La indemnización de 208.243 euros solicitada por Carlos Dívar tras dimitir amenaza con convertirse en un 'culebrón'. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, dividido sobre la pertinencia de hacer o no el desembolso, tomó hoy la decisión salomónica de pedir al Ministerio de Hacienda los 44.623 euros que correspondería pagar a Dívar este año, pero dejar la decisión final  sobre si procede o no pagarle a tener ese dinero en la mano.

El presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, señaló que el acuerdo del Consejo se basa en 'razones de técnica presupuestaria', que obligan a tener el dinero antes de decir si Dívar debe cobrarlo. Moliner mismo ha dado un giro radical en su posición sobre la petición de Dívar. La semana pasada, declaró a la prensa que el Consejo no podía negarse a pagar la indemnziación pedida por su antecesor en el cargo, porque de hacerlo incumpliría la Ley. Pero hoy dijo que se reserva la posibilidad de mantener o rectificar esa opinión, y que se atendrá a lo que diga el Pleno en la primera reunión que celebre tras recibir la contestación de Hacienda.

Carlos Dívar pidió el pasado 26 de junio una indemnización de 208.243 euros, por cesar en el cargo de presidente del Consejo y del Tribunal Supremo a raiz de la polémica de sus escapadas de fin de semana a Marbella y otras localidades con cargo a las arcas de la institución, sin justificar el carácter público o institucional de los desplazamientos. Ese tipo de indemnización está prevista en la Ley para exaltos cargos políticos y judiciales, y asciende al 80 por ciento de su sueldo bruto de dos años. En el caso de Dívar, como cobraba 130.152 euros al año,  el 80 por ciento de dos anualidades asciende a 208.243 euros, que tendría que cobrar mensualmente durante dos años (a razón de 8.676,79 euros al mes).

A propuesta del presidente de la Comisión Presupuestaria, Ramón Camp, el Pleno acordó hoy pedir una ampliación de crédito a Hacienda para pagar lo que le correspondería cobrar este año al expresidente (44.623 euros), al entender que no pueden discutir si le debe o no cobrar la indemnización hasta tener el desembolso aprobado. Además, han incluido en los Presupuestos del Consejo para 2013, aprobado hoy, los 104.000 euros de la indemnización de Dívar que, de acordarse, cobraría ese año. Moliner insistió en que la comunicación a Hacienda no prejuzga la decisión final sobre su petición.

La división entre los vocales del Consejo frente a la petición de Dívar radica en resolver si, en un caso de cese por dimisión como el examinado, que no correspondió a un fin de mandato normal sino que fue forzado por el escándalo de los viajes, la Ley obliga a autorizarlo o, por el contrario, debe denegarse. La Comisión de Estudios decidió la semana pasada que era legal el pago, pero con la discrepancia de la vocal progresista Margarita Robles, quien cree que no corresponde cuando la renuncia es una dimisión. Varios vocales son de la misma opinión que Robles.

El Pleno acordó también hoy el Presupuesto del Consejo para el 2013, que asciende a 62,7 millones de euros, un 12,02 por ciento menos que el de 2012. Además, aprobó un informe en relación a la aplicación de los últimos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy al mundo judicial. El dictamen se muestra solidario con varias de las medidas pero rechaza otras como la reducción de días de permiso anuales de 18 a 3, al considerar que no es un privilegio de los jueces sino una consecuencia de la especifidad de su trabajo, que además no se detalla en qué proporción supondrá algún ahorro.