En la causa que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera contra Carles Puigdemont y los líderes independentistas sobre el referéndum del 1 de Octubre, la posible existencia de desvío de dinero público para financiar dicha convocatoria de voto se desinfla cada vez más, ahora a raíz de la abundante documentación que el Ministerio de Hacienda ha enviado al Alto Tribunal.

Según analiza en profundidad La Vanguardia, los papeles sobre la intervención de las cuentas de la Generalitat de Catalunya —hasta cinco informes desde el pasado mes de enero— indican que no se han podido hallar indicios concluyentes de malversación.

Según recuerda el rotativo, el juez Llarena, usó las diligencias practicadas por la Guardia Civil para acordar la imputación por malversación “a Puigdemont y parte de su Govern, incluido su vicepresidente de Economia, Oriol Junqueras, por una cifra inicial de 1,6 millones de euros”.

Tal y como informaba Público hace una semana, la presunta malversación de fondos públicos durante el 1-O que intentan acreditar el juez Llarena, y el grupo de la Guardia Civil que encabeza el teniente coronel Daniel Baena –firmante de todos los informes de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre– es el último caballo de batalla del Gobierno de Mariano Rajoy contra los dirigentes independentistas de la Generalitat.

No obstante, en los informes de la Guardia Civil en los que se basa Llarena para acusar a los políticos catalanes de malversación de fondos públicos se omiten los certificados de la Intervención General de la Generalitat.

El delito de malversación es secundario en la causa contra los dirigentes independentistas, pero ha cobrado una repentina importancia desde que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que denegó que el expresident catalán Puigdemont hubiese incurrido en un delito de rebelión, comenzase también a cuestionarlo. De hecho, la justicia alemana ha pedido al Tribunal Supremo que envía toda la información complementaria para poder tomar una decisión sobre la admisibilidad de la imputación.

Pese a que el delito de malversación era inicialmente algo ‘secundario’ en la causa contra los dirigentes del 1-O, la decisión del tribunal del land alemán de Schleswig-Holstein de rechazar el envío a España de Puigdemont por el delito de rebelión –el más relevante– ha revalorizado su importancia, sobre el que los jueces alemanes también han expresado reservas.

Así, se ha situado en el centro del caso y se ha avanzado la idea de que por el delito de malversación agravado se podrían pedir contra Puigdemont hasta 12 años de prisión. Pero, antes son necesarias pruebas e importes muy relevantes.