Las vecinas de Valverde 42 en Madrid luchan contra su desalojo por parte de un fondo: "En un mes me quedo sin casa"

Las vecinas de la calle Valverde 42, en Madrid, se han constituido como "bloque en lucha" después de que el fondo de inversión Vencar Capital SL comprara el edificio en el que han vivido durante años. El pasado 7 de noviembre la empresa envió a las inquilinas un  burofax, al que ha tenido acceso Público, notificando que debían abandonar las viviendas una vez acabaran sus contratos porque "no iban a proceder a la renovación". 

Lucía Novillo, que residen en una de las viviendas del bloque desde hace ocho años, será una de las primeras en abandonar el edificio cuando finalice su contrato en marzo. "En un mes me quedo sin casa y, si no encuentro nada, me tendré que mudar a otra ciudad", cuenta a este diario. Vencar Capital SL no ha respondido a las preguntas de Público por vía telefónica alegando que "no dan declaraciones a los medios". Tampoco se han pronunciado sobre las preguntas remitidas mediante correo electrónico que se reproducen al final de este artículo.

En el bloque viven casi una veintena de vecinos, alguno desde hace más de 20 años. Los precios del alquiler varían desde los 530 euros, como el caso de Novillo, hasta un máximo de 900 por el piso más grande. La vecina cuenta que el anterior propietario del edificio nunca impuso "precios abusivos" e, incluso, rebajó las rentas durante la pandemia de 2020. 

Una actitud muy distinta a la del fondo de inversión que ahora pretende expulsarles del bloque. Según la vecina y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, tras mandar el burofax, la empresa se ha negado a reunirse con las inquilinas para llegar a un acuerdo que evite abandonar las viviendas. "No quieren saber nada. Lo único que hicieron fue ofrecernos dinero si nos íbamos antes", cuenta a este diario Novillo, quien explica que la empresa solo ofreció pagar la renta por cada mes restante desde que se fueran hasta la fecha en la que finaliza el contrato. 

Dos inquilinos aceptaron marcharse en cuanto recibieron la oferta, pero el resto se ha negado. Si Novillo hubiera accedido, le habría correspondido 1.000 euros por abandonar su casa, detalla a Público. Pero la vecina asegura que no entra en sus planes irse del edificio y que ella y sus vecinas se quieren quedar "legalmente". 

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"Quieren echarlos cuanto antes para sacar la máxima rentabilidad", comenta a este diario el Sindicato de Inquilinas, quien afirma que Vencar Capital quiere trasformar el edificio para "rentabilizarlo". De hecho, desde la organización aseguran que en estos casos las empresas siempre siguen la misma dinámica: "Ellos tienen planes de cinco años en los que tienen que comprar el edificio, vaciarlo, reformarlo y venderlo para sacarle rentabilidad". 

En este caso, desde el pasado noviembre las vecinas han visto que la empresa ha contratado lo que Novillo define como una "patrulla desokupa". Empleados que vigilan las zonas comunes todos los días de la semana sin realizar ninguna tarea de mantenimiento o limpieza en el edificio. "Ahora no dicen nada, pero cuando acabe mi contrato en marzo no sé lo que me dirán o harán", expresa la inquilina. 

Además, en un intento por controlar el bloque, la empresa también proyectó instalar cámaras de video vigilancia en zonas comunes, que finalmente solo pudo colocar dentro de seis viviendas vacías, tal y como afirma la inquilina.

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Apoyo vecinal para "dar la batalla"

Ante esta situación, en los últimos meses las vecinas del bloque se han visto obligadas a unirse para buscar apoyo en organizaciones como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que consideran que Valverde 42 es un ejemplo de "organización, lucha y resistencia" que no parado de buscar alianzas para poder "dar la batalla", según cuentan a este diario. 

En esta lucha, el Sindicato considera que su principal objetivo es "escalar el conflicto, mostrar un problema estructural y aumentar la presión para que la balanza de poder se iguale y las inquilinas tengan poder de negociación", según explica a este periódico.

Otro de los apoyos del bloque ha sido la Asociación vecinal Maravillas, que se ha convertido en el nexo de unión para las vecinas del barrio Malasaña frente a la gentrificación y los fondos de inversión que compran edificios. "Queremos generar una estrategia y un espacio de apoyo para vecinos y vecinas que están afectados con esta situación", explica a este diario su presidenta, Maribel Pizarroso. 

Considera que el acompañamiento de las vecinas es una herramienta fundamental para luchar contra la expulsión de las inquilinas. "Es muy importante no sentirnos solas, ni tener la sensación de que están en su propio barrio pero nadie sabe que está pasando esto", cuenta la presidenta. 

Una tendencia en el barrio

Cuando conocieron el caso de Valverde 42, la Asociación Maravillas buscó amparo en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para aumentar la visibilidad de un problema que, según Pizarroso, se ha convertido en "una tendencia" en el barrio de Malasaña.

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El ejemplo más cercano es la expulsión de los vecinos que viven en bloques que son propiedad de la Casa de Alba, a los que se invita a una salida "ordenada" de los edificios en cartas firmadas por la empresa Bala Investment. Al igual que con las inquilinas de Valverde 42, la empresa se ha negado a renovar los contratos de alquiler después de décadas viviendo en los inmuebles.

La presidenta de la asociación incluso asegura a este medio que, tras dar a conocer ambos casos, los vecinos de "más de tres edificios" se han puesto en contacto con la asociación porque están sufriendo algo similar. De esta forma, la asociación ha detectado edificios en el barrio que ya están "vendidos y vacíos" o algunos, como el de San Bernardino 9, en el que quedan vecinos que se niegan a irse. 

Una tendencia que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid define como un "problema estructural permitido con el beneplácito de las instituciones" y de la que Maribel Pizarroso culpa al Plan Reside aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, que limita las licencias de pisos turísticos pero permite crearlos en edificios que son propiedad de un único dueño.

Por eso, para combatir esta situación, Pizarroso cuenta a este periódico que la asociación está creando "un censo" de edificios como el de Valverde 42 que "muestre la realidad del barrio" y motive un cambio en la legislación con la ayuda de la FRAVM. "Queremos ser un medio de presión para que cambie la ley o se haga una revisión", expresa la presidenta.

Una solución que también comparte el Sindicato: "Aquí lo que tiene que haber es voluntad política para legislar a favor de los inquilinos y no dar más bonificaciones de impuestos a los caseros".

Hasta entonces, Lucía Novillo seguirá viviendo con "nervios y ansiedad" asumiendo que, aunque en marzo le llegue "una denuncia" por negarse a abandonar su piso en Valverde 42, tiene que "luchar por toda la gente" que está en su situación.