ZARAGOZA .- Cuatro años de prisión. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha cerrado con una condena el primer juicio por corrupción en la gestión de la plataforma logística Plaza y ha impuesto sendas penas de cárcel de esa duración al exconsejero delegado de la empresa pública, Carlos Escó; al exgerente de la misma, Ricardo García Becerril, y al constructor y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, a los que considera autores de un desfalco de 8.7 millones de euros en el llamado caso Pagarés.

El juicio, celebrado a primeros de octubre, es el primero del carrusel de asuntos de presunta corrupción que en los próximos meses enjuiciarán los tribunales aragoneses. Los tres condenados están acusados también en el caso Saqueo, en el que la Fiscalía Anticorrupción destapó un presunto desfalco sistemático de 147 millones en doce años  en la misma empresa pública. En este asunto están encartados varios empresarios, entre ellos el presidente de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, y la constructora Acciona, a la que el ministerio público señala como responsable civil del agujero.

Escó, exviceconsejero de Obras Públicas y hombre de confianza del expresidente autonómico Marcelino Iglesias, y García Becerril deberán responder también, en este caso ante un jurado popular, del presunto cobro de una mordida de más de 600.000 euros en una operación urbanística que les imputa el vendedor de los terrenos. Iglesias, a quien el tribunal permitió realizar un viaje al Caribe mientras redactaba la sentencia (https://www.publico.es/politica/tribunal-permite-viajar-al-caribe.html ), tiene, por su parte, varias causas abiertas, entre ellas una por el supuesto amaño de un partido entre el Zaragoza y el Levante en 2011.

En la sentencia, el tribunal considera –con el voto particular de un magistrado, que considera que los tres debieron ser absueltos- que Esco y García Becerril emitieron cuatro pagarés por valor de 8.710.140’80 euros a favor de una empresa de Iglesias pese a saber que no debían pagar las cuatro facturas que de forma insistente les reclamaba este por unas obras. Se trataba, en realidad, de una deuda de otra sociedad con el constructor, el cual les presionó “hasta que consiguió convencerles de que le pagaran las cuatro facturas”.

Los magistrados consideran ese pago como “un inadmisible dispendio doloso a costa de Plaza, y constitutivo tal pago de un delito de malversación de caudales públicos”. “Nos hallamos ante una malversación de especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas, lo cual necesariamente causó un notorio perjuicio a la sociedad pública”, indican, antes de apuntar que ese incremento del precio “nunca fue autorizado por el consejo de administración” de la empresa autonómica.

Los pagarés, anotan, “fueron cobrados inmediatamente mediante su descuento bancario por Codesport y en su nombre por su administrador único Agapito Iglesias García, que así cobró y se benefició con ese importe a cargo y en perjuicio de Plaza”. Finalmente, añaden, la empresa pública terminó pagando a la constructora 32.446.547’40 euros por unos trabajos cuyo coste era de 22.654.018’06”.

La sentencia condena a Esco, García Becerril e Iglesias a indemnizar a Plaza con los 8,7 millones en los que cifra el desfalco, cantidad de cuyo pago declara responsable civil subsidiaria a Codesport, empresa del tercero que se encuentra en concurso de acreedores.