El número de pisos turísticos alrededor de Barcelona se multiplica por cuatro en la última década

El número de pisos turísticos —viviendas de uso turístico (VUT), en terminología oficial— se ha disparado en la última década en las ciudades vecinas de Barcelona, especialmente en aquellas más cercanas a la capital catalana. En conjunto, si sumamos los datos de los municipios de la comarca del Barcelonès y de los más cercanos a la gran ciudad de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Maresme, desde 2016 han ganado más de 2.000 pisos turísticos, lo que equivale a más de 10.000 nuevas plazas de capacidad. En pocas palabras, el volumen de inmuebles destinados a acoger visitantes se ha más que cuadruplicado.

Una tendencia que, muy probablemente, se detendrá si tenemos en cuenta las medidas reguladoras que cada vez más municipios han adoptado, como la suspensión de licencias para nuevas VUT, a remolque del decreto que la Generalitat aprobó en noviembre de 2023. Una normativa que es consecuencia directa de la creciente incidencia de la crisis de la vivienda. En paralelo, especialmente los núcleos más cercanos a Barcelona viven su particular boom hotelero, con aperturas recientes o futuras de grandes establecimientos. Todo ello lleva a cargos electos y a expertos a defender la necesidad de un abordaje metropolitano del fenómeno, que permita llevar a cabo una planificación global y adoptar medidas coordinadas.

La situación vivida en los últimos años en numerosos municipios metropolitanos no puede desligarse ni de la capacidad de atracción de visitantes de la capital catalana, ni de las normas reguladoras aplicadas allí. Básicamente, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), aprobado en 2017, conocido sobre todo por la limitación hotelera pero que también fijaba topes para los pisos turísticos. En la práctica, frenó en seco su crecimiento desbocado. Si entre 2011 y 2015, durante la alcaldía de Xavier Trias, las VUT en Barcelona se dispararon de 2.680 a 9.600, desde entonces decayeron hasta los 9.400 del 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, en los dos últimos años la cifra ha vuelto a crecer, y el 31 de diciembre de 2024 Barcelona contaba con 10.327 pisos turísticos, según los datos municipales. El cambio se explica porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suspendió el Peuat en 2019 y pasaron dos años hasta que el consistorio aprobó la nueva versión, actualmente vigente. Diversos propietarios aprovecharon el paréntesis para solicitar licencias de VUT, que en muchos casos los tribunales han validado después de que el Ayuntamiento las declarara ineficaces. La situación debería modificarse de raíz dentro de tres años, si se cumple el compromiso del alcalde, Jaume Collboni, de cerrar los 10.000 pisos turísticos para que pasen al mercado residencial.

Un gran salto de escala

En contraste, en el entorno de la capital se ha vivido el efecto mancha de aceite, con la expansión creciente de plazas turísticas que no podían ubicarse en Barcelona. Según los datos del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, entre 2016 y 2024 el número de VUT en el conjunto de los 22 municipios analizados (los cuatro del Barcelonès, ocho del Baix Llobregat —los cuatro del litoral y cuatro más junto a Barcelona—, seis del Vallès Occidental —incluidos Sabadell y Terrassa— y los cuatro situados más al sur del Maresme) ha pasado de 607 a 2.655, es decir, se ha multiplicado por 4,4 en tan solo ocho años.

En concreto, han crecido de 210 a 521 en l'Hospitalet de Llobregat; de 57 a 229 en Badalona; de 0 a 28 en Santa Coloma de Gramenet; o de 26 a 284 en Sant Adrià de Besòs. Fuera del Barcelonès, en el Baix Llobregat el crecimiento también es notable, especialmente en las localidades más turísticas del litoral, como Gavà, donde los pisos turísticos aumentaron de 31 a 247; y Castelldefels, con un salto de 125 a 378. Aunque en volúmenes absolutos menores, también hay aumentos destacados en Cornellà —de 10 a 90—, Sant Boi —de 0 a 21— y Esplugues —de 1 a 18—.

