Leopoldo Puig, nuevo presidente ejecutivo de Sareb tras dimitir Javier Torres por motivo de salud

El consejo de administración de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha decidido nombrar presidente ejecutivo a Leopoldo Puig, en sustitución de Javier Torres, que ha presentado su dimisión por motivos de salud, según ha informado la sociedad este lunes en un comunicado.

El ya expresidente venía ocupado su cargo desde 2022 y con anterioridad fue consejero externo de Sareb desde 2020. "Queremos agradecer a Javier Torres la gran aportación que ha hecho a Sareb en estos años en los que la compañía ha conseguido incorporar a su mandato los principios de sostenibilidad y utilidad social, sin dejar de cumplir con los objetivos marcados en el momento de su creación en el año 2012", ha concluido el consejo de administración de la compañía.

Puig era el consejero delegado de Sareb, por lo que este cambio "garantiza la continuidad en la compañía", según destaca Sareb. Antes de su nombramiento como CEO de Sareb, ejercía como director de Finanzas y Corporativa. Es inspector del Banco de España en excedencia y se incorporó a Sareb en 2020 procedente del FROB.

Torres fue nombrado presidente cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se hizo con la mayoría del capital. Esto se hizo después de que se empezara a contabilizar las pérdidas de Sareb como parte de la deuda pública española.

Torres es miembro de Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En Banco Santander, donde trabajó entre el 1986 y 2016, fue subdirector general adjunto y ocupó cargos de responsabilidad en áreas de negocio y de riesgos. Posteriormente, entre 2017 y 2019 ejerció como director de Resolución del FROB. En octubre del año 2020 fue nombrado consejero externo de Sareb y en el abril del año 2022 fue nombrado presidente de la compañía.

Propuesta de Sumar sobre el suelo de Sareb

De otro lado, Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen asumirlo, con la condición "indispensable" de que se cualifiquen como viviendas de protección oficial de forma indefinida y se construyan inmuebles protegidos de alquiler.

En concreto, y a través de una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Economía, el grupo plurinacional plantea que el Gobierno traspase los suelos del conocido como banco malo y su promotora a la empresa pública de vivienda para que sean considerados "patrimonio de suelo y vivienda del Estado".

A juicio de la coalición de partidos de izquierda, entre todas las acciones que se deben emprender para mejorar el acceso a la vivienda desde los entes públicos y según marcan sus competencias, la Sareb "puede jugar un papel importante".