Entrevista a Elena Cortés (IU), exconsejera andaluza de Vivienda"Moreno Bonilla ha optado claramente por mantener la vivienda como una mercancía"
La exconsejera que impulsó la Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía afirma: "Lo que defiende el PP es el interés de unos pocos de hacer negocio con la vivienda".

Sevilla--Actualizado a
En una disposición derogatoria, la ley de vivienda que tramita el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz liquida expresamente una norma, la ley de función social de la vivienda, que, cuando se publicó en el año 2013, provocó grandes titulares. Así, por ejemplo, lo recogió la Agencia de noticias francesa AFP el 12 de abril de ese año: "Gobierno regional español expropiará casas a bancos para evitar desalojos".
La consejera que impulsó aquella normativa, en la etapa del cogobierno de PSOE e IU en Andalucía, entre 2012 y 2015, cuando la problemática de los desahucios por impagos estaba en un punto álgido, fue Elena Cortés, de IU. La norma fue recurrida por el Gobierno central, entonces en manos de Mariano Rajoy, y el Tribunal Constitucional anuló parte de ella, en concreto la expropiación de uso de las viviendas para impedir desahucios. Cortés atiende ahora a Público para hablar de la política de vivienda del Gobierno de Moreno Bonilla, basada en más oferta, en más ladrillo.
¿Lo que está haciendo el Gobierno andaluz con esta ley es darle la vuelta como un calcetín a la política de vivienda de aquel cogobierno?
Lo que hace esta ley es recuperar la peor política de vivienda del bipartidismo. No plantea nada sobre cómo impedir la especulación inmobiliaria del suelo, nada que tenga que ver con la función social de la vivienda, nada que tenga que ver con las viviendas turísticas, nada que tenga que ver con la rehabilitación ni con la regeneración urbana, nada que tenga que ver con el debate de si descalificamos o no las viviendas.
¿Está todo pensado para que el propietario de vivienda pueda tranquilamente disponer de su propiedad como mejor le parezca?
Todo pensado para que la vivienda siga siendo una mercancía y un hecho privado. Y eso tiene sus consecuencias. Los propietarios pueden ser físicos, pero también pueden ser jurídicos. ¿No? Y hay fondos buitres ya que son propietarios de bloques de viviendas enteras, donde vive gente, vamos. Tanto las que soltaron los bancos cuando [se produjo] la crisis financiera y se las vendieron a los fondos buitres como las que ellos también han ido comprando. Entonces, en esta ley no hay nada que responda, nada que pueda resolver [la cuestión de] cómo hacemos efectivo el derecho a la vivienda en Andalucía con los problemas que tenemos: la emancipación de la gente joven, el precio de la vivienda. Nada. Un horror.
Por lo que he visto, además, la ley remite a mucho desarrollo reglamentario. Hay mucha inconcreción. Yo puedo aprobar una ley que luego no se aplique. Andalucía ya aprobó la ley de la reforma agraria [en los 80] que planteaba lo mismo que la de función social de la vivienda y nunca se nunca se puso en marcha. Aquí van a poner en marcha todo lo que sea seguir manteniendo la vivienda como una mercancía y no como un derecho humano, un derecho de los andaluces en este caso, en todas sus formas y manifestaciones.
También hay un montón de leyes, de las que yo fui ponente de ellas cuando estuve de diputada [que se refieren a temas de vivienda]. Por ejemplo, la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece que la administración tiene que dar tan también derechos efectivos a las personas que tienen discapacidad y que tienen distintos problemas para poder hacer una vivienda o mantenerse en ella.
"La ley es un aspaviento para aparentar que hacen algo, pero al final el que pueda que se busque la vida"
La ley contra la violencia de género de Andalucía establece la necesidad de tener buenos pisos donde esas mujeres puedan estar, también las mujeres tuteladas, que cuando los chavales cumplen 18 años, digamos que salen del sistema de protección. Nada de eso está recogido tampoco en esta nueva ley por lo que yo he podido ver. La ley es un aspaviento para aparentar que hacen algo, pero al final el que pueda que se busque la vida y consiga una vivienda como pueda.
