BOEMás de 500 funcionarios han perdido su plaza por condena desde 1996, un centenar de ellos por malversación

En 2010, dos policías nacionales torturaron a dos detenidos en los calabozos de Arrecife (Lanzarote). Fueron condenados y recurrieron ante el Supremo, que confirmó su pena en mayo. El pasado viernes, el BOE publicaba el nombre de uno de ellos: tras la sentencia en firme y la inhabilitación, dejaba de ser miembro del Cuerpo de forma oficial.

Que un funcionario pierda esa condición solo es posible en casos muy concretos, como una sanción o una condena en firme y la inhabilitación. 524 funcionarios perdieron su plaza así desde 1996 y sus nombres aparecen en el BOE desde ese año. 19 de ellos lo hicieron tras una sanción administrativa —la mayoría por abandono del servicio, esto es, dejar de ir a trabajar. Los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados.

Son una veintena al año, según los datos publicados en el BOE, una cifra pequeña teniendo en cuenta que, en enero de este año, los funcionarios al servicio de las administraciones públicas sumaban casi un millón y medio, según el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal. Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado. 

Son pocos, pero sus delitos más habituales son muy distintos a los del resto de la población. El más frecuente es la malversación, cometido por 109 de ellos. Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en prostíbulos. O la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos de la facultad.

A malversación le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61). Así, esta tríada de condenas más comunes, todas muy vinculadas a sus profesiones, es distinta a la de la población general (delitos contra la seguridad vial, hurtos y lesiones). Y, además, entre unos y otros cuerpos de funcionarios también hay distinciones.

201 son policías

El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la Policía Nacional, con 201 de ellos. Los delitos más comunes son aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. Como los dos policías que asaltaron a una chica que se había negado a tener relaciones sexuales con ellos a la salida de una discoteca y la forzaron a meterse en su coche tras enseñarle las placas. Pero un hombre les vio, les siguió con su grúa, avisó a la policía (a la de servicio, claro) y consiguió que la liberaran. 

No entran en este recuento los cuerpos que dependen únicamente de las autonomías o los miembros de la Guardia Civil o del Ejército. En estos últimos casos, la pérdida de la condición de funcionario se publica en el Boletín Oficial de Defensa o en el de la Guardia Civil, ambos de acceso restringido solo a miembros de estos cuerpos. Así pasó con Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de La Manada. Lo supimos porque lo anunció el Ministerio de Defensa. Si el guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, pierde su condición de funcionario, es en esos boletines cerrados en los que se publicará la pérdida de plaza.

Tras salud pública y secuestro, los delitos por los que más se condena a los policías son falsedades, cohecho, revelación de secretos y robos. Le siguen torturas (14) y homicidio y sus formas (13). De hecho, del total de funcionarios que perdieron la plaza por asesinato, siete eran policías y uno maestro. Y, en el caso de los homicidios, el reparto es de seis policías y un maestro. Pero los delitos más comunes en los cuerpos educativos no son esos.

31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de ellos maestros. El delito más común: los abusos sexuales (9). De hecho, en estos casos es habitual que la orden ministerial que regula la pérdida de plaza oculte el delito cometido, algo que también pasa en algunos casos de condenas por malversación o prevaricación pero que no es lo habitual: en la mayoría de las órdenes ministeriales publicadas en el BOE sí se incluye por qué delito se les condena.

Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son los administrativos (cuerpos de la Seguridad Social o de organismos autónomos, general administrativo…), con 97 pérdidas de plaza. O las 87 de los cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Le siguen los 41 funcionarios de la Justicia, solo uno de ellos juez. Y los 16 de la administración local, en su mayoría interventores. A la cola, el meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación. 

Con la sentencia firme y la inhabilitación, aún existe la posibilidad de que no pierdan la plaza si se consigue el indulto. De hecho, la malversación es uno de los delitos más indultados sobre el número de condenas.

Cuando la pérdida de la plaza es voluntaria

En ocasiones, es el propio funcionario el que decide renunciar. Desde 1996, lo han hecho 234 personas, 145 hombres y 89 mujeres. Algunos de ellos no tomaron posesión de su cargo una vez aprobada la oposición, lo que comporta, de forma automática, una renuncia a su condición de funcionario. Para otros se trata de un cambio -radical, puesto que no piden una excedencia temporal- de carrera profesional.

Del total, 130 trabajaban en la educación; 62 de ellos eran profesores de Secundaria y otros 45, maestros. Entre el resto encontramos 44 miembros del sistema judicial, la mayoría personal auxiliar y de apoyo; 33 extrabajadores de los servicios postales y una decena de policías nacionales.

¿Cómo se pierde una plaza?

Hay cinco formas de perder una plaza: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión concreta). Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.

(Este reportaje aparece en primer lugar en El BOE Nuestro de cada Día, un proyecto de la Fundación Civio, que republicamos gracias a su licencia CC Re-publica)