En el Vallès Occidental destacan los casos de Sant Cugat, donde las 19 VUT de 2016 ya eran 99 en 2024, y Terrassa, que pasa de 7 a 167. Ahora bien, también aparecen en localidades tan poco turísticas como Rubí, Montcada y Cerdanyola, que no tenían entre cero y uno y ahora suman 17, 12 y 11, respectivamente. Finalmente, las cifras también son importantes en el Maresme, donde municipios cercanos a Barcelona han crecido mucho en número de pisos turísticos, como Alella, de 27 a 145; Teià, de 4 a 45; El Masnou, de 36 a 141; o Montgat, de 20 a 73.

En cambio, la situación no es la misma si se pone el foco en el conjunto de la provincia. En este sentido, un estudio reciente elaborado por el Laboratorio de Turismo de la Diputación, concluye que "la oferta de alojamientos no tradicionales [fundamentalmente HUT, pero no solo] se reduce en los municipios barceloneses". El trabajo está realizado a partir del análisis de los anuncios publicados en cuatro grandes plataformas en línea —Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor— entre 2019 y agosto de 2025 y concluye que en este periodo el número de alojamientos turísticos no tradicionales se ha reducido un 9,2%.

Ahora bien, sí crecen las VUT —y las plazas disponibles— en las comarcas del Barcelonès (+37,3%) y el Vallès Occidental (+22,8%), mientras que en el Baix Llobregat se vivió una fuerte recuperación entre 2023 y 2024, tras la caída de plazas registrada durante la pandemia. El estudio no entra al detalle de la situación municipio por municipio. En cualquier caso, de un total de 10.500 propiedades y 59.000 plazas en la región de Barcelona —sin contar la capital—, las comarcas del Maresme, con 2.559 propiedades y 15.938 plazas; y el Garraf, con 2.149 y 12.391, respectivamente, son las que concentran una mayor oferta.

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Sobre esto último, el doctor en Geografía y director del grado de Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Francesc González, apunta a Público que estas dos comarcas concentran plazas de alojamiento turístico "no solo porque reciben la oferta que expulsa Barcelona, sino porque tienen una dinámica vacacional propia muy fuerte". El experto añade, sin embargo, que "Barcelona ejerce de polo de atracción turística regional, más allá de su región metropolitana e, incluso, actúa como hub turístico del sur de Europa". Así subraya que "el efecto frontera" a nivel turístico que tiene Barcelona "supera la escala metropolitana e implica también ciudades y regiones bien comunicadas con ella".

Regulación creciente

La proliferación de nuevas VUT y la creciente crisis de la vivienda provocó que, en noviembre de 2023, el Govern aprobara un decreto para limitar los pisos turísticos en más de 250 municipios. A grandes rasgos, la normativa, validada aún bajo la presidencia de Pere Aragonès, fija un máximo de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, obliga a los propietarios de VUT a contar con una licencia urbanística —a renovar cada cinco años— y con una autorización turística para mantener la actividad, y abre a los ayuntamientos la puerta a eliminar estos alojamientos a partir de noviembre de 2028.

Además, la normativa obligaba a los consistorios a adaptar su planeamiento urbanístico para otorgar nuevas licencias de VUT, un factor que ha derivado en la aprobación de diversas moratorias y suspensiones de pisos turísticos y, en los casos más extremos, en el anuncio de su futura eliminación. Por citar algunos casos, l'Hospitalet mantiene suspendida desde hace un año la concesión de permisos para nuevas VUT, mientras que Santa Coloma de Gramenet ha endurecido mucho los requisitos para recibir una licencia, y Badalona volverá a concederlas en 2026 tras dos años de suspensión. Además, Barcelona y, previamente, Sant Adrià de Besòs han anunciado la voluntad de cerrarlos dentro de tres años.

