Camps se asegura quince años más de sueldo público

De dimitir por presunta corrupción en el ejercicio de su cargo a asesorar a las instituciones sobre la correcta interpretación de las leyes. Esta es la trayectoria que Francisco Camps prepara para sí mismo. El president valenciano renunció a su cargo el pasado 20 de julio, cinco días después del anuncio, por parte de la Justicia valenciana, de que será juzgado por cohecho. Una semana más tarde de su dimisión,Camps ha solicitado el ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo, el equivalente autonómico al Consejo de Estado.

Se trata de un organismo público cuyo principal cometido es asesorar a las instituciones valencianas sobre proyectos de ley, conflictos de competencias dentro de las administraciones y convenios de la Generalitat con otras comunidades autónomas, entre otras cuestiones. Camps tiene, como el resto de expresidentes valencianos, la posibilidad de ingresar en este Consell como consejero nato, en el que puede permanecer durante los próximos 15 años. Así lo dispone la Ley del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana. Es el primer exmandatario que hace uso de esta prerrogativa, ya que sus tres antecesores en el cargo el socialista Joan Lerma y los conservadores Eduardo Zaplana y José Luis Olivas nunca pidieron el ingreso en este organismo público.

Deberá renunciar a su salario de diputado, pero seguirá en Les Corts

Según la misma ley, Camps tiene derecho a conservar el tratamiento de molt honorable. También podrá mantener con fondos públicos una "oficina de apoyo" con dos trabajadores, un conductor y un local. Fuentes de Presidencia aclararon que Camps no hará uso de este privilegio, si bien es posible que conserve el uso de un vehículo oficial por razones de seguridad.

En su nuevo trabajo, Camps compartirá espacio y reuniones con viejos conocidos. El presidente, Vicente Garrido, dirige actualmente la tesis doctoral que el político valenciano, licenciado en Derecho, está elaborando. En la misma mesa se sentará, además, Joan Ignasi Pla, que fue hasta 2007 el líder del PSOE regional. También Pla se vio obligado a dimitir de su cargo tras publicarse en varios medios de comunicación que una constructora pudo haber pagado unas obras en su casa. Desde entonces, fue diputado autonómico. Hace varias semanas, fue elegido por Les Corts Valencianes para formar parte del Consejo Jurídico, gracias al apoyo de la dirección de su partido.

Camps compatibilizará, además, su sillón en esta institución con su escaño de diputado, según confirmaron ayer fuentes de Presidencia de la Generalitat, que añadieron que renunciará a su sueldo como parlamentario. Así lo exige el Estatuto de los Expresidentes, que dispone que el salario como miembro nato del Consejo será "incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público".

"Podía haber esperado a que lo juzguen", dice Oltra, de Compromís

La doble condición de diputado y consejero de la que Camps disfrutará a partir de ahora causó ayer indignación entre los grupos de la oposición, que le habían exigido que abandonara su escaño debido a su situación judicial.

El expresident está imputado por presunto cohecho pasivo impropio en el llamado caso de los trajes. Se le acusa de aceptar varios miles de euros en trajes de los empresarios de la supuesta trama corrupta Gürtel. El pasado día 15, el juez instructor de la causa emitió un auto en el que consideró que había suficientes indicios de delito como para abrir juicio contra él.

Se da la circunstancia, además, de que en el periodo en el que Camps recibió las presuntas dádivas (de 2006 a 2009), los mismos empresarios que lo agasajaron recibieron adjudicaciones millonarias de la Generalitat Valenciana. En ocasiones, los contratos públicos se lograron gracias a información privilegiada filtrada desde la Administración, según el sumario. En relación con estos presuntos hechos, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) investiga a cinco diputados autonómicos del PP por prevaricación, cohecho, financiación ilegal del partido y falsedad documental. Los presuntos delitos se cometieron bajo el mandato de Camps, tanto en el partido como en el Gobierno, pero él no está imputado en la causa.

En el caso que afecta al expresident, la vista oral se celebrará, previsiblemente, durante el otoño, una vez que se forme el jurado popular que habrá de emitir el veredicto. Teniendo en cuenta esta circunstancia, Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, opinó que "al menos desde el punto de vista ético, podía haber esperado a que lo juzguen" y consideró una "desfachatez la prisa con la que Camps ha reclamado sus privilegios como expresident".

"Su simple presencia salpicará cualquier institución donde se encuentre", opinó Marga Sanz, líder de EUPV (IU en el País Valencià).

Carmen Ninet, portavoz adjunta en Les Corts del PSPV, pidió explicaciones a Alberto Fabra, como sucesor de Camps al frente de la Generalitat y también como líder del PP valenciano. Indicó que "Camps intenta tutelar y controlar a Fabra desde el Consejo Jurídico Consultivo" ya que "este órgano ha de informar de todas las resoluciones del Consell". Preguntado por el futuro del expresident, Fabra declaró ayer que respetará "cualquier decisión" que tome su antecesor.