El director general de las empresas Túneles y Accesos de Barcelona y Túneles del Cadí, Albert Vilalta, ha solicitado al Ministerio del Interior ser reconocido como víctima del terrorismo y cobrar las indemnizaciones que fija la ley, según ha podido saber Público. Vilalta fue secuestrado el 29 de noviembre pasado en Mauritania por Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI) junto a otros dos cooperantes y permaneció retenido en el desierto de Mali 267 días.

Al producirse el secuestro fuera de España, la legislación vigente fija como requisito que la nacionalidad española del objetivo motivara el acto terrorista. Antes de pronunciarse, la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe al respecto. Si no se cumple esta condición, Vilalta tendrá que aguardar a que se apruebe la nueva ley, aún en trámite parlamentario, que tendrá carácter retroactivo y elimina el citado requisito para el reconocimiento de las víctimas.

Ha solicitado el reconocimiento oficial como víctima del terrorismo

El Ministerio del Interior tiene un año para resolver desde la presentación de la solicitud, pero con toda seguridad lo hará antes. Si para entonces no ha entrado en vigor la nueva Ley, Vilalta recibirá 48.000 euros más otra indemnización por las secuelas físicas y psicológicas, en el caso de que las hubiera, consecuencia del secuestro más largo en la historia de AQMI.

Un tribunal médico de la Seguridad Social, en el que participará un facultativo de Interior, evaluará estas secuelas y cómo afectan a la actividad laboral de Vilalta. El secuestrado recibió varios disparos en el momento del rapto y conserva una leve cojera. Las víctimas de los atentados del 11-M con incapacidad parcial permanente recibieron 85.000 euros de indemnización.

Puede recibir más de132.000 euros por el secuestro y las secuelas

Albert Vilalta, hijo de un consejero del Gobierno de Jordi Pujol, se ha apoyado en la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas para presentar su solicitud ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. Por el momento, ni Roque Pascual, que permaneció junto a Vilalta todo el secuestro, ni Alicia Gámez, liberada a los 101 días, han solicitado el reconocimiento. La Ley marca un año de plazo para hacerlo desde la finalización del secuestro.

El rapto de los cooperantes mantuvo en vilo al Gobierno y ocupó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante nueve meses. Fuentes de todos los Servicios de Información e Inteligencia españoles consultados por este periódico aseguraron que la libertad de los cooperantes se produjo tras el pago de un botín millonario, además de la excarcelación en Malí del autor material del secuestro, un mercenario ligado a AQMI que Mauritania había entregado previamente a las autoridades de Bamako.

El pago del Gobierno español pudo alcanzar los 10 millones de euros por los tres cooperantes, según las fuentes consultadas. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, negó el pago de un rescate en sede parlamentaria.

El CNI formó un equipo de especialistas que se encargaba las 24 horas del secuestro y dormía en la sede del centro. Su integrantes trabajaban conectados a otro reducido grupo de agentes trasladado a la zona para obtener la liberación de los cooperantes.

Países como Estados Unidos y Argelia, que cooperaron en la operación y que son claves en la lucha contra el terrorismo de AQMI, han trasladado en los foros policiales de cooperación su malestar por el pago del rescate. En el caso de Argelia, el argumento es que, con ese dinero, los terroristas de Al Qaeda para el Magreb Islámico se arman y cometen cruentos atentados en su territorio.