En conversación con Público, el teniente de alcaldía de Territorio de este último municipio, José Antonio Gras, destaca que "fuimos pioneros en querer suprimirlos", y la razón fundamental para hacerlo es que una vivienda "tiene que ser para vivir en ella, ha de tener un uso residencial", mientras que un piso turístico "conlleva toda una serie de problemas, desde la gentrificación y la pérdida de vecinos y tejido social de un barrio, al encarecimiento de los precios [de los pisos]" o, incluso, "problemas de convivencia cuando coincide en un bloque con viviendas de residentes".

Gras recuerda que ya en julio de 2023 el Ayuntamiento de Sant Adrià aprobó una modificación del planeamiento para "limitar al máximo posible" los pisos turísticos. Y que, una vez en vigor el decreto catalán, "ya no dejamos entrar ninguno más, solo los que ya estaban en trámite", de modo que, por ejemplo, durante 2024 denegaron unas noventa licencias. El siguiente paso debe llegar en noviembre de 2028, con el retorno al parque residencial de los cerca de 300 pisos turísticos que tiene el municipio, que, como todos los del área metropolitana, sufre la crisis de la vivienda, con precios cada vez más elevados. "Debemos dar pasos para garantizar un derecho efectivo a la vivienda y sabemos que la prohibición de los pisos turísticos no es la solución, pero es una medida importante porque moviliza viviendas para vivir", concluye.

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El horizonte de 2028

La gran incógnita ahora mismo es qué sucederá en el horizonte de 2028, con la posible eliminación de los pisos turísticos en Barcelona y qué impacto puede tener. Francesc González plantea dos posibles escenarios. En el primero, la medida no saldría adelante y continuaría la situación actual. Para pensarlo argumenta que "habrá nuevas elecciones por medio [en la primavera de 2027] que pueden cambiar los planteamientos políticos que impulsan actualmente esta medida", que "por sí sola no resuelve realmente el problema del mercado de la vivienda", y por "la existencia de problemas legales e indemnizaciones a los propietarios que la administración deberá afrontar". Si eso sucede, prevé un crecimiento "moderado" de las VUT en los núcleos vecinos, porque "Barcelona seguirá cubriendo parte de la oferta de alojamiento latente".

En cambio, si tira adelante la supresión de los VUT tal como está planteada ahora, considera que sería "una medida que favorecerá mucho al sector hotelero porque se buscarán nuevas plazas para cubrir parte de la demanda" que actualmente asumen. Si a ello se suma la limitación de plazas hoteleras en Barcelona, se muestra convencido de que se produciría la instalación de nuevos hoteles en ciudades cercanas. En cualquier caso, vincula las políticas más o menos restrictivas hacia los diversos alojamientos turísticos a la presión ciudadana, y esta difiere en función del lugar, de modo que no es la misma en la capital que, por ejemplo, en Lloret de Mar.

La necesidad de una política metropolitana

Tanto Gras como González coinciden en defender la idoneidad de plantear medidas de ámbito metropolitano y no municipio por municipio. El teniente de alcaldía de Sant Adrià de Besòs considera que "tenemos problemáticas comunes [en los diversos municipios] y las políticas que se adoptan en un lugar pueden afectar a otro", de ahí la necesidad de afrontarlas a escala supramunicipal. Directamente, plantea la posibilidad de "tener una política marco desde el área metropolitana de Barcelona (AMB)".

La misma opinión la comparte el director del grado en Turismo de la UOC. González expone que "Barcelona es una figura turística que excede sus fronteras y es una realidad supraregional que se comercializa, de forma complementaria o directa, a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia". Y añade que "esta interrelación entre dinámica turística y ámbito metropolitano se manifiesta en el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de gran escala (especialmente los aeroportuarios), las nuevas centralidades metropolitanas que genera la oferta hotelera, el efecto centrífugo de la regulación de alojamiento en Barcelona ciudad hacia otros núcleos cercanos o el deseo de atracción de visitantes por parte de muchos municipios metropolitanos".

Por todo ello, concluye que "un ente de turismo metropolitano sería muy conveniente para fijar cuotas, límites y complementariedades entre la oferta turística y regularla en función de la tensión de la vivienda, una función reguladora que tiene mucho más sentido si se ejerce a escala metropolitana".