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CiU sale al rescate del Gobierno en su asalto de RTVE

Los convergentes aducen que aunque disrepen de las formas elegidas por el Ejecutivo, comparten con él la necesidad de "desbloquear" la Corporación

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Todo parecía indicar que el Gobierno se quedaría solo en la convalidación del tercero de los cuatro reales decretos leyes que convalida hoy el Congreso, el de la contrarreforma de RTVE. No ha sido así. CiU anunció que votaría a favor a favor del texto del Ejecutivo que permite al PP nombrar al nuevo presidente de la Corporación por mayoría absoluta, sin consenso con el PSOE

La diputada convergente Montse Surroca ha subrayado que aunque su grupo discrepa de 'las formas' elegidas por el Ejecutivo –el cambio del modelo vía decreto ley, sin apenas discusión parlamentaria y sin posibilidad de introducir enmiendas–, sí comparte la esencia de la norma, ya que es 'inadmisible' el 'bloqueo institucional' de RTVE, debido a la 'incapacidad' de los dos grandes partidos para elegir a un presidente por consenso, lo que ha abocado a la Corporación a estar 'paralizada' y sumida en la 'incertidumbre'. Además, la redacción del Ejecutivo está 'en la línea' de las enmiendas que CiU presentó a la ley socialista de 2006 –ley que los convergentes apoyaron– y a las convicciones plasmadas por el Govern de Artur Mas en su propia modificación de la norma audiovisual catalana.

Con el respaldo de CiU, el Gabinete de Mariano Rajoy ha sacado adelante con mayor holgura aún su modificación del modelo de radiotelevisión pública, por 193 votos a favor (PP, CiU, UPN y Foro Asturias), 122 en contra (PSOE, IU, UPyD, PNV, Compromís-Equo, Geroa Bai, BNG, Amaiur, CC y ERC) y ninguna abstención. La oposición ni ha logrado siquiera que se tramitase como un proyecto de ley.

El ministro Soria aduce que TVE es ahora 'poco plural' y 'manipuladora'

Antes que Surroca, se habían sucedido en cascada las acusaciones de 'manipulación' al Gobierno, las afirmaciones de que el Ejecutivo perpetra un 'golpe de mano' para hacerse con el 'control partidista' de RTVE, reimplantando un modelo de radio y televisión públicas al servicio del Ejecutivo de turno. Especialmente intenso ha sido el enfrentamiento entre el ministro de Industria y el portavoz socialista, Juan Luis Gordo. Al final, José Manuel Soria se ha lanzado a degüello al ataque directo a la Corporación, tantas veces repetido por los miembros de su partido. 'Si procedemos al desbloqueo de RTVE, entonces ustedes [los socialistas] no podrán  seguir dando instrucciones a los que directivos que nombraron en su día para hacer una televisión poco plural y, en algunos aspectos, manipuladora'. 'Lo que no es muy presentable –ha agregado– es que quienes tienen minoría pretendan seguir bloqueando la situación de la Corporación para que puedan seguir en sus cargos esos directivos'. Es decir, que para el PP ha de notarse que quien ocupa la Moncloa es otro inquilino.

Soria también ha dejado ver en qué consiste su esquema de 'televisión plural': aquella 'que pueda explicar con objetividad la reforma laboral, la estabilidad presupuestaria, la lucha contra el déficit y la reforma energética'.

'Es un día aciago para los derechos y las libertades', ha censurado Gordo, ya que a los recortazos en sanidad y educación convalidados hoy, este real decreto ley 'hace saltar por los aires el modelo de independencia, neutralidad y objetividad' de RTVE, mientras que Soria, ha seguido, se comporta como un 'ministro pirómano' cuyo objetivo es 'incendiar' la radio y televisión pública española.

'Quieren manipular RTVE, lo necesitan para gobernar, está en su gen político', atiza el PSOE

El portavoz socialista ha acusado al Ejecutivo de inventarse argumentos, de simular un bloqueo en las negociaciones entre los dos grandes partidos, cuando en su primera reunión en la Moncloa Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron darse de plazo hasta junio para renovar el consejo de administración de la Corporación. 'No nos engañen una vez más. Ni urgencia, ni bloqueo, ni parálisis, ni grave riesgo de incumplimiento en la prestación del servicio público. Sí un interés desmedido y una voluntad decidida de controlar políticamente RTVE y quieren controlar su gestión. Quieren evitar la transparencia, el pluralismo, la neutralidad y la independencia. En definitiva, quieren manipular la información de RTVE, lo necesitan para gobernar. Forma parte de su gen político la manipulación de los medios para poder gobernar, está en su gen político', ha concluido. 

IU llama a apoyar un recurso contra el decreto ante el Constitucional

Tras Gordo, han intervenido los demás portavoces. Las críticas se han oído tanto desde Geroa Bai o ERC –el catalán Alfred Bosch habló de la era del 'macartismo y la caza de brujas' que recupera el PP con su 'decreto imperial'– como en UPyD: Irene Lozano, aunque repartió culpas entre socialistas y conservadores, ha reconocido que los informativos de TVE de los últimos años gozaban de 'un gran pluralismo'. La diputada ha convergido en que el Gobierno renuncia a 'cambiar la realidad' para emplearse a fondo en la 'propaganda' a través del control de la Corporación. Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha retratado el decretazo como una 'vuelta al pasado, al peor y más negativo de los pasados de manipulación informativa', al 'mando de hierro censurador'. Sixto ha llamado a apoyar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, impugnación que ya anunció el PSOE. Pedro Azpiazu (PNV), también ha convenido en que el texto permitirá al Ejecutivo tener sometida al antiguo ente público.

El conservador Ramón Moreno, como había hecho previamente Soria, ha alegado que son las 'circunstancias extraordinarias y sobrevenidas las que justifican la urgencia del Gobierno' porque el PSOE sí había 'bloqueado' la renovación del órgano de gobierno de la Corporación, y porque el actual consejo no puede tomar decisiones ejecutivas ni aprobar sus cuentas para 2012. Ha apelado al consenso. El mismo llamamiento, claro, que había pronunciado el ministro. Algo que casa mal con las ansias del PP por tener un presidente a su gusto y poder nombrarlo con la mayoría absoluta que exige el decreto.

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