"Es un saqueo urbano": la especulación en Alacant amenaza con expulsar a 15 familias trabajadoras de sus hogares

Todo empezó con unas circulares. "Aparecieron por la mañana en todos los rellanos", recuerda Fini. Fue hace apenas mes y pico. El 16 de julio, en pleno verano. Así se enteraron los vecinos de la calle Pascual de la Mata nº 23, en Alacant, de que su edificio cambiaba de manos. De que Hostelería Carrusel SL lo había adquirido. "Las circulares incluían la nueva cuenta bancaria, para que empezáramos a hacer ahí los pagos del alquiler, y nos informaban de que se pondrían en contacto con nosotros para concertar una serie de reuniones personales", continúa contando la inquilina. Hasta ahí, podía ser normal. "Aunque hubiéramos preferido algún tipo de comunicación por parte de los anteriores propietarios", matiza la vecina.

Pero no fue solo eso. Ya en agosto, empezaron a llegar los primeros burofaxes. "En mi edificio, hay cuatro familias que tendrían que renovar sus contratos ahora, en el mes de septiembre", explica Fini. "De momento, ya lo han recibido dos de ellas", completa. ¿Su contenido? No les prorrogan más el contrato. "Se tienen que marchar", confirma la vecina. Va más allá de su edificio. El bloque contiguo -el 25- ha sufrido exactamente el mismo proceso. Y por parte de la misma sociedad propietaria. "Les dan uno, dos meses, para buscar a donde ir. Para rehacer toda su vida", se lamenta la inquilina. Una vida que llevan desarrollando durante décadas en los que son sus hogares. "Yo llevo 12 años aquí, pero mi vecino de arriba lleva 25. Y el de abajo, que tiene 30 y pico años, nació aquí", enumera la vecina. 

"Si no pisos turísticos, como mínimo quieren poner una rentas prohibitivas, que los actuales inquilinos no podrían afrontar", plantea la portavoz sindical

En total, la amenaza de desalojo pesa sobre 15 familias. Familias trabajadoras. Con menores, personas mayores o con enfermedades crónicas. Es el caso de Fini. "He estado recientemente en un tratamiento oncológico y ahora tengo una osteoporosis", asegura la inquilina. "Estoy ahora mismo sin trabajo, acudiendo a los servicios sociales para buscar alguna alternativa", agrega. Porque, aunque todavía no ha recibido burofax, sabe que llegará. "Mi contrato caduca en un par de meses, en noviembre. Y el abogado de los propietarios ya nos ha dejado claro que su intención es no prorrogárnoslo a ninguno. Que no nos quieren aquí", se desahoga al otro lado del teléfono.

Con alquileres de entorno a los 300 euros, no les salen rentables. "Es la única explicación", valora Elena Bronchalo, portavoz del Sindicat de Barri Carolines, en torno al que se están organizando los vecinos afectados. "El propietario argumenta que quieren reformar los edificios y que, para eso, los tienen que vaciar", refiere la activista. Pero… ¿reformarlos para qué? "Nos insisten en que no es para hacer pisos turísticos y es verdad que ahora mismo hay una moratoria en las licencias", responde Bronchalo. "Aún así, lo que está claro es que, como mínimo, quieren poner una rentas prohibitivas, que los actuales inquilinos no podrían afrontar", apunta la portavoz. Y que no están abiertos a negociar. "Los vecinos mandaron un burofax común ofreciendo una subida de los alquileres, dentro de unos límites razonables", confirma Bronchalo. No han obtenido respuesta.

Mientras tanto, la empresa propietaria ha seguido dando pasos. "En el 23 había un piso vacío, por el fallecimiento de la inquilina, y ya lo están reformando", detalla Fini. Es precisamente otra de sus preocupaciones. "No sería la primera vez que este tipo de fondos recurre a unas obras para hacer la vida imposible a sus inquilinos y echarlos extrajudicialmente", señala Bronchalo. "A un minuto andando, en la calle General Espartero, llevamos el caso de unos inquilinos que, por el efecto de unas 'obras de empeoramiento', tuvieron problemas de filtraciones de aguas fecales y moho", añade la activista. Se acabaron marchando. "Aquí solo tienen licencia de obra menor, no pueden afectar a elementos comunes. Pero el piso en obras está puerta con puerta con el de una de las inquilinas a las que les ha caducado el contrato. Pueden intentar usarlo como arma de presión", advierte la portavoz. No son solo las obras. Además van a colocar cámaras de vigilancia en las zonas comunes. "Al final es otra forma de aumentar la hostilidad sobre los vecinos", asegura la activista.

