El chantaje que 'rompió' Euskadi y Navarra

Cincuenta años de ETA, otros tantos empresarios secuestrados, cuarenta asesinados. La banda siempre se tomó muy en serio la extorsión, su principal fuente de financiación, la única desde que la efectividad policial hizo mermar su capacidad de secuestrar.

Del cobro del impuesto se encarga el subaparato Gezi y de su administración, el Diba. Las Fuerzas de Seguridad en contadas ocasiones han llegado hasta ellas y poco se sabe de su funcionamiento.

En 1986, la operación contra la cooperativa Sokoa reveló que la banda había recaudado 1.200 millones de pesetas en seis años.

Los métodos han variado pero la extorsión ha permanecido. En la tregua de 2006, ETA se limitó a moderar su lenguaje en las cartas. Antes del actual alto el fuego, apretó y llegó a pedir a una sola persona 500.000 euros.

Con la caja hecha subsisten hoy apenas sesenta terroristas en Francia. Una de las razones que ha llevado a ETA a adelgazar su estructura y enviar militantes a Latinoamérica es ahorrar costes. Según la documentación incautada al jefe Thierry en mayo de 2008, el Diba destinaba 140.000 euros al aparato militar, 48.000 al político y 154.000 al logístico.

Ya entonces, un militante en la clandestinidad gastaba 950 euros mensuales, 1.250 una pareja; los alquileres no podían superar los 450 euros mensuales y los gastos de comida, unos 250. Según aquella documentación, para desplazamiento y material se reservaban 300 euros.

Una vida austera a pesar del quebranto que ha causado en la economía y las familias vascas. Para amedrentar, había cartas dirigidas a la mujer o los hijos del empresario extorsionado. Muchos no resistieron y abandonaron Euskadi.

Otros se quedaron, se negaron a pagar y agonizaron en plena calle. El último, Inaxio Uría, tiroteado el 3 de diciembre de 2008 cuando acudía a jugar la partida de mus diaria al bar de siempre.