el perímetro del bien incautado y el uso que se va a hacer de él", desarrolla el abogado.

Un ejemplo: Un bloque propiedad de un banco abandonado durante años en una zona tensionada, con problemas de acceso a la vivienda. "O este tipo de lotes de bancos, fondos y grandes propietarios, que permitirían ampliar de golpe el parque público a partir de viviendas que ya existen". Sin construir y, en los casos que 

Una expropiación tampoco implica necesariamente el cambio de titularidad de un inmueble. Puede suponer una cesión de uso para satisfacer una necesidad temporal. "Esto no va de quitar porque sí. Sino de ofrecer soluciones a la ciudadanía. Y de redirigir vivienda del terreno del negocio privado al del alquiler público y asequible", valora Palomo. En cualquier caso, el propietario original no se queda con las manos vacías. Recibe una compensación proporcional: el justiprecio. "Al final, la idea en casos como el de Blackstone es presionar con una oferta de este tipo. El fondo necesita vender cuanto antes para devolver el dinero de préstamos y la ganancia suficiente a sus inversores. No puede permitirse recurrir la oferta eternamente", apunta Palomo. "Ya está bien de discursos bonitos. Hay que pasar a la ofensiva para recuperar lo que ya era nuestro", concluye el letrado.

Una reivindicación de la izquierda

El debate sobre las expropiaciones viene de lejos. Impulsado por los sectores más a la izquierda del PSOE. "Nosotros somos partidairos de la expropiación de viviendas en desuso de entidades bancarias , fondos de inversión , empresas multipropietarias o sónicos", corrobora Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Sumar. Para frenar la acumulación, pero también para movilizar el parque de vivienda vacío. "Pensamos que además podría ser una fórmula para que la banca privada rescatada con dinero público devuelva en especia, a través de propiedades inmobiliarias, todos los recursos recibidos", completa el político.

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No es la única herramienta que podría utilizarse para absorber vivienda ya existente. ¿Otra opción? La fórmula del tanteo y retracto, que concede prioridad de compra a las administraciones públicas. "En País Valencià, ya propusimos extenderla, antes de que el PP de Mazón decidiera eliminarla del todo", denuncia Ibáñez. "Es otra forma de favorecer la compra pública por debajo del precio de mercado y de manera ágil", añade el portavoz. En medio de una crisis de vivienda que no puede esperar más, "estas herramientas deberían acompañarse de la prohibición de que cualquier persona juridica compre o venda vivienda en España", prosigue el político. La vivienda no es un negocio ni una inversión, insiste, por su parte, Palomo. "Hay que movilizar todos los mecanismos del Estado contra cualquier actor que pretenda explotarla en estas direcciones, blindando su función social", sentencia el letrado.