"Alacant se ha convertido en un botín para los fondos de inversión, que juegan a invertir como si esto fuera el Monopoly", critica Manolo Copé

No todo está perdido. Después de que los vecinos convocaran una rueda de prensa para la mañana de este jueves, 4 de septiembre, los propietarios han accedido -por fin- a mantener una reunión. "Será el viernes, con el sindicato y dos de los vecinos que ya han recibido el famoso burofax", desarrolla Fini. "Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. El derecho de las vecinas a permanecer en sus hogares debería primar sobre el de los propietarios a explotar la rentabilidad de sus inmuebles", defiende Bronchalo. "Sobre todo cuando no existen alternativas dignas", sentencia la portavoz.

Público se ha puesto en contacto con la sociedad Hostelería Carrusel para preguntarle a qué fin se destinarán los pisos, una vez reformados. ¿Continuarán en el mercado residencial? También le ha cuestionado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los inquilinos que permita su continuidad en los inmuebles, con un posible reajuste de precios. Así como por algunas de las acusaciones de sus inquilinos, como la vulneración de los plazos legales o la presión a través de las obras. Por último, este diario ha querido saber cuál es la propuesta concreta con la que la empresa acude a la reunión con los vecinos que se celebrará el próximo 5 de septiembre. Hasta el momento de publicación de este artículo, la sociedad no ha ofrecido declaraciones al respecto.

Un parque temático para el turismo

Está pasando en todo Alacant. "Estamos viviendo una verdadera emergencia habitacional. El caso de las familias de la Bola de Oro es solo el último exponente", sostiene Manolo Copé, portavoz del grupo de Esquerra Unida-Unides Podem en el ayuntamiento de Alacant. Los datos lo evidencian. Según Idealista, en los últimos cinco años, los alquileres han subido de media más de un 50%, llegando a duplicarse en los barrios más céntricos de la ciudad. “No son los alicantinos quienes están invirtiendo en vivienda. Son extranjeros con mayor poder adquisitivo”, incide el político. Una tendencia que ha situado a la ciudad -y a la provincia- como una de las que más transacciones de extranjeros acumulan, un 45,67%. Tiene nombre: turismo residencial.

No son los únicos responsables de la alarmante subida de precios en la capital alicantina. "Cada vez más empresas y fondos, muchas veces con sede en Madrid, están adquiriendo edificios completos aquí en Alacant", indica Copé. Bien para viviendas turísticas, bien para pisos y urbanizaciones de lujo. Como las que inundan la Costa Blanca. "Es un modelo que convierte las ciudades en un negocio y, por el camino, expulsa a miles de familias trabajadoras", sigue el político. Alacant -valora Copé- ha dejado de ser de sus habitantes. Se ha convertido en un parque temático para turistas. "Y en un botín para los fondos de inversión y las grandes empresas que juegan a hacer inversiones como si esto fuera el Monopoly", concluye el portavoz.

Un análisis con el que coinciden las asociaciones vecinales. "Están dejando a los vecinos de toda la vida sin ningún tipo de alternativa residencial en su propia ciudad. Vecinos que o ven muy reducida su calidad de vida -en casas cada vez más pequeñas, precarias y peor ubicadas- o que directamente se tienen que ir fuera", expone Bronchalo. "Incluso de barrios que no son ya precisamente el centro", subraya la activista. Barrios tradicionalmente humildes, de clase trabajadora.

La responsabilidad última es política. "Estamos hablando de apenas 748 viviendas públicas para más de 4.000 familias en lista de espera", ilustra Copé. Con un Patronato de Vivienda que, el año pasado, ejecutó apenas la mitad de su presupuesto. "Es evidente que el Partido Popular prefiere contentar al lobby hotelero y a los especuladores antes que pensar en los alicantinos", concluye el político. Atenerse a la declaración de zona tensionada, movilizar las más de 16.000 viviendas vacías, rehabilitar y construir vivienda pública o implantar una tasa turística. "Medidas hay, falta el interés y la voluntad política", apunta Bronchalo. "No estamos pidiendo nada radical, es de sentido común. Que los vecinos tengan un alquiler normal, que no les exprima, y puedan seguir viviendo y trabajando en sus ciudades", sentencia la activista.