"Eso que se dice de que la administración catalana se ha hecho muy grande y nos hemos funcionarizado no es verdad, como se puede ver en los datos". Así de contundente se mostró ayer Joan Rosell, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, tras presentar un informe sobre la distribución de funcionarios entre las Comunidades Autónomas, que sitúa a Catalunya como la que tiene menos empleados públicos de España, casi dos puntos por debajo de la media estatal. En 2007, el 9,79% de empleados en Catalunya eran funcionarios, unos cinco puntos menos que en el conjunto de España, donde el porcentaje medio fue de 15,41% el mismo año.

Los datos se han extraído del Ministerio de Administraciones Públicas y reflejan el incremento de 465.000 funcionarios en las CCAA, entre 1998 y 2007, paralelo a la reducción de personal de la administración del Estado.

El aumento de empleados públicos en los últimos diez años se debe a la transferencia de competencias de la administración central a las CCAA, y el crecimiento de las mismas. Sin embargo, este incremento no se ha producido por igual en todas las comunidades y, en 2007, mientras que Catalunya tuvo un 3,98% de funcionarios sobre el total de la población, en Extremadura fue el 8,5%, seguido por la Comunidad de Madrid con un 6,83%.Según Rosell, para que Catalunya se acercara a la media del Estado debería tener 124.000 funcionarios más, mientras que si España se aproximara a la media catalana debería eliminar 781.000 empleos públicos. "Si pagamos los mismos impuestos deberíamos disfrutar de servicios similares", subrayó.

Para el presidente de la patronal, el aumento de funcionariado exige un análisis sobre los modelos de contratación y un estudio sobre las tareas de los trabajadores, ya que si continúa creciendo "no habrá dinero para pagarlo".

Para solucionar esta situación, Rosell propuso aumentar el número de contratos , pero con una mayor flexibilidad en contrataciones y despidos para que el funcionario tenga las mismas "ventajas e inconvenientes" que el trabajador de la empresa privada. "Es necesario profundizar en la reforma de la gestión de la función pública para que el empleado privado tenga las mismas condiciones y derechos que el empleado público", concluyó.