También se carga el sistema de inventario de las viviendas. Esto es una cosa increíble. El Estado, a través de la ITV sabe el estado de todos los coches que circulan por España, salvo los que no van nunca a la ITV. Sin embargo, ni el Estado ni Andalucía tiene identificadas las viviendas que hay, cuándo se construyeron. La vivienda es un derecho fundamental.
¿Y sobre viviendas turísticas?
De las viviendas turísticas, nada de nada. Aquí vamos a seguir alentándolas, cuando lo que hay que hacer es que hasta que no demos un cumplimiento efectivo al [derecho a] la vivienda, no puedes tener viviendas que se han detraído del del objeto para el que se construyeron y por tanto de su función social, y sacarlas al negocio. Para que se pueda entender, es como si en un momento de sequía las administraciones no dijeran: "lo prioritario del agua de boca". Aquí tenemos un momento de conculcación efectiva del derecho a la vivienda y no se toma ninguna medida para ver cómo volvemos a hacer que sean viviendas las viviendas turísticas.
En este tema de la vivienda, hay muchos intereses económicos, mucho dinero en juego y por tanto es un asunto de muy compleja resolución. ¿Qué reflexión hace, teniendo en cuenta su experiencia de Gobierno, al respecto de esto?
"Hay que defender el interés general"
Gobernar es complejo. Entonces, el argumento de que es complejo no vale para quien lo diga. Claro que es complejo y claro que hay que posicionarse. El interés general está claro en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Lo que dicen es [que se debe] impedir la especulación en materia de suelo. Hay que defender el interés general. Ellos lo que defienden con esta ley y lo que han defendido siempre es el interés particular de unos pocos de hacer el negocio con la vivienda.
Si un gobernante quiere, según su experiencia, ¿puede hacer muchas cosas, cambiar las cosas?
Un gobierno es una herramienta muy poderosa para hacer cosas. Puedes hacer muchas cosas, puedes cambiar las cosas. Este gobierno ha optado claramente por mantener la vivienda como una mercancía. No han aprendido de sus propios errores, cuando fue Aznar que liberalizó el suelo, y no aprenden de la historia. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Con lo cual, lo que sí tienen claro, política e ideológicamente, es que su gobierno está del lado de los poderosos, no está del lado del pueblo andaluz en la concreta política de vivienda. Si hablamos de sanidad, pues tampoco, o si hablamos de las universidades tampoco, con todas las medidas que han ido tomando. Digamos que esta ley de vivienda es coherente con lo que ha representado el gobierno de Moreno Bonilla en estos seis o siete años que lleva gobernando.
Hay una medida en la ley que mezcla en una comisión desahucios y ocupación: ¿eso tiene algún sentido técnico para alguien que como usted ha estado en la gestión o esto es sencillamente lo que parece?
Es lo que parece. Ideología pura metida en una ley cuando España y Andalucía lo que han tenido y tienen es un problema de desahucios, no de ocupaciones. Vamos, que eso se ve en las cifras que cada año saca el Consejo General del Poder Judicial. El otro día escuché a alguien del PP lamentándose de que llevan presentada en el Senado una ley contra la ocupación que está durmiendo, que no se tramita. Ellos con esto lo tienen claro: [la idea] es enfrentar a los trabajadores con los trabajadores, culpar a las personas de que no tengan ese derecho a la vivienda. Son los gobiernos los que tienen que remover los obstáculos para que los derechos se cumplan. Eso dice la Constitución.
¿Construir más viviendas hace descender su precio?
"Siguen planteando que construyendo más vivienda se abarata el precio, no es así"
La ideología del PP sigue ahí. Dicen: "si construimos más viviendas, el precio baja". Eso ya se demostró en los años de Aznar que no solamente no fue así, sino que subió el precio de la vivienda, y que las familias se endeudaron por cientos de miles de millones de pesetas y luego de euros y que luego bueno se produjo el estallido de una burbuja inmobiliaria. Ellos siguen planteando que construyendo más vivienda, se abarata el precio, eso no es así.
Parece haber algún consenso en que sí hace falta construir más vivienda. Pero ¿Hace falta realmente? ¿Dónde?¿Cómo se puede hacer una política de vivienda que genere barrio, ciudadanía?
