El Gobierno tiene fundamentos de sobra para salir airoso de su pugna con la Xunta de Galicia a cuenta de la ley autonómica que establece un catálogo propio de medicamentos a financiar por la sanidad regional. Esta es al menos la opinión expresada por el Consejo de Estado en su dictamen sobre la decisión del Gobierno de recurrir el llamado catálogo gallego de fármacos ante el Tribunal Constitucional.

Si el pasado viernes el vicepresidente, Alfredo Pérez Ru-balcaba, justificó la presentación del recurso de inconstitucionalidad explicando que la regulación gallega invade las competencias del Estado y, además, 'recorta derechos' a los ciudadanos gallegos, el Consejo de Estado considera, en la misma línea, que el catálogo rompe la igualdad de los españoles en el acceso a los medicamentos.

'Las previsiones de la ley gallega indica el dictamen pueden provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado, habida cuenta de que el catálogo priorizado gallego excluye muchos de los medicamentos incluidos en el catálogo estatal, que no serán financiados por la comunidad autónoma, condicionándose con ello la posibilidad de que tales productos serán dispensados por los profesionales sanitarios'.

El Gobierno ha recurrido la ley porque 'recorta derechos'

El órgano consultivo suscribe la mayoría de los argumentos jurídicos sostenidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recurrir la norma gallega, una ley que según el Consejo de Estado 'vulnera' la legislación estatal, que establece que todos los medicamentos del catálogo del Sistema Nacional de Salud deben financiarse y estar disponibles para los ciudadanos. En este sentido, deja claro que el catálogo gallego 'ha contravenido las exigencias impuestas por la legislación básica del Estado en materia de sanidad (y, más exactamente, en materia de regulación de las prestaciones farmacéuticas básicas que en todo caso han de financiarse con cargo a fondos públicos)'.

También supone 'limitar en Galicia las posibilidades de acceso a esos otros productos farmacéuticos que sí podrán prescribirse y dispensarse en receta oficial en el resto del Estado', lo que para el Consejo puede afectar a la garantía de la protección de la salud de los ciudadanos, vulnerando así las competencias estatales de legislación exclusiva en materia de productos farmacéuticos'. Por último, el dictamen señala que el catálogo gallego también conculca las reglas estatales sobre los mecanismos de financiación pública.

La ley puede afectar incluso a 'la garantía de la protección de la salud'

Pero no sólo el Gobierno está en contra del catálogo gallego. En una inusual iniciativa, los colegios de farmacéuticos y las patronales de los distribuidores de fármacos (Fedifar), la industria farmacéutica (Farmaindustria) y los fabricantes de genéricos (Aeseg) han hecho frente común para oponerse a la norma gallega.