Pese a que el Tribunal Constitucional paralizó los derribos planeados por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio del Cabanyal, la comisión de Urbanismo ha aprobado 18 expedientes de derribo que afectan a 31 viviendas. 

La votación ha contado con el apoyo del PP y el rechazo del PSPV-PSOE, tal y como ha informado el concejal socialista Vicente González Móstoles, que también ha explicado que la mayoría de los derribos se refieren a viviendas comprendidas en el entorno de las calles San Pedro y Luis Despuig. 

De este modo, el Ayuntamiento de Valencia hace oídos sordos a las decisiones del Constitucional, que el pasado 14 de abril decidió admitir a trámite el recurso promovido por el Ejecutivo contra la ley autonómica.

En estos momentos la norma que rige es la orden ministerial, que ordena la paralización del PEPRI, por considerar que existe expolio. Los últimos derribos se produjeron los pasados días 6 y 8 de abril, cuando entró en vigor la ley.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge Bellver, asegura que no se han aprobado tales licencias sino que se ha dado cuenta de ellas, 'porque las dos últimas licencias fueron firmadas el 20 de abril'. También ha añadido que 'en el momento en que se producen los derribos y se firman estas licencias, no hay ningún inconveniente para que no se produzcan', pero que con la decisión del Constitucional 'no van a tener efecto' y quedan suspendidas hasta que la Justicia se pronuncie. 

Para Bellver, el concejal socialista 'intenta despistar y engañar diciendo que las licencias se aprueban hoy'. El titular de Urbanismo ha calificado de 'aberración jurídica y urbanística' la orden ministerial promovida por el Gobierno. 'Han sido tan bestias a la hora de tomar una decisión política que han paralizado todo el plan', ha afirmado Bellver, quien ha considerado que el ministerio debía haber especificado en la redacción de la orden a qué ámbito se refiere su decisión de suspensión inmediata.

La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal ha denunciado que muchas de las 31 viviendas afectadas por las licencias de derribo aprobadas por la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia son propiedad privada, por lo que, a su juicio, las demoliciones serían 'ilegales'.

En un comunicado, han recordado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Consell que avaló los derribos le imposibilitaba regenerar el barrio porque le impedía otorgar nuevas licencias de rehabilitación.

'Hoy, sin embargo, se autoconcede 31 licencias de derribo, de edificios que en muchos casos ni siquiera son de propiedad municipal sino que permanecen en manos de sus propietarios', han denunciado desde Salvem, extremo que han confirmado a EFE fuentes del grupo municipal socialista.