Se trata de seguir manteniendo las ciudades compactas mediterráneas y de tener derecho a la ciudad, lo que significan todos los servicios que van asociados a la vida. Pero para garantizar el derecho a la vivienda hay que hacer varias cosas. La primera, la finalización de la vivienda turística y que todas esas viviendas pasen otra vez al parque residencial de vivienda habitual y permanente. La segunda, la rehabilitación de aquellas viviendas que puedan estar en los cascos históricos, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, esas viviendas deshabitadas, y, luego, está la construcción de vivienda donde se necesite. Ahora bien, si lo que volvemos a hacer es construir vivienda que se descalifica automáticamente a los siete años y a los siete años esa vivienda vuelve otra vez al mercado en el sentido, como entendemos el mercado de la vivienda, pues podremos construir muchas viviendas que no darán efectivo el derecho a la vivienda.
Creo que ahí lo que hay que tener es una planificación participada, con los ayuntamientos, con las diputaciones... Sabemos cuáles son las tendencias demográficas, cuál es el comportamiento de la población, los fenómenos de las nuevas familias, sabemos entre entre comillas a alto porcentaje cuántas viviendas hacen falta y dónde. Ahora, lo que necesitamos es que esas viviendas efectivamente vayan a esas personas [que la necesitan], no que vuelvan otra vez a calentar el mercado y a fomentar a una burbuja. Y también hay que tener en cuenta que cuando se construye una vivienda nueva, eso cuesta mucho dinero, el proceso urbanizador cuesta tiempo y dinero. Y hay que tener en cuenta los colegios y los espacios, los viales generales y los alumbrados y los alcantarillados y la movilidad y los autobuses. Entonces, si construimos viviendas tienen que ser efectivamente para dar un efectivo derecho a la vivienda, no volver otra vez a reproducir lo que ya sabemos, de donde ya venimos. Lo que vamos a ver otra vez es un asalto al territorio, se van a colmatar los espacios libres que quedan en las ciudades. Eso es agua, eso tiene muchas implicaciones en un momento de de cambio climático.
Este es otro tema relevante en Andalucía, donde hace mucho calor varios meses al año. ¿Las ciudades, cada vez más, van a un modelo de coche y centro comercial, de aire acondicionado y cemento y menos espacios verdes y menos árboles?
En Andalucía tenemos ya un problema con el cambio climático y la subida de las temperaturas. [Aquí hay una] cantidad, cientos de miles de viviendas de barrios populares que están construidas antes de [que existieran] normas edificatorias que puedan combatir el calor. Pues no se habla de hacer refugios climáticos de cada una de las casas, no se habla de una rehabilitación física y energética de esas viviendas que hay miles en todas las capitales de provincia, en las ciudades medias de Andalucía y en las áreas metropolitanas.
"Cada vez hay más hormigón y menos tierra"
Cada vez hay más hormigón y menos tierra. En Córdoba tenemos cines de verano de verdad, y bueno, el cine de verano es un refugio climático. Sí. Ese proceso lleva ya mucho tiempo, pero lo que se está quebrando es el modelo de ciudad de raíz mediterránea, con sus servicios, sus zonas verdes, sus zonas de esparcimiento. La ley, por supuesto, no tiene tampoco perspectiva de género ni atiende a las necesidades de cuidado, la necesidad de espacio público. No era esperable desde luego por parte del PP ninguna propuesta en este sentido porque también es un gobierno bastante antifeminista, pero esto tampoco tampoco está en la ley.
Todo esto tiene mucho que ver y está relacionado: cuando tú expandes una ciudad, aparte de la especulación del suelo, también tiene mucho que ver la construcción de la infraestructura innecesaria, que iba en paralelo a la burbuja de la vivienda. Esto se retroalimenta, vamos. Es puro capitalismo en vena.
¿La ley de vivienda estatal qué le parece? ¿Cómo la valora?
Creo que es un disparate que el gobierno andaluz impida que aquí se pueda aplicar esa ley. En Andalucía no hay más que escuchar al alcalde de Málaga, que viene a decirle a la gente que no, que se vaya fuera de Málaga. Que tenemos zonas tensionadas es absolutamente evidente, vamos. Es una herramienta que está ahí y lo que es un disparate es que no se utilice y que además culpen de la situación de la vivienda a una ley que no están aplicando. El disparate total.
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