La Audiencia imputa a Ramoncín por las irregularidades de la SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado el próximo 14 de enero al cantante José Ramón Márquez Martínez, Ramoncín, en el marco de la causa en la que se investigan las irregularidades en la Sociedad General de Autores (SGAE). En una providencia hecha pública este viernes, el instructor considera que 'Ramoncín' podría ser autor de los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal así como falsedad documental.

Por su parte, el cantante prefiere no hablar, al menos por ahora, sobre la imputación dictada hoy en su contra por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el marco del caso SGAE.
"Tenemos que valorar las cosas con mucho cuidado", ha afirmado en un breve SMS tras ser preguntado sobre la decisión de Ruz. No obstante, ha señalado que "después de prestar declaración -una cita prevista para el próximo 14 de enero- y sepa dónde se ha generado la duda respecto de mi honradez, hablaré encantado".

La investigación parte de un informe de la Guardia Civil en el que se han analizado facturas por valor de 170.552,56 euros emitidas por el cantante y por su editora musical, Jupiter Musical S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012. El informe de la Benemérita añade que hay dudas sobre la forma de contratación observada y en algunos casos, sobre la realidad de los servicios o productos, por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante. Habría facturas no soportadas por ningún contrato, según el dictamen.

En el escrito del instituto armado aparecen además correos electrónicos entre el cantante catalán y el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, el presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.

Entre las facturas investigadas figuran la emitida por Ramoncín mediante la empresa Portal Latino S.L. para poner en marcha un programa de televisión llamado El Creador, cuya realización la Guardia Civil no ha podido justificar con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo. En relación a este último contrato, la contratación de Ramoncín para este programa supuestamente ficticio pudo ser una decisión adoptada por Neri, según se desprende de los correos electrónicos investigados. Otra factura analizada en el informe versa sobre una herramienta informática que vendió el cantante a la SGAE, llamada "Caja fuerte virtual", de la que ni se ha encontrado el contrato ni la herramienta en sí.

Ramoncín iba a ser citado en principio como testigo por esta causa, pero a la luz de este nuevo informe de la Guardia Civil el juez ha decidido hacerlo como imputado (su declaración será a las 10.00 horas del próximo 14 de enero) para garantizar su derecho a la defensa.

Según el juez Ruz, las investigaciones realizadas en esta causa han constatado la existencia de un entramado de empresas creado por Neri que "se habrían venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE", como la SDAE, Portal Latino o la propia SGAE, "constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos".

El supuesto desvío de fondos, según Ruz, se llevó a cabo mediante una trama empresarial "parasitaria" de la entidad "ideada" por Neri, aunque "autorizada, consentida y también impulsada" por Bautista, a quienes imputó un delito de apropiación indebida, otro de administración fraudulenta y un tercero societario.

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

También están imputadas tres familiares de Ramos --su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez-- y otros dos de Rodríguez Neri --su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez--.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.