Conde-Pumpido y Dívar abren el nuevo curso judicial

La apertura del Año Judicial, que por primera vez en 28 años se celebra en ausencia del rey, debido a su reciente operación del tendón de Aquiles, se ha inaugurado con los discursos del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

En sus palabras, Dívar ha subrayado que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos, "en particular por las instituciones públicas", y que los tribunales de justicia deben evitar convertirse en "protagonistas de conflicto alguno". Estas recomendaciones han sido interpretadas como una velada alusión al conflicto surgido a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que dictaminó que el castellano sea la lengua vehicular junto al catalán en las escuelas de la Generalitat.

Dívar también ha hecho referencia a  los choques que surgen entre las competencias de los diferentes tribunales. Sobre las que se producen entre el Supremo y el Constitucional, ha propuesto no transgredir las propias competencias. "Para suprimir o suavizar esas zonas de fricción pueden apuntarse varias soluciones" como fijar "legalmente el marco estricto de actuación de cada tribunal" o favorecer el "diálogo entre tribunales", ha señalado el magistrado.

El presidente de la Fiscalía ha denunciado la ambigüedad de ETA

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por su parte, ha hablado de la "derrota legal, material y moral" de ETA y de quienes "se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles".

También ha hecho referencia a los esfuerzos de la Fiscalía para excluir a ETA de las instituciones. En el que ha sido su último discurso de apertura, ya que este año finaliza el mandato, Conde-Pumpido, ha recordado que, desde la institución que preside, se agotaron todas las posibilidades para "excluir" a Bildu de las instituciones y ha añadido que presentarán alegaciones contra el recurso interpuesto por Sortu ante el Tribunal Constitucional, que dictará sentencia sobre la ilegalización de la formación por parte del Tribunal Supremo.

Aunque ha destacado el descenso notorio de la actividad de ETA, ha querido resaltar la ambigüedad con la que, a su juicio, se pronuncian en sus comunicados. Algo que le hace desconfiar al magistrado sobre el "aparente letargo" y "paralización" de los atentados.