Catorce detenidos en el desalojo de un edificio 'okupado' en Madrid

Esta mañana la Policía ha puesto fin a los cuatro meses de 'okupación' del número 11 de la calle madrileña de Concepción Jerónima, en el distrito de Centro. A las 7:00 horas los agentes han desplegado el dispositivo con varias furgonas de antidisturbios, han desalojado a las 76 personas que vivían allí y se han llevado detenidas a 14 de ellas por un presunto delito de usurpación de bienes inmuebles, que han sido trasladadas a la Brigada Provincial de Información.

El edificio se ocupó el pasado 25 de noviembre. En ese momento, uno de los ocupantes declaró que estaban "relacionados" con los del Hotel Madrid, en la calle Carretas, que también permaneció ocupado varias semanas por activistas del Movimiento 15-M hasta que, finalmente, también fue desalojado.

Este desalojo, que ha contado con la orden judicial, llega tres días después de que la delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, pidiera una "mayor celeridad" al juez para ordenar otro desalojo en la calle Echegaray.

En los últimos meses Cifuentes ha convertido la lucha contra los 'okupas' en una de sus principales prioridades. De esta forma, el pasado 14 de marzo llevó a cabo el seminario dirigido a agentes de Policía 'Intervención multidisciplinar ante la okupación de inmuebles'.

De este modo, aseguró que aplicará la Ley "de una manera lo más ágil posible" contra las ocupaciones de inmuebles porque "existen mecanismos para así hacerlo".

Cifuentes aseguró que aplicará la Ley "de la manera más ágil posible" contra las ocupaciones

"Es una realidad que se están produciendo ocupaciones y por eso es fundamental esta iniciativa para que en la Academia se de una formación específica a la Policía Municipal, que es normalmente quien se tiene que hacer cargo de esas situaciones. Es una iniciativa fundamental", dijo la delegada.

Cifuentes también indico que intensificaría la colaboración con las restantes administraciones públicas y con la autoridad judicial para prevenir y para perseguir este tipo de actuaciones y también reforzaría la coordinación entre los 21.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Así, reiteró la voluntad de la Delegación del Gobierno de no tolerar 'okupaciones' ilegales ni de inmuebles ni de espacios públicos, aplicando para ello lo establecido en el Código Penal.