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El Consejo de Estado instruyó en julio al Gobierno para evitar la chapuza de las tasas

El órgano consultivo proponía diferir la entrada en vigor de la norma o publicar "a la par" la Ley y el formulario para cobrar el impuesto

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La chapuza del Gobierno al publicar la Ley de Tasas Judiciales sin prever la existencia de un formulario oficial para hacer efectivo su pago, ha sido llevada a cabo pese a que el Consejo de Estado, el pasado 19 de julio, advirtió al Ejecutivo de lo que podía pasar.

En el informe preceptivo elevado al Gobierno en esa fecha, el órgano consultivo destacó que la Dirección General de Tributos había aconsejado que se estableciese un periodo transitorio para la entrada en vigor de la Ley, de modo que diese tiempo a crear el formulario.

Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento, con los únicos votos del PP, aprobaron la Ley y acordaron su publicación este miércoles con la determinación explícita de que las tasas entrasen en vigor al día siguiente a la publicación de la norma, es decir, este jueves.

Sin embargo, el formulario de Hacienda para que los ciudadanos y abogados realicen la autoliquidación del impuesto, que debe entregarse en los juzgados al pleitear, no existía. Ello llevó al Ministerio de Justicia a anunciar que iba a dar instrucciones a partir de este jueves a los secretarios judiciales para que no cobrasen las tasas hasta dentro de unas semanas, cuando el Ministerio de Hacienda apruebe la orden ministerial correspondiente.

En su dictamen, el Consejo de Estado también sugería que, si no se difería la entrada en vigor de las tasas de la publicación de la Ley, que se publicase 'a la par' la norma de Hacienda con el formulario.

El Gobierno no ha hecho ni caso del dictamen del Consejo de Estado y ha publicado la Ley de Tasas con consignación de que de su entrada en vigor sería al día siguiente de su publicación, sin contar al mismo tiempo de la orden de Hacienda creando el consiguiente formulario de pago, ni tampoco difiriendo la entrada en vigor de la norma.

Las nuevas tasas, de entre 100 y 1.200 euros, extienden a los ciudadanos particulares el pago de este impuesto --hasta ahora limitado a empresas-- y ha desatado las críticas de todas las asociaciones de jueces y fiscales, de la oposición política al completo, del Consejo General de la Abogación y de las organizaciones de consumidores.

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